Caso Gestión del Agua: las defensas cuestionan a la fiscal por seguir acusando y piden la absolución – Canarias7

Informe del Juicio ‘Caso Gestión del Agua’: Implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción y Contexto del Caso
El proceso judicial conocido como ‘caso Gestión del Agua’ ha llegado a su fase final en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Este informe analiza la última sesión del juicio, donde se solicitó la absolución de 15 acusados por presunta apropiación indebida o administración desleal en la gestión de contratos de la empresa mixta de aguas entre 2008 y 2012. El caso trasciende el ámbito penal, presentando profundas implicaciones para la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
Argumentos de la Defensa: Un Examen bajo el Prisma del ODS 16
La defensa de los acusados ha fundamentado su petición de absolución en argumentos que resuenan directamente con los principios del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Este objetivo aboga por la existencia de instituciones eficaces, responsables y transparentes, así como por garantizar el acceso a la justicia para todos. Los principales puntos esgrimidos por la defensa incluyen:
- Insuficiencia Probatoria: Se argumentó una falta de sustento probatorio para fundamentar una condena, señalando que la acusación se basa en hipótesis y no en pruebas de cargo, un pilar para un sistema de justicia fiable (Meta 16.3).
- Falta de Rigor Acusatorio: Las defensas recriminaron a la Fiscalía la ausencia del “rigor exigible” en su evaluación, lo que dificulta un ejercicio de defensa con plenas garantías y pone en tela de juicio la eficacia de las instituciones judiciales (Meta 16.6).
- Responsabilidad Institucional: Se destacó que ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (socio mayoritario) ni la propia empresa Emalsa mantienen la acusación. La retirada del Ayuntamiento fue calificada como un “acto de responsabilidad institucional”, reflejando la capacidad de las instituciones para actuar con base en una evaluación ponderada (Meta 16.6).
- Vulneración de Derechos Fundamentales: Se denunció una vulneración del derecho a la defensa y del principio acusatorio, aludiendo a una causa general donde “todos responden por todo”, contrario al principio de culpabilidad personal que debe regir en un Estado de Derecho (Meta 16.3).
Análisis de la Gestión: Contratos y su Relación con el ODS 6 y ODS 11
El núcleo de la disputa se centra en la gestión de contratos, especialmente el arrendamiento de la nueva sede de Emalsa. Esta decisión empresarial se examina en el contexto del ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), que demandan una gestión eficiente y sostenible de los recursos e infraestructuras urbanas, incluyendo los servicios de agua.
Justificación del Contrato de Sede Corporativa
La defensa argumentó que el traslado de la sede no fue un acto perjudicial, sino una decisión estratégica beneficiosa para la empresa y, por extensión, para la prestación del servicio. Los argumentos presentados para justificar la operación se alinean con una visión de modernización y eficiencia:
- Mejora de Infraestructuras: Se enfatizó la mejora sustancial en calidad, seguridad y accesibilidad del nuevo edificio en comparación con el anterior, con más de 50 años de antigüedad. Una infraestructura moderna es clave para la gestión eficiente de un servicio esencial como el agua (ODS 6 y ODS 9).
- Decisión Corporativa Legítima: Se sostuvo que los directivos estaban facultados para suscribir dichos contratos y que la decisión fue consentida por todos los socios de la empresa mixta, lo que subraya el funcionamiento de las alianzas público-privadas (ODS 17).
- Ausencia de Perjuicio Económico: Citando a peritos, se afirmó que la renta del alquiler se encontraba dentro de los márgenes de mercado y que la operación no generó un perjuicio económico para la compañía, un factor crucial para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de agua (ODS 6).
- Validez Contractual: Se reiteró que los socios de Emalsa han confirmado la validez de todas las cláusulas del contrato a lo largo de los años, lo que indica un consenso sobre su beneficio para la operatividad de la empresa.
Conclusión: Un Caso Visto para Sentencia con Relevancia para la Gobernanza Sostenible
El juicio ‘caso Gestión del Agua’ ha quedado visto para sentencia. El fallo del magistrado Francisco Liñán Aguilera no solo determinará la responsabilidad penal de los acusados, sino que también sentará un precedente sobre la evaluación judicial de la gestión en empresas de servicios públicos. Este caso pone de manifiesto la tensión entre la discrecionalidad empresarial y el control público, y subraya la importancia de que las actuaciones judiciales se desarrollen con el máximo rigor para fortalecer la confianza en las instituciones, un pilar del ODS 16. Asimismo, resalta cómo las decisiones de gestión interna de una empresa de aguas impactan directamente en la capacidad de una ciudad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, en línea con los ODS 6 y 11.
