Uso indebido de tierras agrícolas: Que predio varíe de zona agrícola a residencial, posteriormente al hecho delictivo, no lo hace atípico [Casación 1126-2017, Arequipa, f. j. 1] – LP | Pasión por el Derecho
Informe sobre el Caso de Uso Indebido de Tierras Agrícolas y su Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción al Caso: Casación N.° 1126-2017, Arequipa
El presente informe analiza la sentencia de casación emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, referente a un proceso por el delito contra los recursos naturales, en la modalidad de uso indebido de tierras agrícolas. Este caso es de suma relevancia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente aquellos relacionados con la seguridad alimentaria, la vida de ecosistemas terrestres y el desarrollo de ciudades sostenibles.
Contexto y Hechos Fundamentales del Proceso
Antecedentes del Litigio
El proceso se origina a raíz de la construcción de infraestructura correspondiente a una institución educativa en un predio clasificado como “uso y área agrícola (AA) no urbanizable ni edificable”. La defensa argumentó que una ordenanza municipal posterior modificó la situación jurídica del predio, reclasificándolo como “zona residencial de baja densidad”, lo que, a su juicio, convertía la conducta en atípica.
- Julio y Agosto de 2015: Informes de constatación verifican la construcción de infraestructura en una zona de uso exclusivamente agrícola, vulnerando la normativa vigente.
- Febrero de 2016: Una ordenanza municipal modifica el uso del suelo del predio afectado, reclasificándolo como zona residencial.
- Proceso Judicial: En primera instancia se declara fundado el sobreseimiento del proceso, aplicando retroactivamente la ordenanza municipal en favor del imputado, decisión que fue confirmada en segunda instancia.
- Recurso de Casación: El Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales interpone un recurso de casación, argumentando la indebida aplicación del principio de retroactividad benigna.
Análisis Jurídico y su Vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Protección del Suelo Agrícola y su Impacto en el ODS 2 (Hambre Cero) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres)
La decisión de la Corte Suprema subraya un principio fundamental para la sostenibilidad: la protección de las tierras agrícolas es un imperativo legal que no puede ser menoscabado por decisiones administrativas posteriores. Al establecer que la conducta se consumó cuando el terreno tenía un uso protegido, la sentencia refuerza directamente:
- ODS 2: Hambre Cero: La preservación de tierras agrícolas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Permitir su cambio de uso sin una planificación adecuada amenaza la capacidad productiva y la soberanía alimentaria del país.
- ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: La conversión indiscriminada de suelo agrícola contribuye a la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. La sentencia protege estos ecosistemas al sancionar su alteración ilegal, promoviendo un uso sostenible del suelo.
El tribunal determinó que una norma municipal no tiene la categoría de ley penal y, por ende, no se le puede aplicar el principio de retroactividad favorable consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Esta distinción es crucial para evitar que cambios administrativos legitimen a posteriori daños ambientales y sociales ya consumados.
Tipos Penales en Blanco, Gobernanza y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)
El caso aborda la figura de los “tipos penales en blanco”, normas penales que requieren ser complementadas por otras de menor jerarquía (como las ordenanzas municipales) para definir la conducta prohibida. Este mecanismo legal pone de manifiesto la importancia de una gobernanza coherente y robusta.
- ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: La sentencia evidencia la necesidad de una planificación urbana ordenada que respete los cinturones agrícolas y los ecosistemas. El crecimiento urbano descontrolado, como el del caso analizado, es contrario a los principios de sostenibilidad urbana. La decisión judicial actúa como un mecanismo de control para un desarrollo urbano responsable.
- ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Al clarificar que las normas administrativas no pueden anular retroactivamente un tipo penal, la Corte Suprema fortalece el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Se reafirma la necesidad de instituciones predecibles y responsables que garanticen el cumplimiento de la ley, un pilar fundamental para el desarrollo sostenible.
Resolución Final de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia declaró fundado el recurso de casación, estableciendo que la reclasificación del suelo mediante una ordenanza municipal no hace atípica la conducta de construcción ilegal previamente realizada. Los puntos clave de la decisión son:
- La modificación de la situación jurídica del predio se realizó mediante una ordenanza municipal, la cual no es una ley penal.
- El principio de retroactividad benigna se aplica exclusivamente a la ley penal, no a normas administrativas complementarias.
- La conducta delictiva se consumó en el momento en que el terreno estaba clasificado como área agrícola, por lo que la nueva ordenanza no anula el delito.
- La nueva clasificación catastral no exime de responsabilidad por los actos cometidos bajo la vigencia de las ordenanzas anteriores.
Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo
1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?
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ODS 2: Hambre Cero
El artículo se centra en un caso de “uso indebido de tierras agrícolas”. La protección de las tierras agrícolas es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible, que son los pilares de este objetivo.
