La Corte Suprema del Estado confirma que la Ley SAFE Child es constitucional – Carolina Journal
La Corte Suprema del Estado confirma que la Ley SAFE Child es constitucional Carolina Journal
Informe sobre la Ley SAFE Child
Introducción
La Corte Suprema de Carolina del Norte ha confirmado la disposición de la Ley SAFE Child que permite a las presuntas víctimas de abuso sexual infantil presentar demandas años después de que dichas demandas hubieran sido prescritas por el estatuto de limitaciones.
Fallos del tribunal
Dos fallos del tribunal superior el viernes permitieron que las demandas de la Ley SAFE Child siguieran adelante. Pero en otros dos casos consolidados, el tribunal rechazó demandas en situaciones en las que los tribunales habían emitido fallos finales contra los demandantes antes de que la Ley SAFE Child entrara en vigor.
Caso McKinney v. Goins
En McKinney v. Goins, la junta escolar del condado de Gaston demandada había argumentado que la Ley SAFE Child era inconstitucional debido a su disposición que creaba una “ventana de reactivación” de dos años para demandas que habían sido prescritas por el estatuto de limitaciones.
Los demandantes en el caso eran tres ex alumnos de la escuela secundaria East Gaston que denunciaban abusos por parte del entrenador de lucha libre de la escuela a mediados de la década de 1990 y principios de la de 2000.
El presidente del Tribunal Supremo Paul Newby escribió: “Este caso plantea la pregunta de si nuestra constitución estatal limita la autoridad de la legislatura para reactivar demandas por agravios previamente vencidas al alterar retroactivamente el estatuto de limitaciones aplicable. En otras palabras, ¿la expiración del estatuto de limitaciones de una demanda por agravio crea un derecho adquirido protegido constitucionalmente?”.
Opinión concurrente de la jueza Anita Earls
La juez Allison Riggs, cuando se desempeñó en el Tribunal de Apelaciones, escribió una opinión rechazando el argumento de la junta escolar de Gaston y confirmando la Ley SAFE Child.
La jueza Anita Earls escribió una opinión concurrente separada “para explicar mis desacuerdos con el razonamiento de la mayoría”.
Earls afirmó: “En primer lugar, en lo que estamos de acuerdo: todos los jueces sostendrían que los poderes políticos pueden promulgar una legislación correctiva que empodere a los sobrevivientes de abuso sexual infantil a recuperarse del daño que sufrieron a manos de sus abusadores y de aquellos que permitieron el abuso, a través del litigio civil de demandas que de otro modo habrían sido excluidas por el plazo de prescripción”.
Caso Cohane v. The Home Missioners of America
En un caso separado, Cohane v. The Home Missioners of America, Earls escribió para un tribunal unánime.
Earls afirmó: “La cuestión ante nosotros es si la sección 4.2(b) de la Ley SAFE Child, que ‘reaviva cualquier acción civil por abuso sexual infantil que de otro modo hubiera prescrito’ por el plazo de prescripción de tres años, resucita las demandas contra los abusadores directos, así como contra aquellos que supuestamente permitieron el abuso. Sostenemos que sí”.
Conclusiones
Si bien algunos casos basados en la Ley SAFE Child pueden proceder, no pueden avanzar si un tribunal emitió un fallo final en contra de los demandantes antes de 2019.
En resumen, la Corte Suprema de Carolina del Norte ha confirmado la disposición de la Ley SAFE Child que permite a las presuntas víctimas de abuso sexual infantil presentar demandas años después de que dichas demandas hubieran sido prescritas por el estatuto de limitaciones. Sin embargo, el tribunal ha establecido limitaciones en casos en los que ya se habían emitido fallos finales en contra de los demandantes antes de que la ley entrara en vigor. Estos fallos tienen implicaciones significativas para la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, específicamente el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados
- Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Metas específicas de los ODS identificadas
- Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo
- Indicador 16.3.1: Proporción de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año
Tabla de ODS, metas e indicadores
ODS | Metas | Indicadores |
---|---|---|
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | Indicador 16.3.1: Proporción de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año |
El artículo aborda el tema de la Ley SAFE Child en Carolina del Norte, que permite a las presuntas víctimas de abuso sexual infantil presentar demandas años después de que dichas demandas hubieran sido prescritas por el estatuto de limitaciones. Este tema está relacionado con el Objetivo 16 de los ODS, que se centra en la paz, la justicia y las instituciones sólidas.
En cuanto a las metas específicas de los ODS, el artículo se refiere a la meta 16.3, que busca promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. La Ley SAFE Child permite a las víctimas de abuso sexual infantil buscar justicia y presentar demandas que de otro modo habrían sido excluidas por el plazo de prescripción.
En cuanto a los indicadores de los ODS, el artículo no menciona explícitamente ningún indicador específico. Sin embargo, se puede inferir que el indicador 16.3.1, que mide la proporción de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año, podría ser relevante en este contexto. El artículo menciona casos en los que los tribunales emitieron fallos finales contra los demandantes antes de que la Ley SAFE Child entrara en vigor, lo que podría implicar una forma de corrupción o falta de acceso a la justicia.
En resumen, el artículo aborda el Objetivo 16 de los ODS y la meta 16.3 específica, relacionada con el estado de derecho y el acceso a la justicia. Aunque no se mencionan indicadores específicos en el artículo, el indicador 16.3.1 sobre la proporción de la población que ha experimentado corrupción podría ser relevante en este contexto.
Fuente: carolinajournal.com