¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción? – Infobae

Informe sobre el Estado del Sistema Judicial en Perú y su Alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

1. Introducción: Justicia y Gobernanza en el Contexto de la Agenda 2030

El presente informe analiza la situación actual del sistema de justicia en Perú, a la luz de las recientes sentencias contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Estos eventos históricos ponen de relieve la compleja dinámica del país en su esfuerzo por cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16): Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El debate público generado evalúa si estos fallos representan un fortalecimiento del estado de derecho o si, por el contrario, exponen deficiencias estructurales que socavan la confianza en las instituciones.

Análisis de la Capacidad Institucional frente a la Corrupción (Meta 16.5)

Avances en la Lucha contra la Corrupción de Alto Nivel

Las condenas a prisión efectiva de 14 y 11 años para los exmandatarios Vizcarra y Castillo, respectivamente, son consideradas por algunos analistas como una demostración de la capacidad institucional para procesar judicialmente a altos funcionarios. Según el exprocurador anticorrupción José Ugaz, Perú ha mostrado una notable eficiencia en el procesamiento de casos de corrupción en comparación con otros países de la región. Este progreso es un paso significativo hacia el cumplimiento de la Meta 16.5 del ODS, que busca reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Percepción Pública y Credibilidad Institucional

A pesar de estos logros, la opinión pública permanece dividida. La persistencia de altos índices de corrupción y la percepción de parcialidad en ciertos procesos judiciales cuestionan la solidez y credibilidad del sistema. Esta dualidad refleja los desafíos para consolidar instituciones efectivas, responsables y transparentes, un pilar fundamental del ODS 16.

Diagnóstico de las Deficiencias Estructurales del Sistema Judicial (Meta 16.6)

Obstáculos para una Justicia Imparcial y Transparente

Diversos juristas identifican falencias críticas que comprometen la imparcialidad y eficacia del sistema judicial, afectando directamente la Meta 16.6 del ODS, que promueve el desarrollo de instituciones eficaces y transparentes. Los principales problemas estructurales son:

• Falta de Imparcialidad: El penalista Humberto Abanto describe el panorama como “desolador”, señalando la percepción de que los fallos judiciales pueden depender de influencias externas (“según la cara del cliente”), lo que erosiona la confianza ciudadana.
• Provisionalidad de Jueces: El constitucionalista Enrique Ghersi destaca el alto número de magistrados provisionales como un problema central. Esta situación, donde los nombramientos dependen internamente del Poder Judicial, genera opacidad y limita la independencia judicial.
• Resistencia a la Reforma: Existe una resistencia institucional a modificar esquemas de designación que, según expertos, perpetúan la falta de transparencia y la “cooptación” del sistema.

Propuestas de Reforma para el Fortalecimiento Institucional (Metas 16.3 y 16.7)

Necesidad de un Consenso Político y Social

La superación de estas deficiencias requiere un enfoque integral y consensuado, alineado con la promoción del estado de derecho (Meta 16.3) y la toma de decisiones inclusiva y participativa (Meta 16.7). Las propuestas clave de los expertos incluyen:

1. Pacto Nacional por la Justicia: José Ugaz propone que, de cara a las Elecciones Generales de 2026, los candidatos presidenciales suscriban un compromiso para convocar a expertos y diseñar una reforma judicial técnica, transparente y con metas claras.
2. Eliminación de la Provisionalidad: Se considera urgente terminar con la figura de los jueces provisionales nombrados por el propio Poder Judicial. Propuestas legislativas sugieren que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) asuma de manera exclusiva esta función para garantizar la independencia.
3. Supervisión Ciudadana: Humberto Abanto subraya la importancia de implementar mecanismos de supervisión ciudadana en los concursos públicos para la selección de jueces y fiscales, asegurando procesos transparentes y meritocráticos.

