La Corte Suprema del Estado escucha múltiples casos de la Ley SAFE Child
La Corte Suprema del Estado escucha múltiples casos de la Ley SAFE Child Carolina Journal
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Informe sobre la Ley SAFE Child de Carolina del Norte
El tribunal más alto de Carolina del Norte dedicó su calendario el miércoles a escuchar casos que impugnan parte de la Ley SAFE Child Act de 2019 del estado. Esa ley abrió una ventana de dos años para que las presuntas víctimas de abuso sexual infantil presenten demandas que habían sido prohibidas por el estatuto de limitaciones.
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Los críticos advirtieron a la Corte Suprema del estado que permitir la disposición de “reactivación” de dos años podría tener amplias consecuencias negativas no deseadas.
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“La cuestión principal ante el tribunal es si el tribunal debe cambiar el significado de la constitución y revocar 90 años de precedentes, revocar la voluntad del pueblo tal como se refleja en la constitución de 1971 y sostener que la Asamblea General puede revivir demandas civiles de 50 años de antigüedad cuando el precio por hacerlo sería: primero, la destrucción de la doctrina de derechos adquiridos que ha protegido a la gente de este estado de la extralimitación gubernamental durante más de 200 años; segundo, alterar más de 90 años de confianza y expectativas establecidas de una manera que destruiría el debido proceso para los acusados; y tercero, dar licencia a futuras versiones de la Asamblea General para revivir cualquier reclamación que quiera cuando quiera”, argumentó el abogado Robert King al comienzo del primer caso del día, McKinney v. Goins.
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King representa a la junta escolar del condado de Gaston, un acusado en el caso McKinney. Mientras argumentaba en nombre de la junta escolar, King mencionó a la Iglesia Metodista Clark en el condado de Bladen, un cliente en un caso separado presentado durante el período de reactivación de dos años de la Ley SAFE Child de 2020 y 2021.
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“Esta es una iglesia que tiene un par de docenas de miembros”, dijo King. “Han sido acusados de ser responsables de abusos… que ocurrieron en o alrededor de la década de 1960. No hay ningún miembro de esa iglesia hoy que fuera miembro en 1960. No podemos encontrar a nadie que estuviera presente en 1960… ¿Cómo diablos va a defender la Iglesia Metodista Clark la demanda que se presenta contra ellos?”
Más allá de los desafíos legales para las escuelas de Gaston, la iglesia del condado de Bladen y otros acusados, King advirtió que mantener el período de reactivación de dos años podría abrir la puerta a futuras demandas en otras áreas.
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“No podemos prever todos los problemas que se van a crear”, argumentó King. “Para llegar a donde los demandantes quieren que vayas, tienes que determinar que la Asamblea General puede revivir cualquier demanda que ellos quieran. No hay manera lógica de limitarla a los casos de abuso infantil”.
“Las futuras iteraciones de la Asamblea General pueden traer de vuelta demandas por acoso sexual, por responsabilidad del producto, por discriminación racial”, agregó. “Eso destruye la estabilidad sobre la que se construyó este estado y sobre la que se fundó nuestro sistema de justicia”.
El Procurador General del Estado, Ryan Park, defendió la Ley SAFE Child, “una ley histórica que la Asamblea General aprobó por unanimidad para proteger a los niños de nuestro estado del abuso sexual infantil”.
Park rechazó la confianza de los acusados en el caso Wilkes County v. Forester, un precedente de 1933 que anuló una ley estatal anterior que modifica el estatuto de limitaciones. “Nada en el texto de nuestra constitución impide remotamente que la Asamblea General apruebe una ley de este tipo”, dijo Park.
“Realmente pondría patas arriba nuestro sistema legal si decimos que este derecho adquirido a no estar sujeto a responsabilidad por demandas por agravio por abuso sexual infantil está de alguna manera en lo más alto de la jerarquía de derechos. Así no es como hacemos derecho constitucional hoy en día”, argumentó Park.
Bobby Jenkins argumentó en nombre de los tres demandantes en el caso McKinney. Defendió la aprobación de la Ley SAFE Child por parte de la Asamblea General. “¿Viola una disposición expresa de nuestra constitución más allá de una duda razonable? La respuesta es no, y yo diría que es un no rotundo”, dijo.
Jenkins rechazó los argumentos sobre las posibles consecuencias de la ventana de dos años para la reactivación. “La única pregunta ante este tribunal es si la Asamblea General puede reactivar una demanda por agravio en virtud del derecho consuetudinario que ya había prescrito”, dijo. “No estamos tratando de cambiar por completo el universo de la jurisprudencia del debido proceso”.
El juez Richard Dietz señaló un interés en permitir que la Asamblea General tenga margen de maniobra para cambiar el plazo de prescripción. “Se pueden cambiar las reglas del juego, incluso mientras hay una demanda pendiente”, dijo Dietz. “Si se puede hacer eso, sin duda se pueden cambiar las reglas del juego cuando la demanda ni siquiera se ha presentado todavía”.
“Esa es la situación de su cliente”, le dijo Dietz a King.
El juez Trey Allen cuestionó por qué King centró tanta atención en el caso Wilkes de 1933 y en la constitución estatal de 1971. “Parece que nos está pidiendo que ignoremos el precedente que no le gusta y sigamos el precedente que sí le gusta”, dijo Allen.
La jueza Anita Earls señaló que recientes opiniones de la Corte Suprema del estado han determinado que la Asamblea General puede actuar a menos que una disposición expresa dentro de la constitución estatal bloquee esa acción.
“Según mis cálculos, 44 estados han hecho esta pregunta: … ¿Se puede cambiar el plazo de prescripción y aplicarlo retroactivamente?”, dijo Earls. “Treinta y dos han dicho que sí se puede. ¿Qué encontraríamos en la Constitución de Carolina del Norte que diga que nuestro estado tiene la intención de brindar menos protección bajo nuestra cláusula de derecho de la tierra a las víctimas de abuso sexual infantil?”.
La jueza Allison Riggs se mantuvo al margen de la discusión. Ella escribió la opinión mayoritaria en el fallo 2-1 del Tribunal de Apelaciones del estado en septiembre de 2023 que confirma la Ley SAFE Child en el caso McKinney. No votará cuando la Corte Suprema del estado emita su decisión.
El calendario de la Corte Suprema del estado del miércoles también incluyó casos de la Ley SAFE Child que involucraron a los Home Missioners of America, la Diócesis Católica Romana de Charlotte y la Conferencia del Oeste de Carolina del Norte de la Iglesia Metodista Unida.
No hay fecha límite para que el tribunal emita decisiones en ninguno de los casos.
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con los temas destacados en el artículo:
- Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- Objetivo 5: Igualdad de género
2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:
- Objetivo 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
- Objetivo 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado.
3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:
- Indicador 16.2.2: Proporción de jóvenes y adultos que informaron haber sufrido violencia física, sexual o psicológica en los últimos 12 meses.
- Indicador 5.2.1: Proporción de mujeres y niñas de 15 años y más que han experimentado violencia física o sexual en los últimos 12 meses.
4. Tabla de ODS, metas e indicadores:
| ODS | Metas | Indicadores |
|---|---|---|
| Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. | 16.2.2: Proporción de jóvenes y adultos que informaron haber sufrido violencia física, sexual o psicológica en los últimos 12 meses. |
| Objetivo 5: Igualdad de género | 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado. | 5.2.1: Proporción de mujeres y niñas de 15 años y más que han experimentado violencia física o sexual en los últimos 12 meses. |
Fuente: carolinajournal.com
