Perú: Criminalización del sistema de justicia exige acción internacional urgente – Washington Office on Latin America | WOLA

Informe sobre la Crisis del Sistema de Justicia en Perú y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Introducción: Deterioro Democrático y Amenazas a la Agenda 2030

Un conjunto de organizaciones internacionales de derechos humanos ha emitido una alerta sobre los crecientes ataques dirigidos al sistema de justicia en Perú. Se informa que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo están implementando acciones que buscan neutralizar los mecanismos de control judicial. Estas maniobras representan un grave retroceso democrático y comprometen directamente el avance del país hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Vulneración Directa del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Las acciones observadas socavan pilares fundamentales del Estado de derecho y atentan contra metas específicas de la Agenda 2030. Los principales focos de preocupación son:

• Promulgación de una Ley de Amnistía: El Congreso y la Presidencia han aprobado una ley que busca eximir de responsabilidad a militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Esta medida no solo contraviene resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que ataca el núcleo del ODS 16.3, que exige promover el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia para todos, perpetuando la impunidad.
• Persecución de Operadores de Justicia: La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales que, en cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales, se niegan a aplicar la mencionada ley de amnistía. Esta presión sobre el poder judicial debilita la independencia institucional, un requisito indispensable para el ODS 16.6, que persigue la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes.
• Instrumentalización del Tribunal Constitucional: El Defensor del Pueblo ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional con el aparente objetivo de que este órgano valide la ley de amnistía. Esta acción busca eliminar la capacidad de los jueces para ejercer control constitucional, consolidando la impunidad y debilitando aún más las instituciones garantes de derechos.
• Intento de Suspensión de la Fiscal de la Nación: Se reporta un procedimiento irregular por parte de la JNJ para suspender a la actual Fiscal de la Nación. El objetivo sería modificar el liderazgo del Ministerio Público para influir en investigaciones penales que involucran a altos funcionarios, incluyendo a la Presidenta y a 105 de los 130 miembros del Congreso. Esto representa un ataque frontal al ODS 16.5, enfocado en reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Consecuencias Sistémicas para el Estado de Derecho y la Agenda 2030

El debilitamiento progresivo de la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público no solo afecta al ODS 16, sino que genera un riesgo sistémico para toda la Agenda 2030. Sin instituciones judiciales sólidas, es imposible garantizar la protección de los derechos fundamentales, la lucha contra la desigualdad (ODS 10) y la protección del medio ambiente (ODS 13, 14 y 15). La erosión de los contrapesos democráticos amenaza la estabilidad y el desarrollo sostenible del país.

Llamado a la Acción y Monitoreo Internacional

Ante la gravedad de la situación, se considera que el Estado peruano cumple los criterios para ser monitoreado de cerca por la comunidad internacional. Las acciones recomendadas son las siguientes:

1. Inclusión en el Capítulo IV.B de la CIDH: Se solicita formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que incluya a Perú en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2025. Este mecanismo es crucial para visibilizar la crisis y promover la adopción de medidas correctivas.
2. Pronunciamiento de la Comunidad Internacional: Se insta a los organismos multilaterales y a los mecanismos de protección de derechos humanos a pronunciarse y adoptar medidas concretas para abordar el debilitamiento institucional en Perú.
3. Garantía Colectiva de la Democracia: Se subraya la necesidad del acompañamiento internacional para contribuir a la preservación del orden constitucional, como condición indispensable para el ejercicio de los derechos y el logro de un desarrollo sostenible e inclusivo.

Organizaciones Firmantes

Este informe es respaldado por las siguientes organizaciones:

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

• El artículo se centra de manera integral en la crisis del sistema de justicia y el deterioro de las instituciones democráticas en Perú, que son los pilares fundamentales del ODS 16. Se discuten temas como los ataques a la independencia judicial, la neutralización de los contrapesos al poder, la corrupción de altos funcionarios y el debilitamiento de la Fiscalía, todos los cuales amenazan la paz, la justicia y la solidez institucional del país.
• La preocupación por la “impunidad” para “graves violaciones a derechos humanos” y la promulgación de una ley de amnistía en desacato de resoluciones internacionales se oponen directamente al objetivo de promover sociedades justas y pacíficas.
• El texto describe un “deterioro democrático” y un “riesgo significativo para el Estado de derecho”, lo que demuestra una clara regresión en los principios que el ODS 16 busca promover.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

• El artículo denuncia el “debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas” y la “afectación a la independencia judicial”, que son ataques directos al estado de derecho. La ley de amnistía que busca “absolver a militares y policías acusados de graves violaciones a derechos humanos” socava la igualdad de acceso a la justicia para las víctimas.

Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

• Esta meta es central en el artículo, que afirma que se busca debilitar a la Fiscalía para “influir en el avance de investigaciones penales que involucran a altos funcionarios del Estado”. Se especifica que “105 de los 130 miembros del Congreso tienen investigaciones abiertas o procesos penales por cargos graves que incluyen corrupción”, lo que evidencia un problema sistémico de corrupción que las acciones descritas buscan encubrir.

Meta 16.6: Crear a nivel nacional instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

• El artículo describe instituciones que están siendo deliberadamente debilitadas y manipuladas. Se menciona que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúa mediante un “procedimiento irregular” para suspender a la Fiscal de la Nación y que sus miembros fueron elegidos en un “proceso con graves irregularidades”. Esto demuestra una falta de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles (…) la capacidad de (…) combatir la delincuencia.

• El artículo concluye con un “llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los mecanismos de protección de derechos humanos para que se pronuncien y (…) adopten medidas concretas”. Esta solicitud de “acompañamiento internacional” es un llamado directo a la cooperación internacional para fortalecer las instituciones peruanas que luchan contra la corrupción y la impunidad.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Indicador implícito relacionado con la Meta 16.5 (Reducir la corrupción)

• Aunque no se cita un indicador oficial como el 16.5.1 (prevalencia del soborno), el artículo proporciona un dato cualitativo y cuantitativo que funciona como un indicador de facto de la corrupción a alto nivel: el hecho de que “105 de los 130 miembros del Congreso tienen investigaciones abiertas o procesos penales por cargos graves que incluyen corrupción”. Un seguimiento de este número podría medir el progreso (o retroceso) en la lucha contra la corrupción en el poder legislativo.

Indicador implícito relacionado con la Meta 16.3 (Promover el estado de derecho)

• El artículo menciona que jueces y fiscales son amenazados públicamente y enfrentan procedimientos disciplinarios por inaplicar una ley de amnistía que contraviene “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”. El número de jueces y fiscales que enfrentan este tipo de represalias por defender el estado de derecho puede ser utilizado como un indicador implícito del nivel de independencia judicial y la fortaleza del estado de derecho en el país.

Indicador implícito relacionado con la Meta 16.6 (Instituciones eficaces y transparentes)

• La descripción de “graves irregularidades” en la elección de los miembros de la JNJ y en sus procedimientos, como la suspensión de la Fiscal de la Nación “sin los votos que exige la ley”, sirve como un indicador cualitativo del mal funcionamiento y la falta de transparencia de una institución clave para la supervisión del sistema de justicia.

4. Cree una tabla con tres columnas titulada ‘ODS, metas e indicadores’ para presentar los hallazgos del análisis del artículo.

ODS, metas e indicadores

Fuente: wola.org