Informe sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El presente informe analiza la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la ciudadana Betssy Chávez Chino, contextualizando sus implicaciones dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16): Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

1. Avances hacia el Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho (ODS 16.3)

La Defensoría del Pueblo valora la decisión del Tribunal Constitucional como un paso fundamental para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, en línea con la meta 16.3 de los ODS. La sentencia corrige desviaciones en el uso de la detención arbitraria y reafirma principios esenciales para una sociedad justa y pacífica.

• Protección de la Libertad Personal: El fallo refuerza el rol del hábeas corpus como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
• Principio de Igualdad ante la Ley: Se subraya la necesidad de un trato jurídico uniforme, un pilar para reducir las desigualdades (ODS 10) y asegurar que el sistema de justicia no discrimine, contribuyendo también al ODS 5 (Igualdad de Género) al garantizar un proceso justo para todas las personas.

2. Desafíos Sistémicos para la Construcción de Instituciones Sólidas (ODS 16.6)

Informes previos de esta institución han revelado falencias críticas en la administración de justicia que obstaculizan la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes, como lo exige la meta 16.6 de los ODS.

1. Uso Indebido de la Detención Preliminar: El informe “Detención Preliminar Judicial ¿Detener para investigar o investigar para detener?” (agosto de 2024) evidenció una tendencia a privar de la libertad sin una base investigativa sólida, contraviniendo los principios de un sistema de justicia garantista.
2. Condiciones Inadecuadas de Detención: El “Informe sobre las condiciones materiales en las carceletas” (julio de 2024) alertó sobre condiciones que pueden constituir tratos inhumanos, afectando la dignidad y el bienestar de las personas privadas de libertad (ODS 3).
3. Diligencia Jurisdiccional Insuficiente: Se ha observado una actuación meramente formal del Poder Judicial frente a los requerimientos del Ministerio Público, lo que ha resultado en restricciones indebidas a la libertad personal.

3. La Prisión Preventiva y la Vulneración de Derechos Fundamentales

El uso recurrente y la prolongación indebida de la prisión preventiva representan una grave amenaza para la consolidación de un sistema de justicia alineado con los ODS. Esta práctica no solo contraviene el principio de excepcionalidad, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas.

• Carácter Excepcional Ignorado: La prisión preventiva debe ser el último recurso (ultima ratio). Su uso preferente por parte del órgano persecutor, sin un control judicial riguroso, debilita las garantías procesales.
• Prolongación Injustificada de la Detención: La extensión de la privación de libertad por “cuestiones logísticas”, como se señaló en el fallo del Tribunal Constitucional, es inaceptable y constituye una clara violación de los derechos humanos, alejando al país del cumplimiento del ODS 16.
• Impacto Generalizado: La problemática no es un caso aislado, sino que afecta a un número significativo de ciudadanos, lo que evidencia una falla sistémica que requiere una reforma estructural para garantizar la justicia para todos.

4. Recomendaciones para el Fortalecimiento Institucional y la Agenda 2030

Para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es imperativo adoptar medidas concretas que fortalezcan el sistema de justicia y aseguren la rendición de cuentas.

1. Promover un Marco Legislativo para la Responsabilidad: Se exhorta al Congreso de la República a debatir una ley que establezca responsabilidades efectivas para los operadores del sistema de justicia que vulneren derechos fundamentales, fortaleciendo así la rendición de cuentas (meta 16.6).
2. Vigilancia Permanente y Enfoque de Derechos Humanos: La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de supervisar la situación de las personas privadas de libertad y promover un enfoque que ponga la dignidad humana en el centro de la acción pública, en consonancia con los principios de la Agenda 2030.
3. Garantizar la Debida Motivación Judicial: A través de herramientas como el Amicus Curiae, se continuará promoviendo el debate técnico-jurídico para asegurar que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas, un requisito indispensable para una justicia transparente y predecible.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el objetivo principal abordado en el artículo. El texto se centra en las deficiencias del sistema de justicia peruano, como las detenciones arbitrarias, la falta de diligencia judicial, el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad de instituciones responsables y transparentes. La discusión sobre el hábeas corpus, el debido proceso, la libertad personal y la correcta administración de justicia está directamente alineada con la promoción de un estado de derecho y el acceso a la justicia para todos.

• ODS 10: Reducción de las Desigualdades

  El artículo menciona explícitamente “la importancia del principio de igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas reciban un trato jurídico uniforme”. Al señalar que el problema de las prisiones preventivas injustificadas “afectaría a muchos peruanos”, se destaca una desigualdad en el acceso a una justicia efectiva y la protección de los derechos fundamentales, lo que conecta con la meta de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados en el ámbito legal.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  El artículo aborda directamente esta meta al criticar las “detenciones arbitrarias sin orden judicial vigente” y la reducción del rol del Poder Judicial a “una actuación meramente formal”. La defensa del hábeas corpus y la exigencia de un “análisis riguroso por parte de los jueces” son llamados a fortalecer el estado de derecho. La afirmación de que el problema afecta a “muchos peruanos que sufren prisiones preventivas en condiciones similares” subraya la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  La crítica a la “insuficiente diligencia jurisdiccional” y la preocupación de que el Poder Judicial avale los pedidos del Ministerio Público “sin actuar, claro está, sin la debida diligencia” apuntan a una falta de eficacia y rendición de cuentas. La propuesta de que el “Congreso de la República evalúe la discusión de una Ley que establezca responsabilidades más allá del plano administrativo para los operadores del sistema de justicia que vulneren derechos fundamentales” es una acción concreta orientada a mejorar la rendición de cuentas de estas instituciones.

• Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

  El énfasis en el “principio de igualdad ante la ley” y la denuncia de que las fallas del sistema no son un caso aislado, sino una problemática que afecta a muchos ciudadanos, se alinea con esta meta. La propuesta de una nueva ley para sancionar a los operadores de justicia busca corregir una práctica que genera resultados desiguales y vulnera los derechos de los procesados, promoviendo así una medida para garantizar un trato más equitativo.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin sentencia respecto de la población carcelaria total.

  Este indicador está fuertemente implícito en todo el artículo. La discusión central sobre el uso recurrente y la prolongación de las “detenciones preliminares” y la “prisión preventiva” como una práctica problemática en lugar de una “última ratio” se refiere directamente a la población de detenidos que aún no han sido sentenciados. Los informes de la Defensoría del Pueblo mencionados, como “Detención Preliminar Judicial ¿Detener para investigar o investigar para detener?”, son herramientas que analizan cualitativamente los factores que contribuyen a este indicador. Una reducción en el uso indebido de la prisión preventiva, como lo exige el artículo, se reflejaría en una disminución de este indicador.

• Mecanismos de supervisión y rendición de cuentas (Relacionado con la Meta 16.6).

  Aunque no es un indicador numérico oficial de los ODS, el artículo menciona implícitamente mecanismos que sirven para medir el progreso en la rendición de cuentas de las instituciones. La existencia y el contenido de los informes de la Defensoría del Pueblo, como el “Informe sobre las condiciones materiales en las carceletas”, y la presentación de un Amicus Curiae, actúan como indicadores cualitativos del funcionamiento de los mecanismos de supervisión. La propuesta de una “Ley que establezca responsabilidades” para los operadores de justicia es una medida cuyo desarrollo e implementación podría ser monitoreado como un indicador del progreso hacia una mayor rendición de cuentas institucional.

4. Cree una tabla con tres columnas titulada ‘ODS, metas e indicadores’ para presentar los hallazgos del análisis del artículo.

Fuente: defensoria.gob.pe