Análisis de la Situación de Derechos Humanos en El Salvador y su Desviación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Un informe de Amnistía Internacional revela que la prolongación continua del régimen de excepción y las reformas al sistema penal en El Salvador han erosionado el Estado de Derecho. Esta situación representa un grave retroceso en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El aparato estatal, en lugar de garantizar la justicia, se ha convertido en un mecanismo de represión que criminaliza a defensores de derechos humanos y silencia la disidencia, contraviniendo directamente las metas de promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (Meta 16.3).

Marco Jurídico y su Contradicción con el ODS 16

El régimen de excepción, extendido por 42 veces consecutivas, ha institucionalizado un modelo que socava las garantías fundamentales. Las acciones implementadas bajo este régimen y las reformas legales asociadas se oponen a los principios de instituciones eficaces, responsables y transparentes (Meta 16.6).

• Detenciones Masivas: Se realizan detenciones sin pruebas suficientes, violando el principio de presunción de inocencia.
• Suspensión de Garantías Judiciales: Se han suspendido derechos procesales esenciales para un juicio justo.
• Reformas Penales Problemáticas:
  1. Ocultamiento de la identidad de los jueces, lo que impide la rendición de cuentas.
  2. Aplicación automática de la prisión preventiva, convirtiéndola en una regla y no en una excepción.
  3. Endurecimiento de penas para menores, en contravención de estándares internacionales de justicia juvenil.

Estas medidas han sido observadas por organismos regionales y universales de derechos humanos como contrarias a los estándares internacionales, lo que aleja al país de la meta de construir instituciones sólidas y justas.

Vulneración de Libertades Fundamentales y el Impacto en el Espacio Cívico (ODS 16 y ODS 10)

El sistema penal salvadoreño se utiliza para reprimir la disidencia, lo que constituye un ataque directo a la Meta 16.10, que busca garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Esta persecución también agrava las desigualdades, afectando el progreso hacia el ODS 10: Reducción de las Desigualdades.

Criminalización de Defensores de Derechos Humanos

• Uso de Tipos Penales Ambiguos: Figuras como “agrupaciones ilícitas” se emplean para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del medio ambiente.
• Casos Emblemáticos: Se han documentado más de 70 casos de defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente. Amnistía Internacional ha declarado prisioneros de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, encarcelados por su labor y el ejercicio de su libertad de expresión.
• Irregularidades Procesales: En estos casos se aplicaron las normativas del régimen de excepción, como la ampliación de la detención administrativa y la prisión preventiva sin revisión judicial efectiva, a pesar de que los cargos no se relacionan con pandillas. Esto demuestra un uso indebido de la ley para sofocar el espacio cívico.

Condiciones Carcelarias y la Violación del ODS 3 y ODS 16

La situación en los centros penitenciarios de El Salvador es alarmante y contraviene múltiples objetivos de la Agenda 2030. Las condiciones inhumanas representan una violación del ODS 3: Salud y Bienestar, y el uso de la tortura es un ataque frontal a la Meta 16.1, que busca reducir todas las formas de violencia.

Características del Sistema Penitenciario

• Incomunicación y Tortura: La incomunicación prolongada y el riesgo de tortura y tratos crueles son prácticas sistemáticas utilizadas como castigo.
• Hacinamiento y Falta de Atención Médica: Las condiciones de hacinamiento extremo y la negación de atención médica oportuna ponen en grave riesgo la vida y la salud de las personas detenidas, como se evidencia en el caso del abogado Enrique Anaya, cuya salud se ha deteriorado en prisión.
• Ausencia de Controles: La opacidad y la falta de supervisión externa en las cárceles fomentan la impunidad y perpetúan un ciclo de violencia que socava la confianza en las instituciones de justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, exigiendo al Estado salvadoreño el cese del aislamiento y la garantía de condiciones de detención dignas.

Llamado a la Acción para Reafirmar el Compromiso con los ODS

Para realinear al país con sus compromisos internacionales y la Agenda 2030, se presentan las siguientes exigencias:

1. Liberación Inmediata: Liberar de forma incondicional a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en cumplimiento del ODS 16.
2. Cumplimiento de Medidas Cautelares: Acatar de inmediato las medidas dictadas por la CIDH para proteger la vida e integridad de Ruth López y Enrique Anaya, garantizando su derecho a la salud (ODS 3).
3. Escrutinio Internacional: Se insta a la comunidad internacional a intensificar la vigilancia sobre las autoridades salvadoreñas para detener el uso del sistema de justicia como herramienta represiva y promover la cooperación internacional para el fortalecimiento de las instituciones (ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos).

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  • El artículo se centra directamente en la erosión del Estado de Derecho, la falta de justicia imparcial y el debilitamiento de las instituciones en El Salvador. Describe cómo el sistema penal se ha convertido en “un arma para criminalizar” y cómo las reformas legales “han desvirtuado el Estado de Derecho”. Esto se alinea directamente con el objetivo de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  • El artículo detalla la suspensión de garantías judiciales, la imposición de detención preventiva automática y la falta de procesos judiciales justos. Menciona que las personas son “sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de Derecho”, lo que indica un fracaso en la promoción del estado de derecho y en garantizar el acceso a la justicia.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  • El texto describe un sistema judicial que carece de transparencia y rendición de cuentas, mencionando medidas como “el ocultamiento de la identidad de jueces” y la “reserva total del proceso”. La afirmación de que el sistema penal se utiliza para “castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico” en lugar de impartir justicia, evidencia la falta de instituciones eficaces y responsables.

• Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

  • El artículo denuncia la persecución y criminalización de “personas defensoras de derechos humanos”, “líderes comunitarios, sindicalistas” y “voces críticas”. El encarcelamiento de personas por “ejercer pacíficamente su libertad de expresión” es una violación directa de las libertades fundamentales que esta meta busca proteger.

• Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

  • El artículo señala que las reformas legales en El Salvador “contravienen estándares internacionales” y han sido observadas por “organismos regionales y universales de derechos humanos”. El llamado final de Amnistía Internacional a la “comunidad internacional para que intensifique su escrutinio” subraya la necesidad de la cooperación y la supervisión internacional para fortalecer las instituciones nacionales y asegurar que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin sentencia respecto de la población carcelaria total.

  • El artículo implica un aumento en este indicador al describir “la aplicación automática de prisión preventiva”, la ampliación de la “detención administrativa hasta 15 días” y la prórroga de la fase de instrucción sin nuevos elementos. La afirmación de que “la prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un castigo anticipado” sugiere un alto número de detenidos sin sentencia.

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal de medios de comunicación asociado, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los 12 meses anteriores.

  • Este indicador se menciona directamente cuando el artículo cita a organizaciones locales que “contabilizan más de 70 casos” de defensores de derechos humanos que “han sido víctimas de detenciones arbitrarias”. Además, se describe la situación carcelaria como un espacio de “castigo y tortura”, y se menciona el “riesgo real de ser sometido a tortura o tratos crueles” que enfrentan los detenidos, lo que se relaciona directamente con los componentes de este indicador.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: amnesty.org