En conclusión, si bien el sistema judicial peruano ha demostrado capacidad para sancionar la corrupción al más alto nivel, sufre de debilidades estructurales que impiden el pleno cumplimiento del ODS 16. La implementación de una reforma integral, basada en el consenso político y la participación ciudadana, es indispensable para construir las instituciones justas, pacíficas e inclusivas que la Agenda 2030 demanda.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra de manera integral en el funcionamiento del sistema de justicia en Perú, un componente central del ODS 16. Aborda directamente la lucha contra la corrupción, la eficacia de las instituciones judiciales, la necesidad de reformas para garantizar la imparcialidad y la rendición de cuentas, y la confianza del público en el sistema judicial. Las discusiones sobre las condenas a expresidentes, las “deficiencias estructurales” del Poder Judicial, la “provisionalidad de jueces” y las propuestas de reforma para fortalecer la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia están intrínsecamente ligadas a la promoción de una sociedad justa con instituciones responsables y eficaces.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   El artículo explora esta meta al cuestionar si el “sistema de justicia en el Perú” realmente funciona. La preocupación expresada por el penalista Humberto Abanto sobre la percepción de que los procesos pueden resolverse “según la cara del cliente” apunta directamente a una falla en la igualdad de acceso a una justicia imparcial. El debate sobre la credibilidad y las “falencias” del sistema judicial refleja la lucha por consolidar el estado de derecho.

2. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

   Esta meta es un tema central del artículo, que comienza informando sobre las sentencias a dos expresidentes por casos que incluyen corrupción. El exprocurador José Ugaz menciona explícitamente la eficiencia de Perú para procesar “casos de corrupción” de alto nivel, aunque reconoce que persisten “altos índices de corrupción”. Esto demuestra un esfuerzo por combatir la corrupción, así como la magnitud del desafío pendiente.

3. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   El artículo destaca la necesidad de avanzar hacia esta meta. Se identifican problemas estructurales como la “provisionalidad de jueces”, que según el abogado Enrique Ghersi “limita la independencia” y genera “opacidad”. Las llamadas a una “reforma profunda” que reorganice el Poder Judicial, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son un llamado directo a construir instituciones más eficaces, transparentes y responsables ante la ciudadanía.

4. Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

   Las soluciones propuestas en el artículo se alinean con esta meta. La sugerencia de José Ugaz de que los candidatos presidenciales suscriban un “pacto por la justicia” que convoque a expertos, y la propuesta de Humberto Abanto de establecer “mecanismos de supervisión ciudadana en los procesos de selección de jueces y fiscales”, abogan por un enfoque más participativo e inclusivo para la reforma institucional.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador implícito para la Meta 16.5: Número de personas y empresas sancionadas por delitos de corrupción.

  El artículo no cita el indicador oficial, pero lo implica directamente al destacar las “dos sentencias consideradas históricas” contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo. El hecho de que se procese y condene a “altos funcionarios” es una medida cualitativa y cuantitativa del esfuerzo de un país para hacer cumplir las leyes anticorrupción, lo que se alinea con la medición del progreso en la lucha contra la corrupción.

• Indicador implícito para la Meta 16.6: Percepción pública sobre la eficacia e independencia de las instituciones.

  El artículo refleja este indicador a través de las diversas opiniones presentadas. La afirmación de que la “opinión pública se ha mostrado dividida” y la descripción del funcionamiento judicial como “desolador” por parte de un experto son proxies de la confianza y percepción ciudadana. La preocupación por la “falta de imparcialidad y objetividad” es una medida indirecta de la percepción sobre la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones judiciales.

• Indicador implícito para la Meta 16.6: Proporción de cargos públicos (judiciales) ocupados por nombramientos provisionales.

  El abogado Enrique Ghersi identifica el “alto número de magistrados provisionales” como un problema estructural clave. La proporción de jueces provisionales frente a los titulares puede ser utilizada como un indicador concreto para medir la independencia y estabilidad del poder judicial. Un alto porcentaje de provisionalidad, como se sugiere en el texto, indica una debilidad institucional que afecta la transparencia y la rendición de cuentas.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: infobae.com