TC declara constitucional la Ley Soto, la ‘ley procrimen’ que hace que los delitos prescriban más rápido – Infobae

Informe sobre la Declaración de Constitucionalidad de la Ley 31751 y su Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Introducción

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado constitucional la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, que establece un plazo de un año para la suspensión de la prescripción de delitos, facilitando que estos prescriban en un menor tiempo. Esta decisión tiene implicancias directas en la administración de justicia y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo que respecta a la justicia, la paz y las instituciones sólidas.

Contexto y Alcance de la Ley 31751

1. Definición y Aplicación: La Ley Soto fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción, reduciendo considerablemente el tiempo en que los delitos pueden ser perseguidos judicialmente.
2. Impacto en Casos Políticos: Políticos como el expresidente del Congreso Alejandro Soto y el expresidente Martín Vizcarra se han beneficiado con el archivo de sus procesos penales gracias a esta norma.
3. Clasificación: La Ley Soto forma parte de las denominadas ‘leyes procrimen’, aprobadas por el Congreso de la República, que han sido utilizadas para favorecer a ciertos actores políticos.

Implicancias Jurídicas y Reacciones Institucionales

• Antes de la Ley 31751, la suspensión de la prescripción se calculaba con base en la pena máxima del delito más una mitad, lo que resultaba en plazos mayores para delitos como la estafa (18 años).
• Con la Ley Soto, este plazo se reduce a 10 años, afectando la persecución penal efectiva.
• La Corte Suprema emitió el Acuerdo Plenario 5-2023/CIJ-112, declarando inconstitucional la Ley y recomendando no aplicarla, aunque sin establecer doctrina legal vinculante.

Decisión del Tribunal Constitucional

1. El TC rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley Soto, con seis votos a favor y uno en contra.
2. El Tribunal recordó su sentencia de 2024 donde reconoció un vacío legislativo respecto a la suspensión de la prescripción, que la Ley 31751 busca llenar.
3. El TC afirmó que la Ley no es solo constitucional, sino necesaria para establecer parámetros claros en el cómputo de la suspensión, amparándose en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
4. Criticó a la Corte Suprema por realizar un control abstracto de constitucionalidad, fuera de su competencia, y aclaró que los acuerdos plenarios no pueden establecer precedentes vinculantes.
5. El Tribunal ordenó que los jueces deben aplicar la Ley Soto bajo responsabilidad, reafirmando su vigencia.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La decisión del Tribunal Constitucional y la aplicación de la Ley 31751 tienen una relación directa con varios ODS, entre los cuales destacan:

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
  • La justicia efectiva y el acceso a procesos judiciales justos son fundamentales para fortalecer las instituciones y garantizar la paz social.
  • La reducción del plazo para la prescripción puede afectar la persecución de delitos, lo que plantea desafíos para la transparencia y la rendición de cuentas.
  • El respeto a la constitucionalidad y el debido proceso contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho.
• ODS 5: Igualdad de Género
  • La aplicación justa y equitativa de la ley es esencial para proteger a todos los ciudadanos, incluyendo grupos vulnerables y mujeres, frente a la impunidad.
• ODS 10: Reducción de las Desigualdades
  • Garantizar que la ley se aplique sin privilegios contribuye a reducir las desigualdades sociales y políticas.

Conclusión

El Tribunal Constitucional ha reafirmado la constitucionalidad de la Ley 31751, la cual establece un plazo de un año para la suspensión de la prescripción de delitos. Esta decisión tiene un impacto significativo en la administración de justicia y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en la promoción de instituciones sólidas y justas (ODS 16). Sin embargo, plantea desafíos en cuanto a la persecución efectiva de delitos y la lucha contra la impunidad, aspectos clave para el desarrollo sostenible y la equidad social.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

   • El artículo aborda temas relacionados con la justicia, la constitucionalidad de leyes y el funcionamiento del sistema judicial en Perú.
   • Se discute la Ley 31751 (‘Ley Soto’) y su impacto en la prescripción de delitos, lo que afecta la administración de justicia y la lucha contra la impunidad.
   • Se menciona el rol del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, instituciones clave para garantizar el estado de derecho y la justicia.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho a nivel nacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

   • El análisis de la Ley Soto y su constitucionalidad está directamente relacionado con la garantía del acceso a la justicia y la correcta aplicación del estado de derecho.
   • La discusión sobre la prescripción de delitos y la responsabilidad de los jueces en aplicar la ley refleja la importancia de procesos judiciales justos y transparentes.

2. Meta 16.6: Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

   • El papel del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en la interpretación y aplicación de la ley refleja la necesidad de instituciones sólidas y responsables.
   • El debate sobre el control de constitucionalidad y la competencia de las instituciones judiciales apunta a la transparencia y eficacia institucional.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicadores relacionados con el ODS 16

   • 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia que buscan asistencia jurídica y reciben asistencia efectiva.
   • 16.3.2: Proporción de procesos judiciales concluidos dentro de un plazo razonable.
   • 16.6.1: Proporción de la población que percibe que las instituciones públicas son responsables y transparentes.

   Estos indicadores son implícitos en el análisis del artículo, ya que la discusión sobre la Ley Soto y su impacto en la prescripción de delitos afecta directamente la duración y eficacia de los procesos judiciales, así como la confianza en las instituciones.

4. Tabla: ODS, metas e indicadores

Fuente: infobae.com