La ilusión del parque Bosque de Galilea que dejó a los campesinos sin tierra

Informe sobre el Bosque de Galilea y los campesinos sin tierra

Londoño, Ramírez y otro campesino de la región, Juan de la Cruz, dijeron a este equipo periodístico que impulsaron la protección ambiental del bosque porque fue la manera de protegerlo de la exploración petrolera. No obstante, nunca tuvieron claro que la decisión de declarar allí un parque regional significaba que perderían la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que se encarga del ordenamiento social de la propiedad rural en el país, les entregara las escrituras de esas tierras. Confiaban en que podrían solicitar su adjudicación, como pueden hacerlo legalmente en Colombia los campesinos que han ocupado una tierra por más de cinco años antes de 2017, en caso de tratarse de baldíos propiedad de la Nación, o de diez años si se trata de propiedad privada que no está siendo usada por su dueño.

En reuniones que han tenido para desenredar el caso de bono de carbono, funcionarios públicos de la Agencia han explicado a la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea —el colectivo ambiental que crearon los campesinos— que pese a ser la encargada de evaluar las solicitudes de adjudicación y formalización de títulos, tiene las manos atadas en este caso. Una razón que limita la acción de la agencia estatal de tierras es que los predios donde se desarrolla el proyecto no son baldíos propiedad de la Nación (y por eso aptos para la reforma agraria), sino que tienen un título de propiedad privada originario de 1960. Además, la entidad está legalmente impedida, les explicó, para formalizar predios a cualquier persona dentro de un área protegida con la figura ambiental de parque regional.

En la agencia de tierras sí son conscientes de que hay un agudo conflicto de tierras en Galilea, cuya solución —en su visión— requerirá probablemente una acción conjunta de los ministerios de Agricultura y Ambiente. Según un análisis del caso que hizo la ANT y al que tuvo acceso esta alianza periodística, el Ministerio de Agricultura transfirió 138 000 hectáreas de tierra en Villarrica a la extinta Caja Agraria pública en 1960 con el objetivo de distribuirlas como parte de sus esfuerzos de promover la reforma agraria. No está claro qué pasó después: la ANT tiene en sus registros que se creó una matrícula inmobiliaria bajo esta transacción, pero que no tiene más anotaciones indicando si y cuándo ese predio se dividió en otros más, de los que teóricamente emanan los predios entregados en donación a la Universidad del Tolima por varios particulares.

El municipio de Villarrica no cuenta con un catastro, lo que complica conocer los linderos de cada predio que reclama la comunidad y que son hoy parte del parque regional. Y también de predios que pertenecen a privados y que forman parte del proyecto de bonos de carbono que lidera la Fundación Amé y en el que participa la Universidad del Tolima.

“Actualmente varias empresas se declaran propietarias de distintos predios al interior del bosque de Galilea, demostrando cadenas traslaticias de dominio anteriores a 1974. No obstante, quienes habitan el bosque en su mayoría son campesinos que nunca han tenido título de dominio”, dice una carta enviada por la inspección de tierras de la ANT a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en junio de 2023.

“En definitiva, pese a que es esta comunidad campesina la que habita el Bosque de Galilea hace varias décadas, hoy en día debido a la falta de armonización entre la política agraria y la política ambiental, no pueden acudir ante la máxima autoridad de tierras para su formalización porque se encuentran dentro de un parque natural regional, lo que les deja sin una acción judicial que proteja su derecho a la territorialidad”, explicó.

Uno de los propietarios a los que alude el informe es justamente la Universidad del Tolima. Hoy muchos de los residentes de Galilea creen que la universidad ha sido partícipe del problema, cuando se involucró en el desarrollo del proyecto de carbono. Ellos dicen haber apoyado los trabajos de investigación en biodiversidad de los profesores de esa entidad educativa pública, sirviéndoles de guías y compartiendo sus conocimientos sobre la fauna y la flora. Entonces creían que eso los protegería a ellos y a sus tierras.

Ahora, muchos dicen sentir que su trabajo fue usado para estructurar el negocio ambiental privado que ha agravado la tensión social en la zona. “El proyecto de bonos de carbono se formuló con la información e investigación que ejecutó la Universidad del Tolima en su función académica, a través de grupos de investigación y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal y producto de los convenios con Cortolima de inventarios forestales y biodiversidad, facilitados con recursos públicos”, argumentó la Red de Vigías en una carta pública del 29 de junio de 2023. “Y, sin embargo, estos resultados son presentados como inversión de la Fundación Amé”.

En una entrevista por videoconferencia con esta alianza periodística en noviembre, cuatro funcionarios de la universidad pública del departamento reconocieron la existencia de un conflicto socioambiental en torno al proyecto de carbono en el Bosque de Galilea, aunque insistieron en que está camino de ser superado y prometieron que invertirán los recursos que genere el proyecto en trabajar con la comunidad. Eso con el fin, en palabras de la responsable de control interno de la universidad Margarita Carvajal, de “recomponer la credibilidad de la comunidad para con nosotros”.

Eso podría resolver la exclus

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

• Objetivo 1: Fin de la pobreza
• Objetivo 2: Hambre cero
• Objetivo 5: Igualdad de género
• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

• Meta 1.4: Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones
• Meta 2.3: Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala
• Meta 5.a: Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control sobre la tierra y otros bienes
• Meta 10.2: Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
• Meta 15.1: Para 2020, asegurar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua y sus servicios, en particular los bosques, humedales, montañas y tierras áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

• Indicador 1.4.1: Proporción de la población por debajo de la línea internacional de pobreza, por sexo, edad, empleo y ubicación geográfica (urbana/rural)
• Indicador 2.3.1: Volumen de producción agrícola por hectárea según la categoría de productos
• Indicador 5.a.1: Proporción de tierras agrícolas propiedad de mujeres
• Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza, por sexo y edad
• Indicador 15.1.1: Superficie forestal como proporción de la superficie terrestre total

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: es.mongabay.com

Únete a nosotros en un viaje transformador en https://sdgtalks.ai/welcome, para contribuir activamente a un futuro mejor.