Una ONG denuncia el uso del sistema judicial para la “persecución” de activistas en Guatemala – France 24

Informe sobre la Instrumentalización del Sistema de Justicia en Guatemala y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contexto de la Persecución y Violación del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Un informe reciente de la organización Cristosal documenta el abuso sistemático del sistema de justicia en Guatemala para perseguir y silenciar a voces críticas, lo que representa un grave retroceso en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). Durante los últimos cinco años, la fiscalía, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha iniciado investigaciones contra cerca de un centenar de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Estas acciones socavan directamente las metas del ODS 16, que buscan promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Los grupos afectados incluyen:

• Exfiscales anticorrupción
• Jueces y promotores de justicia
• Líderes comunitarios
• Periodistas
• Activistas sociales

Patrones de Persecución y Socavamiento de Instituciones Sólidas (Meta 16.6)

El informe identifica un patrón claro de persecución que contraviene la Meta 16.6 del ODS 16, la cual exige la creación de instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas. La estrategia documentada busca neutralizar la labor de los defensores de la justicia mediante un proceso escalonado que instrumentaliza el sistema penal como una herramienta represiva.

El modus operandi sigue una secuencia específica:

1. Campañas de desprestigio y acoso digital: Se inician a través de cuentas anónimas en redes sociales y entidades como la Fundación Contra el Terrorismo para aislar a los individuos.
2. Hostigamiento judicial: Se utilizan mecanismos legales para intimidar y desgastar a los objetivos.
3. Denuncias penales sin sustento: Se presentan acusaciones infundadas para iniciar procesos judiciales formales.
4. Manipulación de procesos judiciales: Se recurre al uso de pruebas ilegales o fabricadas para asegurar la criminalización.

Esta metodología fue particularmente intensa durante las administraciones de Jimmy Morales (2018) y Alejandro Giammattei (2022), quienes nombraron y extendieron el mandato de la fiscal general, respectivamente.

Amenazas a las Libertades Fundamentales y al Acceso a la Justicia (Metas 16.3 y 16.10)

La persecución de periodistas y activistas constituye una violación directa de la Meta 16.10, que busca garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Al silenciar a quienes denuncian la corrupción, se debilita la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, la criminalización de jueces y fiscales atenta contra la Meta 16.3, que promueve el estado de derecho y el acceso a la justicia, ya que erosiona la independencia y la capacidad del sistema judicial. La situación fue resumida por organizaciones civiles con la alerta: “Hay instituciones que dejaron de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción”.

Respuesta de la Sociedad Civil y Alianzas para los Objetivos (ODS 17)

En respuesta a esta crisis institucional, siete organizaciones, incluyendo Cristosal y grupos indígenas, han lanzado la “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política”. Esta iniciativa es un ejemplo claro del ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), ya que une a diversos actores de la sociedad civil para “documentar, denunciar y acompañar” a las víctimas de persecución. Esta alianza busca fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y defender los principios del ODS 16 frente a los ataques sistemáticos.

Implicaciones Internacionales y Perspectivas Futuras

El deterioro del estado de derecho en Guatemala llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a incluir al país en 2022 en su lista de naciones con graves violaciones de derechos humanos, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, en un giro positivo, Guatemala fue retirada de dicha lista en mayo de 2024, gracias a la apertura del nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo para ser evaluado por la CIDH. Este cambio sugiere una oportunidad para reconstruir las instituciones y realinear al país con sus compromisos internacionales y la Agenda 2030, aunque la fiscal general defiende sus acciones argumentando que “la ley” es para “todos”. La consolidación de la justicia y la protección de los derechos humanos siguen siendo desafíos cruciales para el futuro del país.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El artículo aborda de manera central y casi exclusiva el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Los temas discutidos, como la persecución de defensores de derechos humanos y periodistas, la corrupción, la instrumentalización del sistema judicial y la falta de instituciones responsables, son elementos fundamentales que este objetivo busca resolver.

