Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo

Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo  Prensa Libre

Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo

Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundoInforme sobre el servicio de justicia civil en Guatemala

Informe sobre el servicio de justicia civil en Guatemala

El servicio de justicia civil en Guatemala es uno de los más lentos del mundo, según el Índice del Estado de derecho (IED) que evalúa 142 países con base en ocho factores, publicado por el World Justice Project (WJP). El país ocupa el lugar 111 entre 142 países en el índice general (0,44 puntos).

Sin embargo, cuando se desagregan los subfactores del apartado “Justicia civil”, la calificación más baja es en los tiempos de respuesta. “Guatemala tiene una nota de 0.13 sobre uno, básicamente allí lo que se evalúa es si el sistema de justicia civil no está sujeto a retrasos que no son razonables, es decir, los tiempos que se tarda el sistema de justicia civil en resolver”, explica David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). En este subfactor que mide si la justicia civil no está sujeta a retrasos injustificados, Guatemala se posiciona en la casilla 141 de 142, superando solo a Venezuela.

Una de las preguntas para este subcomponente es respecto a qué extensión en tiempo le tomará a un juez llegar a una decisión desde que se presenta el caso hasta el momento en que se llega un acuerdo. Una buena nota refleja que la resolución se alcanza en menos de un mes y una mala nota, en más de cinco años. Para Casasola, la calificación de 0.13 refleja “que la mayoría de las personas encuestadas valora que los procesos toman más de cinco años”.

Mora judicial alta

Estos plazos extensos para una resolución no se limitan al ámbito civil, también se presentan en otras ramas tales como tributaria, mercantil, o penal, lo que genera en cualquiera de estas materias una mora judicial.

En los últimos cinco años, los rubros en que el país sale peor evaluado tienen que ver con “ausencia de corrupción”, justicia civil y justicia criminal.

Guatemala está entre los países en los que se percibe que las personas no pueden acceder y costear justicia civil (lugar 140 de 142); que la justicia civil está sujeta a retrasos injustificados (141/142) y que la justicia civil no se aplica efectivamente (139/142).

Existe una propuesta que funciona como un plan piloto para diagnosticar los puntos donde están los cuellos de botella de la mora judicial y que podrían dar insumos para empezar a revertir un problema sistémico.

Se trata de salas que han comenzado a implementar la Norma 9001:2015 en políticas, procesos y procedimientos documentados para poner un tope, a través de un sistema de gestión de calidad, a los plazos de los servicios del juzgado a la población.

Las salas que hoy están certificadas son la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango; la misma instancia, pero en Quiché y la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz. Esta última está presidida por la magistrada Irma Judith Arrazate, quien en 2018 optó por tramitar la certificación.

“Empecé con la idea de mejorar el servicio, con la voluntad del personal auxiliar con el que se cuenta en esta sala lo platicamos y de nuestro bolsillo pagamos para recibir 16 cursos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)”. Arrazate y sus compañeros cubrieron los gastos de cada uno de los cursos sobre liderazgo, comunicación asertiva, rapidez de manejar el despacho y tener la mesa limpia, que se refiere a la entrada y salida de procesos en el menor tiempo posible. Con esto ya cumplían con los requisitos para solicitar la norma ISO, certificado que también financiaron y trajeron de Colombia.

Masificar prácticas

Si bien existen solo tres salas certificadas bajo la norma ISO y otras en vías, como la sala mixta de apelaciones en Cobán, hay una tarea pendiente para masificar la práctica de este modelo en todo el país.

Gregorio Saavedra, abogado y analista político, considera que el tema le compete a las máximas autoridades del Organismo Judicial y que “tiene que ver con un incentivo” a quienes ocupan las judicaturas y las magistraturas, porque uno de los elementos de evaluación para los magistrados tiene que ver con el cumplimiento de sus cargos.

Al aplicar este modelo para una justicia rápida se podría lograr el diagnóstico para “encontrar en dónde están las motivaciones de la mora judicial y si están inclinadas a un exceso de carga de trabajo”, pero afirma que abordar las cargas implica construir estrategias y mecanismos para eficientizar la gestión, cuando ninguna de las dos se atiende tenemos el resultado de lo que puede ser una excesiva saturación.

Lo que otorga la certificación, resalta Saavedra, es una comprensión clara y panorámica del proceso que identificará “en dónde están las potenciales soluciones y si esas pueden tomarse por vías administrativas o necesitan reformas institucionales de tipo legal por parte de las máximas autoridades”.

Saavedra apunta que mientras no se impulse este estándar para cumplir con los tiempos en los diversos procesos, la lentitud de respuestas seguirá afectando en dos aspectos al país: la imagen que proyecta al mundo y en el aumento de costos para el ciudadano. El primero se ref

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con los temas destacados en el artículo:

  • Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
  • Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

  • Indicador 16.3.1: Porcentaje de decisiones judiciales y administrativas que se aplican efectivamente
  • Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido contacto con un empleado o funcionario público y han tenido que pagar un soborno

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos Indicador 16.3.1: Porcentaje de decisiones judiciales y administrativas que se aplican efectivamente
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido contacto con un empleado o funcionario público y han tenido que pagar un soborno

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: prensalibre.com

 

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