Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en El Salvador en el Marco del Régimen de Excepción y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contexto General de la Situación

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ha emitido serias acusaciones contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, Raquel Caballero, señalándola de encubrir violaciones a los derechos humanos. Estas denuncias surgen en el contexto de un prolongado régimen de excepción, implementado como principal estrategia de seguridad del Gobierno. Dicha medida, que ha sido extendida en 42 ocasiones desde marzo de 2021, ha resultado en más de 88,000 detenciones.

Acusaciones y Datos Relevantes

Las organizaciones de la sociedad civil y movimientos como Movir han documentado un alarmante panorama que contraviene directamente los principios fundamentales de los derechos humanos y los compromisos internacionales del país. Los puntos clave de la denuncia son:

• Inacción Institucional: Se acusa a la Procuradora Caballero de no actuar en defensa de las víctimas, omitiendo pronunciarse sobre las muertes ocurridas en centros penales y la detención de miles de personas sin pruebas delictivas.
• Cifras de Violaciones:
  1. Más de 400 personas detenidas han fallecido bajo custodia del Estado, muchas de ellas con signos de violencia.
  2. El propio Gobierno ha reconocido la detención de al menos 8,000 personas inocentes.
  3. Organizaciones humanitarias han registrado más de 6,400 denuncias por detenciones arbitrarias y tortura.
• Detención de Voces Críticas: Se ha denunciado la detención de líderes comunitarios, abogados ambientalistas, expertos en anticorrupción y constitucionalistas, lo que sugiere una instrumentalización del régimen de excepción para silenciar la disidencia.

Análisis desde la Perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La situación descrita representa un grave retroceso en el cumplimiento de la Agenda 2030, afectando de manera significativa varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Este es el objetivo más directamente comprometido. Las acciones documentadas socavan varias de sus metas fundamentales:

• Meta 16.1 (Reducir todas las formas de violencia): Las más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal representan una falla crítica en la protección de la vida y un aumento de la violencia institucional.
• Meta 16.3 (Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia): Las detenciones arbitrarias masivas, la admisión de miles de arrestos de inocentes y la práctica de “capturar primero e investigar después” violan el principio de debido proceso y el acceso a una justicia imparcial.
• Meta 16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas): Las acusaciones contra la PDDH, una institución clave para la supervisión de los derechos humanos, de actuar como “tapadera” del Gobierno, evidencian una crisis de transparencia y rendición de cuentas que debilita el andamiaje institucional del país.
• Meta 16.10 (Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales): La detención de activistas, abogados y críticos del Gobierno atenta directamente contra la libertad de expresión y asociación, pilares de una sociedad democrática.

ODS 10: Reducción de las Desigualdades

El régimen de excepción impacta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, exacerbando las desigualdades existentes y contraviniendo la Meta 10.3 (Garantizar la igualdad de oportunidades). La falta de acceso a una defensa legal adecuada para miles de detenidos profundiza la brecha entre quienes pueden y no pueden defender sus derechos, perpetuando ciclos de exclusión y marginación.

Conclusión del Informe

Si bien el régimen de excepción goza de alta aprobación popular y ha sido un factor clave en la reelección presidencial, su implementación presenta graves conflictos con los estándares internacionales de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La falta de supervisión efectiva y la presunta complicidad de instituciones garantes, como la PDDH, ponen en riesgo los cimientos del estado de derecho y la construcción de una paz sostenible y justa en El Salvador, tal como lo promueve la Agenda 2030.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra directamente en la ruptura del estado de derecho, las violaciones de derechos humanos y el fracaso de las instituciones de justicia y supervisión en El Salvador. Temas como las detenciones arbitrarias, las muertes bajo custodia estatal, la falta de debido proceso y las acusaciones contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son elementos centrales del ODS 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y construir instituciones eficaces y responsables.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
   • El artículo destaca que las organizaciones humanitarias “reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia”. Esto se relaciona directamente con la necesidad de reducir las muertes violentas, especialmente aquellas que ocurren bajo la responsabilidad del Estado.
2. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
   • El texto denuncia múltiples fallas en el estado de derecho. Se mencionan “detenciones arbitrarias”, el hecho de que el Gobierno ha admitido “la detención de al menos 8.000 inocentes”, y la práctica de que “hoy capturan a la gente y después la investigan”. Esto demuestra una clara falta de acceso a la justicia y la erosión de las garantías procesales.
3. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
   • El artículo critica duramente a una institución clave para la rendición de cuentas: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) acusa a la procuradora de ser “tapadera” (encubrir) de los atropellos y de no haber “hecho absolutamente nada por defender los derechos de las víctimas”. Esto evidencia la percepción de que una institución fundamental no es eficaz ni rinde cuentas.
4. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
   • El artículo menciona la detención de “varios activistas y críticos del Gobierno”, incluyendo un líder comunitario, un abogado ambientalista, una abogada anticorrupción y un abogado constitucionalista. Estas acciones representan un ataque directo a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y asociación, y a quienes defienden los derechos humanos.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes.
   • Aunque no se presenta como una tasa, el artículo proporciona un número absoluto que sirve como dato base para este indicador: “más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal”. Este dato específico sobre muertes violentas en centros de detención es una medida directa de la violencia letal.
2. Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin haber sido sentenciados, del total de personas recluidas en centros de detención.
   • El artículo lo menciona implícitamente cuando el coordinador de Movir cuestiona a la procuradora sobre “casi la mitad de personas capturadas (en el régimen) que no han sido condenados porque no encuentran delito”. Esto alude directamente a una alta proporción de la población reclusa que se encuentra en detención preventiva y sin sentencia.
3. Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
   • El texto proporciona ejemplos concretos que se alinearían con este indicador al mencionar “la detención” de un “líder comunitario”, un “abogado ambientalista”, una “abogada anticorrupción” y un “abogado constitucionalista y crítico del Gobierno”. Estos son casos específicos de detención de defensores de derechos humanos y críticos del gobierno.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: quepasamedia.com