Sistema de justicia está resquebrajado y no hay voluntad política para recuperar el estado de derecho

Informe: Honduras busca fortalecer el sistema de justicia para combatir la corrupción e impunidad

La Junta Proponente tiene la tarea de seleccionar a un fiscal general y fiscal adjunto en Honduras. El país centroamericano necesita fortalecer los organismos de investigación para enfrentar la lucha contra la corrupción e impunidad.

El acceso a la justicia es una deuda pendiente en Honduras, según analistas y organizaciones de derechos humanos. En los últimos años, esta situación se ha agravado, especialmente durante los periodos encabezados por Oscar Chinchilla, quien ocupó el cargo de fiscal general durante dos periodos consecutivos y fue señalado de estar al servicio del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Es crucial que el proceso de selección de autoridades del Ministerio Público sea transparente e independiente. Sin embargo, según José Ramón Ávila, miembro de la Junta Proponente, no hay una intención por parte de los poderes institucionales de desarrollar un proceso de recuperación del Estado de Derecho.

¿Fiscales, ya están seleccionados?

En Honduras ha habido selecciones de fiscales controvertidas, como la reelección de Oscar Chinchilla como fiscal general. La confesión del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, donde señala que Juan Orlando Hernández lo puso ahí para protegerlos, explica la inacción ante la corrupción en los gobiernos nacionalistas entre 2010 y 2022 y su relación cercana con el expresidente Hernández.

La sociedad hondureña espera un cambio y un verdadero acceso a la justicia a través del combate a la corrupción. Sin embargo, persiste la sospecha de imposición y control del Ministerio Público, ya que algunos diputados aseguran que los cargos de la Fiscalía serán repartidos entre los partidos políticos tradicionales del país.

Estas declaraciones de los diputados son consideradas una irresponsabilidad por parte del Poder Legislativo, según José Ramón Ávila. En febrero, antes de la elección de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos firmaron un pacto para acordar la distribución de cuotas de poder en instituciones que requieran elección de segundo grado, como el Ministerio Público.

José Ramón Ávila mencionó que no tienen garantías de obtener un buen fiscal debido a la representación de la Junta Proponente, compuesta por 7 miembros que representan diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, desde la sociedad civil buscarán que la elección de fiscales no esté influenciada por intereses políticos.

Combate a la corrupción y a la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la corrupción, los altos índices de violencia y la impunidad generalizada son problemas estructurales en Honduras que han deteriorado la confianza de la población en las instituciones de justicia. La impunidad en el país supera el 90% en general y alcanza porcentajes aún mayores en casos de delitos contra mujeres, personas LGBTIQ+, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La impunidad es un factor fundamental para el crecimiento de la violencia y la criminalidad en países altamente corruptos, según Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de Violencia. La CIDH enfatizó la importancia de que el proceso de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público se base en criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, incluyendo la participación ciudadana.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

• Meta 16.3: Promover el Estado de Derecho en los ámbitos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• Meta 16.5: Reducir significativamente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

• Indicador 16.3.1: Proporción de la población que ha experimentado una violación de sus derechos en los últimos 12 meses y que ha recurrido a una institución o mecanismo de justicia formal o informal para buscar reparación.
• Indicador 16.5.1: Proporción de casos judiciales resueltos y desglosados por tipo de delito y sexo de la víctima.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

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Fuente: criterio.hn

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