Los universitarios malagueños paralizan las clases cinco días en protesta por la falta de financiación y la reducción de la calidad educativa – EL PAÍS

Análisis de la Crisis de Financiación en la Universidad de Málaga y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente informe detalla la situación crítica derivada de la infrafinanciación en la Universidad de Málaga (UMA), que ha culminado en un paro académico convocado por el Consejo de Estudiantes. Se analiza la problemática desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial atención a la Educación de Calidad (ODS 4), la Reducción de las Desigualdades (ODS 10) y la promoción de Instituciones Sólidas (ODS 16).

1. Vulneración del ODS 4: Educación de Calidad

La principal consecuencia de la escasez de fondos es un deterioro directo de la calidad educativa, contraviniendo las metas del ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Las deficiencias reportadas por la comunidad estudiantil incluyen:

• Escasez de recursos materiales: Insuficiencia de equipamiento en laboratorios, materiales de prácticas precarios y reutilizados, y limitaciones en recursos básicos como fotocopias.
• Limitación de actividades formativas: Ausencia de excursiones y actividades prácticas complementarias esenciales para una formación integral.
• Sobrecarga del personal docente: Una plantilla desbordada que no puede ofrecer la atención y el seguimiento adecuados al alumnado, afectando la dirección de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y la calidad de la enseñanza.

Estas carencias comprometen la capacidad de la institución para proporcionar una educación superior efectiva y pertinente, alejándola de los estándares de calidad que promueven los ODS.

2. Fomento de la Desigualdad y Amenaza al ODS 10

La situación financiera de la UMA pone de manifiesto una creciente brecha que atenta contra el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades). Este problema se manifiesta en dos niveles:

1. Desigualdad entre universidades públicas: La UMA recibe una financiación por estudiante (6.390 euros) inferior a la media andaluza (6.848 euros) y significativamente menor que otras universidades como la de Córdoba (7.691 euros). Esta disparidad crea un sistema educativo público de distintas velocidades, donde el acceso a una educación de calidad depende del centro de estudio.
2. Desigualdad entre el sistema público y el privado: Se denuncia un fomento activo de las universidades privadas por parte de las administraciones, mientras se debilita el sistema público. Esta política amenaza la igualdad de oportunidades, ya que condiciona el acceso a la educación superior a la capacidad económica del estudiante, en lugar de al mérito y la capacidad.

3. Debilidad Institucional y Desafíos para el ODS 16

El conflicto en la UMA también refleja debilidades institucionales que obstaculizan el cumplimiento del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), que aboga por instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

• Falta de diálogo y participación: Los estudiantes denuncian que la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) ha sido desarrollada sin considerar sus enmiendas, lo que evidencia una falta de procesos participativos e inclusivos en la toma de decisiones.
• Invasión de la autonomía universitaria: Expertos y rectores advierten que la nueva ley podría invadir la autonomía universitaria, un pilar fundamental para el funcionamiento de instituciones académicas sólidas e independientes.
• Crisis de gobernanza financiera: La deuda acumulada de más de 44 millones de euros y la dependencia de un préstamo condicionado por la Junta de Andalucía demuestran una fragilidad en la gestión y sostenibilidad financiera de la institución, afectando su capacidad para planificar a largo plazo y garantizar su misión educativa.

Conclusión del Informe

La crisis en la Universidad de Málaga trasciende un problema presupuestario puntual. Representa un retroceso significativo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La infrafinanciación no solo degrada la calidad educativa (ODS 4), sino que también profundiza las desigualdades sociales (ODS 10) y debilita la fortaleza de las instituciones públicas (ODS 16). Es imperativo un compromiso renovado por parte de las administraciones para garantizar una financiación adecuada, equitativa y sostenible del sistema universitario público como motor de desarrollo y justicia social.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El análisis del artículo revela una conexión directa con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente debido a su enfoque en la crisis de financiación de la educación superior pública y sus consecuencias.

