Corte argentina admite proceso contra Maduro y Cabello por delitos de lesa humanidad

Informe sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela

Los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra ciudadanos de ese país han sido admitidos finalmente por la Justicia federal de Argentina, en un fallo que ordena a un juez a darle curso legal a un conjunto de demandas en las que explícitamente se menciona al gobernante Nicolás Maduro y al número dos del régimen, Diosdado Cabello.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
• ODS 10: Reducción de las desigualdades.
• ODS 5: Igualdad de género.

La Cámara Federal de Buenos Aires, con decisión colegiada de tres jueces, dictaminó el 5 de abril que debía reabrirse una investigación judicial para establecer las responsabilidades del régimen de Maduro en violaciones a derechos humanos, enmarcados bajo crímenes de lesa humanidad. Este dictamen deja sin efecto la decisión de un juez de archivar las denuncias bajo el argumento de que ya existía, en ese sentido, una investigación en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI).

El portal Infobae publicó la decisión de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en la que sostienen que “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.

Para los jueces federales argentinos se está en presencia de delitos de “extrema gravedad” que obligan a actuar sin “dilación ni demora” para proteger a los “amplios sectores de la población civil” en Venezuela.

Entre los imputados, según el documento, aparecen “Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

Hace un año, después de un recurso que introdujo la Fundación Clooney (del actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal), el fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, confirmó su decisión de iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, bajo el principio de la jurisdicción universal cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

La causa de Stornelli, que fue recibida el año pasado por el juez federal Sebastián Ramos, se sumó a otras denuncias que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita había dictaminado que no correspondía proceder desde Argentina porque la Corte Penal Internacional (CPI) ya venía investigando al régimen de Maduro bajo similares argumentos, las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos en Venezuela.

La Cámara Federal de Buenos Aires desestimó este argumento y le ordenó al juez Ramos dar curso al proceso bajo los términos planteados por Stornelli. Esto fue en respuesta a una apelación del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), ligada a Waldo Wolff (hoy ministro de Seguridad en la capital argentina) y del abogado Tomás Farini Duggan.

Al impulsar la investigación, Stornelli señaló a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”. Se recabaron testimonios de familiares y víctimas de la represión venezolana que viven en Buenos Aires.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi afirmaron en el fallo que, aún teniendo en consideración la postura previa del juez Ramos, “el momento excepcional de emergencia y sobre todo que los sucesos devenidos en las denuncias aquí acumuladas podrían ser novedosos, distintos e incluso exceder aquellos que podrían integrar la materia cuyo alcance forma parte actualmente de los hechos denunciados y tramitados ante la Corte Penal Internacional“.

Por su parte, el juez Mariano Llorens subrayó la “nitidez del relato” de víctimas de “persecución y asesinato de familiares, en un contexto que es público y repercute más allá de las fronteras territoriales, en manifestaciones ocurridas en Venezuela a principios de 2014”, en donde nunca se avanzó en las responsabilidades y sanciones por esos hechos.

Según la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta por la jurisdicción universal, con una “sólida línea de precedentes”, porque la Justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
• Objetivo 5: Igualdad de género

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• Meta 10.2: Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
• Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

3. Indicadores de los ODS mencionados en el artículo:

• Indicador 16.3.1: Proporción de la población que ha experimentado un incidente con violencia física o sexual en los últimos 12 meses.
• Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza, desagregadas por sexo, edad, discapacidad y ubicación geográfica.
• Indicador 5.2.1: Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más que han experimentado violencia física o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por edad y relación con el perpetrador.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

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Fuente: diariodecuba.com

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