Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Perú no aplicar la Ley de Amnistía – Cejil

Informe sobre la Suspensión de la Ley de Amnistía en Perú y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Introducción: Un Avance para el ODS 16 en la Región

Con fecha del 5 de septiembre de 2025, se informa sobre la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 3 de septiembre, referente a los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Estado de Perú. Esta decisión ratifica la suspensión inmediata de la Ley N° 32419, conocida como “Ley de Amnistía”, promulgada el 13 de agosto de 2025. Dicha resolución constituye un pilar fundamental para la consolidación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, al proteger el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad frente a medidas legislativas que promueven la impunidad.

Contexto y Antecedentes de la Medida

La promulgación de la Ley N° 32419 por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Perú representaba una amenaza directa al acceso a la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esta ley, junto con la previamente cuestionada Ley N° 32107 (“Ley de Prescripción”), buscaba obstaculizar la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad, contraviniendo los principios de instituciones responsables y transparentes promovidos por el ODS 16.

• Ley N° 32419 (“Ley de Amnistía”): Buscaba impedir la sanción por graves violaciones de derechos humanos.
• Ley N° 32107 (“Ley de Prescripción”): Disponía la prescripción de crímenes de lesa humanidad, afectando el derecho a la reparación.

Detalles de la Resolución de la Corte IDH y su Vínculo con los ODS

La decisión del pleno de la Corte IDH reafirma la jurisprudencia regional y el compromiso con la Agenda 2030, ordenando al Estado peruano una serie de acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Estas medidas son cruciales para el avance de metas específicas dentro de los ODS.

1. Abstención de Aplicación: Se ordena a todas las autoridades peruanas, con especial énfasis en el poder judicial, abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía. Esta directriz refuerza directamente la meta 16.3 del ODS 16, que busca promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
2. Vigencia de Medidas Anteriores: Se recuerda la plena vigencia de las medidas provisionales sobre la Ley de Prescripción, asegurando la continuidad en la lucha contra la impunidad.
3. Incompatibilidad con la Convención Americana: La Corte reitera que las leyes de amnistía que impiden la investigación de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana y carecen de efectos jurídicos. Este principio es esencial para construir las instituciones eficaces, responsables y transparentes que persigue la meta 16.6 del ODS 16.

Implicaciones para la Justicia, la Igualdad y las Instituciones Sólidas

La resolución de la Corte IDH no solo protege a las víctimas de los casos mencionados, sino que también envía un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas como pilar de un estado democrático. Al impedir que se consolide la impunidad, se contribuye a reducir las brechas de desigualdad, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las Desigualdades, garantizando que el acceso a la justicia no sea un privilegio.

Conclusión y Llamado a la Acción

Las víctimas, sus familiares y las organizaciones representantes celebran esta decisión como un paso clave para la materialización de sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Se reitera el llamado al Estado peruano para que actúe en conformidad con sus compromisos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Cumplimiento del Fallo: Se exhorta a los jueces y juezas a realizar un estricto control de convencionalidad y a no aplicar la Ley de Amnistía.
• Fortalecimiento Institucional: Se insta al Estado a garantizar la investigación y sanción de todas las graves violaciones de derechos humanos, fortaleciendo así la confianza pública en las instituciones, un componente central del ODS 16.
• Garantía de No Repetición: El cumplimiento de esta resolución es fundamental para asegurar un futuro donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

   • El artículo se centra directamente en la promoción de la justicia, el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender la “Ley de Amnistía” en Perú es una acción directa para garantizar la justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. El texto subraya la incompatibilidad de dichas leyes con la Convención Americana de Derechos Humanos, reforzando el principio de que no debe haber impunidad para crímenes de lesa humanidad. Además, hace un llamado explícito a las instituciones peruanas, “en especial los jueces y juezas”, para que cumplan con las obligaciones internacionales, lo que se alinea con la construcción de instituciones responsables y eficaces.

Metas Específicas de los ODS

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   • El artículo aborda esta meta de manera central. La resolución de la Corte IDH es un ejemplo de la promoción del estado de derecho a nivel internacional, con efectos directos en el plano nacional peruano. Al suspender una ley que “afecta irreversiblemente su derecho a conocer la verdad y la de obtener justicia”, la Corte está garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares. La orden a las autoridades peruanas de abstenerse de aplicar la ley refuerza la supremacía de las normas de derechos humanos sobre la legislación interna que promueve la impunidad.

2. Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

   • Aunque el artículo trata sobre hechos pasados (“ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”), la lucha contra la impunidad es un elemento clave para la no repetición y la prevención de la violencia futura. Al asegurar que los responsables de graves violaciones de derechos humanos sean investigados y sancionados, se envía un mensaje claro de que tales actos no serán tolerados, lo que contribuye a la reducción de la violencia a largo plazo. La suspensión de las leyes de amnistía y prescripción es fundamental para este fin.

3. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   • El comunicado de prensa destaca la necesidad de que las instituciones del Estado peruano rindan cuentas. El llamado a los “jueces y juezas, a abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía y realizar un control de convencionalidad” es una exigencia de responsabilidad institucional. Una institución judicial eficaz y responsable es aquella que respeta y aplica las decisiones de los tribunales superiores y los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando así su legitimidad y transparencia ante los ciudadanos y las víctimas.

Indicadores de los ODS

1. Indicadores Implícitos en el Artículo

   • El artículo no menciona indicadores cuantitativos oficiales de los ODS, pero su contenido sugiere varios indicadores cualitativos que pueden usarse para medir el progreso hacia las metas identificadas:
   • Cumplimiento de las decisiones de tribunales internacionales de derechos humanos: Un indicador clave implícito es el grado en que el Estado peruano, y específicamente su poder judicial, acata la resolución de la Corte IDH. El llamado a “abstenerse de aplicar esta ley” puede ser monitoreado como una medida de progreso hacia el fortalecimiento del estado de derecho (Meta 16.3).
   • Existencia y aplicación de legislación contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos: La promulgación de la “Ley de Amnistía” (Ley N° 32419) y la “Ley de Prescripción” (Ley N° 32107) son indicadores negativos. Por el contrario, la suspensión de su aplicación por orden de la Corte IDH es un indicador positivo del progreso hacia la garantía de justicia y el fin de la impunidad.
   • Acceso efectivo a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos humanos: El hecho de que las víctimas y sus representantes hayan podido solicitar y obtener medidas provisionales de la Corte IDH es un indicador de que existen mecanismos de acceso a la justicia. El resultado de estas acciones, como la suspensión de la ley, mide la efectividad de dicho acceso (Meta 16.3).

ODS, metas e indicadores

Fuente: cejil.org