1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?
El artículo sobre el “caso Gestión del Agua” se conecta principalmente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Este es el ODS más relevante. El artículo se centra en un proceso judicial que aborda presuntos delitos de corrupción (apropiación indebida y administración desleal) dentro de una empresa mixta. Trata directamente sobre la promoción del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la necesidad de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Las defensas alegan la vulneración del “derecho a la defensa” y del “Estado de Derecho”, mientras que la Fiscalía busca sancionar un presunto perjuicio económico de 23,4 millones de euros, lo que pone de manifiesto la función del sistema judicial para garantizar la justicia y la integridad institucional.
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ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento
Aunque el artículo no trata sobre la calidad o el acceso al agua, sí se enfoca en la gestión de Emalsa, la “empresa mixta de aguas”. La gobernanza y la gestión financiera transparente de las entidades responsables de los recursos hídricos son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de agua. Un caso de presunta mala administración en una empresa de este tipo impacta directamente en la capacidad de gestionar los recursos hídricos de manera eficaz, un pilar del ODS 6.
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ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
El caso involucra al “Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria” como socio mayoritario de Emalsa. La gestión adecuada de los servicios básicos, como el agua, es crucial para el desarrollo de ciudades sostenibles. La corrupción o la administración desleal en la gestión de estos servicios compromete los recursos públicos y la confianza en las instituciones municipales, afectando la sostenibilidad y la calidad de vida urbana.
2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?
Basado en el contenido del artículo, se pueden identificar las siguientes metas específicas de los ODS:
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Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
El núcleo del juicio es la acusación por “delitos de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal”, que son formas de corrupción. El proceso judicial en sí es un mecanismo para abordar y sancionar estas prácticas, buscando reducir la corrupción dentro de la gestión de una empresa con participación pública.
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Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
El artículo expone un conflicto sobre la eficacia y transparencia de Emalsa y del propio sistema judicial. Las defensas critican la “ausencia del rigor exigible” por parte de la Fiscalía y la retirada de la acusación por parte del Ayuntamiento se presenta como un “acto de responsabilidad institucional”. Todo el caso es un examen de la capacidad de las instituciones (empresa, ayuntamiento, fiscalía, tribunales) para rendir cuentas.
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Meta 6.b: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
La presencia de la plataforma “El Sol sale para todos” como acusación popular, aunque su legitimidad es cuestionada por la defensa, representa una forma de participación de la sociedad civil en la vigilancia de la gestión de un servicio público esencial como es el agua.
3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?
El artículo, al ser una crónica judicial, no presenta datos estadísticos, pero sí menciona o implica situaciones que se relacionan con los indicadores de los ODS:
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Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno.
El caso judicial en sí mismo es un dato cualitativo relevante para este indicador. La existencia de un proceso por un presunto perjuicio económico de “23,4 millones de euros” debido a la gestión de directivos de una empresa con participación pública es una manifestación de los problemas de corrupción que este indicador busca medir. El resultado del juicio (absolución o condena) será un reflejo de la capacidad del sistema para procesar estos casos.
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Indicador 16.3.2: Detenidos no sentenciados como proporción de la población carcelaria total.
De manera implícita, el artículo toca la eficiencia del sistema de justicia. El abogado defensor destaca que “17 años después venimos a defender la inocencia de nuestros patrocinados” y que se explica a los acusados “12 años después que han retirado la pena del banquillo”. Esta prolongada duración del proceso judicial es un reflejo de la lentitud del sistema, un aspecto que este indicador, junto con otros sobre la eficiencia judicial, busca medir.
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Indicador 6.5.1: Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos.
El conflicto legal sobre la gestión de contratos y finanzas en Emalsa evidencia fallos en la gobernanza del agua. Un sistema de gestión integrada de recursos hídricos requiere no solo planificación técnica, sino también marcos institucionales transparentes y libres de corrupción. El “caso Gestión del Agua” demuestra que la implementación de una gestión eficaz está comprometida, lo que afectaría negativamente a la medición de este indicador para la región.
4. Tabla de ODS, metas e indicadores
ODS, metas e indicadores | Metas Correspondientes | Indicadores Específicos |
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ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas |
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ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento |
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ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
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Fuente: canarias7.es