• ODS 4: Educación de Calidad: Este es el objetivo más directamente abordado. El artículo se centra en el deterioro de la calidad educativa en la Universidad de Málaga (UMA) debido a la “infrafinanciación”. Se mencionan explícitamente problemas como la “escasez de recursos en los laboratorios”, “materiales reutilizados y precarios para las prácticas”, y una “plantilla desbordada”, todo lo cual compromete la garantía de una educación superior inclusiva, equitativa y de calidad. La denuncia de Javier Borrego, “La calidad de la educación es cada vez peor”, resume la conexión central con este ODS.
• ODS 10: Reducción de las Desigualdades: El artículo destaca la desigualdad en la financiación tanto dentro del sistema público como entre el sistema público y el privado. Se señala que la UMA recibe menos financiación por estudiante (6.390 euros) que la media andaluza (6.848 euros) y significativamente menos que otras universidades como la de Córdoba (7.691 euros). Además, se critica que “las administraciones fomentan las universidades privadas” mientras se “ahoga al sistema público”, lo que puede aumentar la desigualdad de oportunidades para los estudiantes que no pueden permitirse la educación privada.
• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Este ODS es relevante en el contexto de la gobernanza y la participación. La protesta estudiantil (“paro académico”) es un ejercicio de participación ciudadana. Más específicamente, la queja sobre la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que según los estudiantes “está hecha sin nuestra opinión”, apunta a una falta de procesos de toma de decisiones inclusivos y participativos (Meta 16.7). La disputa financiera entre la UMA y la Junta de Andalucía, incluyendo la deuda de la universidad y los fondos no devueltos, también refleja debilidades en la solidez y transparencia institucional.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Dentro de los ODS identificados, se pueden señalar varias metas específicas que están directamente relacionadas con los problemas descritos en el texto.

1. Meta 4.3: “Para 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. El artículo pone en duda el cumplimiento de esta meta al describir cómo la “infrafinanciación” está erosionando la “calidad” de la enseñanza universitaria en la UMA. La falta de recursos para prácticas y la sobrecarga del profesorado afectan directamente la calidad de la formación que reciben los más de 35.000 alumnos.
2. Meta 4.c: “Para 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados…”. Aunque la meta se enfoca en países en desarrollo, su principio es universal. El artículo evidencia una tendencia contraria, mencionando una “plantilla desbordada”, “menos profesores” y una “poca reposición del profesorado” debido al plan de ajuste. Esto indica una disminución, en lugar de un aumento, de la capacidad docente para atender adecuadamente al alumnado.
3. Meta 10.3: “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados…”. La política de “estrangular a las universidades públicas andaluzas” mientras se da “apoyo público” a las instituciones privadas, como se menciona en el artículo, crea una desigualdad de oportunidades para los estudiantes. Aquellos en el sistema público enfrentan peores condiciones, lo que puede llevar a una desigualdad en los resultados educativos y profesionales en comparación con sus pares del sector privado.
4. Meta 16.7: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”. La crítica de los estudiantes a la ley LUPA, afirmando que “está hecha sin nuestra opinión y tiene muchos aspectos que nos perjudican”, es un claro ejemplo de un proceso legislativo que no cumple con esta meta, al no incluir la perspectiva de uno de los principales grupos afectados.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Sí, el artículo proporciona datos cuantitativos y cualitativos que pueden funcionar como indicadores o aproximaciones para medir el progreso hacia las metas de los ODS.

• Indicador relacionado con la Meta 4.3: Gasto público por estudiante en educación superior. El artículo proporciona cifras exactas: “la UMA […] recibe 6.390 euros por estudiante durante el curso actual”. Este dato se compara con la media andaluza (6.848 euros) y con el de otras universidades (Córdoba, 7.691 euros). Esta métrica es un indicador directo de la inversión en la calidad de la educación superior y su seguimiento permite evaluar si se están asignando los recursos necesarios para cumplir la meta.
• Indicador cualitativo para la Meta 4.c: Ratio de alumnos por docente y condiciones laborales del profesorado. Aunque no se da una cifra exacta, las descripciones de “plantilla desbordada”, “menos profesores” y “poca reposición del profesorado” son indicadores cualitativos claros de un deterioro en la capacidad docente. Un aumento en la ratio de estudiantes por profesor es una métrica implícita que se puede derivar de estas afirmaciones.
• Indicador para la Meta 16.7: Nivel de participación ciudadana y percepción de la inclusión en la toma de decisiones. La tasa de participación en el paro académico, que la UMA estima en un 50% y los convocantes en un 80%, puede ser utilizada como un indicador indirecto del descontento y la percepción de falta de representatividad en las decisiones institucionales. La queja explícita sobre la exclusión en la redacción de la ley LUPA es una evidencia directa de la falta de un proceso participativo.

ODS, metas e indicadores

Fuente: elpais.com