Honduras denuncia un boicot de “ocupantes de tierras” a un plan contra la deforestación

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“Se han organizado para boicotear y detener el Plan Ambiental ‘Cero deforestación al 2030′”, denunció en un comunicado el gubernamental Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

La presidenta Xiomara Castro lanzó el 22 de mayo pasado el plan, dirigido por el CNDS, integrado por los jefes de los tres poderes del Estado, y apoyado por militares y policía, Fiscalía y otros altos funcionarios.

El plan establece “emergencia ambiental en los bosques de Honduras”, “la defensa de las áreas protegidas”, “investigación exhaustiva de las actividades criminales” como narcotráfico y “control y neutralización de carreteras utilizadas para delitos ambientales”, entre otras medidas.

El CNDS explicó que la mesa de diálogo entre gobierno y ocupantes de tierras comenzó el viernes con los implicados en las zonas de Río Plátano, la reserva Tawahka Asangni, Ríos Patuca, Río Coco o Segovia y la Cordillera Entre Rios, la mayor reserva forestal del país.

Sin embargo, en medio de una “actitud agresiva” los ocupantes de tierras se retiraron del diálogo y en medios de comunicación y redes sociales publicaron “mensajes amenazantes y cargados de violencia”, sin expresar voluntad para “resolver el grave problema de la brutal deforestación”.

El gobierno denunció “los terribles daños” ocasionados por “los descombros, deforestación e incendios” y el “irreversible deterioro ecológico y ambiental, aceleramiento del cambio climático, grandes sequías”.

Reconoció que hay personas de “buena fe”, pero que también opera “el crimen organizado y narcotráfico (…) sembrando hoja de coca, deforestando grandes extensiones de tierra, para ocultar lavado de activos”.

Un abogado de los ganaderos, Juan Soto, declaró a medios locales que los “amedrentaron” antes de entrar a la “negociación”, rodeándolos con “tanquetas” y por eso “se fue calentando un poquito el ambiente”, pero dijo que están dispuestos a asistir a una “mesa de diálogo en que se respeten “las garantías constitucionales”.

Honduras es el cuarto país más peligroso para los activistas medioambientales en el mundo, con 18 asesinatos en 2023, de acuerdo con la ONG Global Witness.