Las notificaciones de Interpol contra activistas salvadoreños son un acto represión transnacional – UN News

Informe sobre el Acoso a Defensores de Derechos Humanos Salvadoreños y sus Implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El presente informe detalla el caso de los abogados y defensores de derechos humanos salvadoreños, Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes han sido objeto de persecución legal por parte de las autoridades de El Salvador. Este caso representa un grave retroceso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 16, que busca promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas.

1. Contexto del Caso: Defensa de Derechos y Hostigamiento

Los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, miembros de una ONG, han sido objeto de hostigamiento sistemático por parte de las autoridades salvadoreñas desde febrero de 2025. La persecución se deriva directamente de su labor en la defensa de los derechos humanos, en contravención directa con las metas del ODS 16.

• Apoyo a Comunidades Vulnerables: Su trabajo se centró en el apoyo a la comunidad La Floresta, que enfrenta intentos de desalojo forzoso desde 2024. Esta labor se alinea con el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), que busca garantizar el acceso a viviendas seguras, y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), al proteger a grupos en situación de vulnerabilidad.
• Persecución y Asilo: Como resultado del acoso legal, ambos defensores se vieron forzados a solicitar asilo en España, evidenciando la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en su país de origen.

2. Uso Indebido de Mecanismos Internacionales y Represión Transnacional

El Gobierno de El Salvador ha extendido el hostigamiento más allá de sus fronteras, utilizando mecanismos de cooperación internacional para fines de persecución política, lo que socava la confianza en las instituciones globales y el espíritu del ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).

Solicitud de Notificaciones Rojas a Interpol

En mayo de 2025, las autoridades salvadoreñas solicitaron a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya, las cuales fueron emitidas en julio de 2025. Expertos de las Naciones Unidas han calificado esta acción como:

1. Un acto de represión transnacional: Extiende el acoso a defensores de derechos humanos a un país donde buscan protección.
2. Un abuso del sistema de Interpol: Utiliza un mecanismo diseñado para la persecución de fugitivos internacionales con fines políticos, en violación de la propia Constitución de Interpol.
3. Una amenaza al Estado de Derecho: Los cargos presentados contra los abogados parecen carecer de fundamento y estar directamente relacionados con su legítimo trabajo en derechos humanos.

3. Impacto Directo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Las acciones del gobierno salvadoreño contravienen directamente varias metas del ODS 16, debilitando el marco institucional necesario para el desarrollo sostenible.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. La persecución de abogados que defienden a comunidades vulnerables obstruye el acceso a la justicia y debilita el estado de derecho.
• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. El uso del sistema judicial para hostigar a defensores de derechos humanos demuestra una falta de rendición de cuentas y transparencia institucional.
• Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. El caso es un ataque directo a las libertades fundamentales de asociación y expresión, esenciales para una sociedad pacífica e inclusiva.

4. Situación Actual y Llamamiento a la Acción Internacional

Tras ser citados por la policía española, ambos defensores fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Actualmente se encuentran en libertad condicional, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes.

Recomendaciones de Expertos de la ONU

Un grupo de relatores especiales y un Grupo de Trabajo de la ONU han instado a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger a los defensores y salvaguardar los principios de justicia universal, en línea con la Agenda 2030.

1. A Interpol: Revocar de inmediato las notificaciones rojas emitidas contra Ivania Cruz y Rudy Joya, realizando una debida diligencia para evitar que su sistema sea utilizado para la represión transnacional.
2. Al Gobierno de España: Negar la extradición de los dos defensores de derechos humanos, garantizando su protección y el derecho de asilo.

La protección de los defensores de los derechos humanos es un pilar fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunidad internacional debe actuar para asegurar que no se instrumentalicen las instituciones de justicia para silenciar a quienes trabajan por un futuro más justo y sostenible.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el ODS más relevante. El artículo se centra en el “acoso legal” y la persecución de defensores de los derechos humanos por parte de las autoridades salvadoreñas. Describe un abuso del sistema judicial nacional y de los mecanismos de cooperación internacional (Interpol) para reprimir a activistas. Esto atenta directamente contra la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y responsables.

• ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

  El trabajo de los abogados que originó la persecución estaba relacionado con el apoyo a la comunidad La Floresta, que “se enfrenta a intentos de desalojo forzoso”. Este tema se conecta con el objetivo de garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y proteger a las comunidades vulnerables del desplazamiento.

• ODS 10: Reducción de las Desigualdades

  La persecución de defensores que trabajan con comunidades vulnerables (como las que enfrentan desalojos forzosos) es una forma de reprimir a quienes buscan reducir las desigualdades. El uso del poder estatal para silenciar a quienes defienden a los marginados exacerba la desigualdad ante la ley y en el acceso a la justicia.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  El artículo evidencia una falla en esta meta. El sistema judicial de El Salvador es utilizado para perseguir a los abogados con cargos que “parecen carecer de fundamento”. Además, el “abuso del sistema de notificaciones rojas” de Interpol representa un ataque al estado de derecho a nivel internacional. La solicitud de asilo de los abogados subraya la falta de acceso a una justicia imparcial en su país.

• Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

  Los abogados son perseguidos directamente por su “legítimo trabajo de derechos humanos, apoyando a comunidades en riesgo y denunciando acciones del Gobierno”. Esto constituye un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y asociación, protegidas por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionada en el texto.

• Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles […] capacidad para prevenir la violencia y combatir […] la delincuencia.

  El artículo muestra un uso indebido de las instituciones nacionales (el gobierno y los tribunales de El Salvador) y de la cooperación internacional (Interpol) no para combatir la delincuencia, sino para facilitar la “represión transnacional” y el “hostigamiento a defensores de derechos humanos”.

• Meta 11.1: Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

  El contexto del trabajo de los abogados, defendiendo a la comunidad La Floresta contra “intentos de desalojo forzoso”, se relaciona directamente con la seguridad de la vivienda y la protección de las comunidades.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal de medios de comunicación asociados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses.

  El caso de Ivania Cruz y Rudy Joya es un ejemplo cualitativo que alimenta este indicador. El artículo describe su persecución, la emisión de órdenes de arresto sin fundamento y la detención de Rudy Joya en España como resultado de la notificación de Interpol. Estos eventos pueden ser clasificados como formas de detención arbitraria y acoso contra defensores de los derechos humanos.

• Indicador 16.3.3: Proporción de la población que ha experimentado una controversia en los dos últimos años y que ha accedido a un mecanismo de solución de controversias oficial o extraoficial, por tipo de mecanismo.

  El artículo implica un resultado negativo para este indicador. Los abogados, en lugar de poder acceder a mecanismos de justicia justos para ellos o para las comunidades que defienden, se han convertido en víctimas del propio sistema judicial. Su necesidad de huir del país y solicitar asilo demuestra un colapso total del acceso a la justicia en su caso.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: news.un.org