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ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
El conflicto legal surge de la reclasificación de un predio de “uso y área agrícola” a “zona residencial de baja densidad” mediante una ordenanza municipal. Esto se relaciona directamente con la planificación urbana, el uso del suelo y la necesidad de gestionar la expansión urbana de manera sostenible para no afectar zonas productivas o ecológicamente importantes.
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ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
La protección de las tierras agrícolas contra la urbanización no planificada es una forma de gestionar sosteniblemente los ecosistemas terrestres. La conversión de suelo agrícola a suelo urbanizado representa una degradación del terreno y una pérdida de un recurso natural vital, temas centrales del ODS 15.
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ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
El artículo es una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Analiza la aplicación de principios legales como la irretroactividad de la ley y la jerarquía de las normas (ley penal vs. ordenanza municipal). El caso, llevado por el “procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente”, demuestra el funcionamiento de las instituciones de justicia para hacer cumplir las leyes ambientales y promover el estado de derecho.
2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?
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Meta 2.4
“Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que […] contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas […] y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”. La persecución del delito de “uso indebido de tierras agrícolas” busca proteger la tierra como recurso fundamental para la producción de alimentos y disuadir prácticas que la degraden o la eliminen del sistema productivo.
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Meta 11.3
“Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países”. El caso expone una falla en la planificación sostenible, donde una “construcción de diversa infraestructura propia de una institución educativa en una zona agrícola” se realiza antes del cambio de uso de suelo, y la posterior ordenanza municipal intenta regularizarla. Esto resalta la necesidad de una planificación urbana que integre y proteja las áreas agrícolas periurbanas.
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Meta 15.3
“Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados […] y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo”. La conversión irreversible de tierras agrícolas fértiles para la construcción es una forma de degradación del suelo. La acción legal descrita en el artículo es un mecanismo para combatir esta degradación y proteger la integridad del recurso suelo.
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Meta 16.3
“Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. El núcleo del artículo es un debate jurídico sobre la correcta aplicación de la ley, específicamente el “principio de retroactividad benigna” y la jerarquía normativa. La sentencia de la Corte Suprema refuerza el estado de derecho al clarificar cómo deben interpretarse y aplicarse las normas que complementan los tipos penales en blanco, asegurando que las decisiones judiciales se basen en principios legales sólidos.
3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?
El artículo, al ser un documento legal, no menciona explícitamente indicadores cuantitativos de los ODS. Sin embargo, se pueden inferir indicadores cualitativos y de proceso que son relevantes para medir el progreso.
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Indicador implícito para las metas 2.4 y 15.3
El indicador implícito es la superficie de tierra agrícola convertida a uso no agrícola (urbano/residencial). El caso se origina por la “construcción de diversa infraestructura […] en una zona agrícola”, lo que representa una instancia medible de este tipo de conversión. El seguimiento de la superficie afectada por este tipo de delitos podría ser un indicador del progreso en la protección de las tierras agrícolas.
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Indicador implícito para la meta 11.3
Un indicador relevante es la existencia y aplicación efectiva de planes de ordenamiento territorial y zonificación urbana. El conflicto legal surge precisamente de la aplicación de una “ordenanza municipal” que modifica la zonificación. El proceso judicial en sí mismo actúa como un mecanismo de control sobre la correcta aplicación de estos instrumentos de planificación, sirviendo como un indicador cualitativo de la gobernanza urbana.
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Indicador implícito para la meta 16.3
El indicador es la existencia y aplicación de un marco legal para la protección de los recursos naturales y la persecución de delitos ambientales. La existencia de un “procurador público especializado en delitos ambientales” y el procesamiento del “delito contra los recursos naturales en la modalidad de uso indebido de tierras agrícolas” son pruebas directas de la existencia de este marco. La sentencia de la Corte Suprema es una medida del funcionamiento y la efectividad de dicho marco legal.
4. Tabla de ODS, metas e indicadores
| ODS | Metas | Indicadores (Implícitos en el artículo) |
|---|---|---|
| ODS 2: Hambre Cero | 2.4: Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes. | Superficie de tierra agrícola protegida de la conversión a otros usos. |
| ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión. | Aplicación efectiva de planes de ordenamiento territorial y zonificación (medida a través de acciones legales contra infracciones). |
| ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres | 15.3: Luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados. | Tasa de conversión de tierras agrícolas a tierras de uso urbano (un proxy para la degradación del suelo). |
| ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | 16.3: Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. | Número de casos procesados por delitos ambientales; existencia y funcionamiento de fiscalías y procuradurías especializadas en medio ambiente. |
Fuente: lpderecho.pe
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