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este objetivo es el más relevante, ya que el artículo describe un escenario donde las instituciones de justicia, en lugar de proteger a los ciudadanos y combatir la corrupción, son utilizadas como herramientas de persecución. El texto denuncia “el abuso sistemático” de mecanismos para “perseguir, criminalizar y silenciar” a actores clave de la sociedad civil, lo que representa un ataque directo a la paz, la justicia y el fortalecimiento institucional. La mención de que la fiscalía “dejó de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción” encapsula la antítesis de lo que el ODS 16 promueve.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Dentro del ODS 16, se pueden identificar varias metas específicas que están siendo directamente vulneradas según lo descrito en el artículo:

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   El artículo evidencia un grave incumplimiento de esta meta. La denuncia de Cristosal sobre la “instrumentalización del sistema penal como herramienta represiva” y la “manipulación de procesos judiciales” con “pruebas ilegales o fabricadas” demuestra que el estado de derecho está comprometido y que no existe un acceso igualitario a la justicia. Por el contrario, el sistema judicial es utilizado para atacar a ciertos grupos.

2. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

   Esta meta se ve socavada por las acciones de la fiscalía. El artículo señala que la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido sancionada por ser considerada “corrupta”. Además, la denuncia de que las instituciones “dejaron de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción” indica un retroceso activo en la lucha contra la corrupción.

3. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   La fiscalía descrita en el artículo es un ejemplo de una institución que no es eficaz, transparente ni rinde cuentas a la ciudadanía, sino que responde a una “estrategia más amplia para aislar y neutralizar” la labor de activistas y periodistas. Las sanciones internacionales contra su directora refuerzan la percepción de una institución que no cumple con los estándares de rendición de cuentas.

4. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

   La persecución de “casi un centenar de… periodistas” y el uso de “campañas de desprestigio, acoso digital y hostigamiento judicial” en su contra es un ataque directo a la libertad de prensa, una libertad fundamental crucial para el acceso público a la información. Al silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos, se limita la capacidad de la sociedad para estar informada y denunciar abusos.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Sí, el artículo contiene información que se relaciona directamente con indicadores específicos utilizados para medir el progreso del ODS 16, aunque no los mencione explícitamente por su código.

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal de medios de comunicación asociado, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses.

  El artículo implícitamente se refiere a este indicador al señalar que la fiscalía “ha abierto investigaciones a casi un centenar de exfiscales anticorrupción, jueces, líderes comunitarios, periodistas y activistas sociales, en los últimos cinco años”. Describe el uso de “denuncias penales” en su mayoría “sin sustento” o “infundadas” y el “hostigamiento judicial”. Estas acciones, aunque no siempre resulten en detenciones físicas, constituyen una forma de persecución y acoso que este indicador busca medir. La creación de la “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” para “documentar, denunciar y acompañar” a estos activistas subraya la relevancia de este tipo de seguimiento.

• Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.

  Aunque el artículo no proporciona datos cuantitativos sobre sobornos, la percepción de alta corrupción es un elemento central. La sanción a la fiscal general por ser “corrupta” y la afirmación de que se persigue a quienes denuncian la corrupción en lugar de a los corruptos, son fuertes indicios cualitativos de un fracaso en el control de la corrupción, que es lo que este indicador pretende medir a nivel de percepción y experiencia ciudadana.

• Indicador 16.3.3: Proporción de la población que ha sufrido un conflicto en los últimos 12 meses y que ha recurrido a mecanismos de resolución de conflictos oficiales o reconocidos oficialmente.

  El artículo sugiere que los mecanismos oficiales no son una opción viable para las víctimas de persecución. De hecho, el mecanismo oficial (la fiscalía) es el perpetrador del abuso. La necesidad de crear una “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” y el hecho de que activistas se vean forzados al “exilio” indican una falta total de confianza y acceso a los sistemas de justicia formales para resolver estos conflictos, lo que apunta a un resultado negativo para este indicador.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: france24.com