Informe sobre la Declaratoria de Emergencia del Sistema Judicial Ecuatoriano y su Implicancia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1. Introducción y Contexto General

Se ha anunciado oficialmente que el sistema judicial de Ecuador será declarado en estado de emergencia a partir de agosto de 2025. Esta medida, liderada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, responde a una crisis sistémica caracterizada por severas deficiencias presupuestarias, de personal e infraestructura. La declaratoria se fundamenta en la Ley Orgánica de Integridad Pública y representa un esfuerzo crítico para alinear la Función Judicial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

2. Diagnóstico de la Crisis y su Impacto en los ODS

El análisis preliminar realizado por el Consejo de la Judicatura revela una situación alarmante que obstaculiza directamente el cumplimiento de varios ODS. Las deficiencias identificadas socavan la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal a la justicia y mantener el estado de derecho.

2.1. Déficit de Infraestructura y Tecnología (ODS 9 y ODS 16)

La infraestructura judicial presenta un estado crítico que contraviene las metas del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), enfocado en construir infraestructuras resilientes y de calidad. El diagnóstico señala:

• 124 dependencias judiciales con deficiencias estructurales graves.
• 87 dependencias adicionales en progresivo deterioro.

Esta precariedad no solo afecta la operatividad, sino que también limita el acceso a la justicia para los ciudadanos, un pilar fundamental del ODS 16.

2.2. Insuficiencia de Talento Humano (ODS 8 y ODS 16)

La falta de personal calificado impide una administración de justicia eficiente y accesible, impactando negativamente el ODS 16. Asimismo, la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo se alinea con el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). Las necesidades específicas son:

1. Consejo de la Judicatura: Requiere 753 nuevos jueces.
2. Fiscalía General del Estado: Necesita incorporar 600 agentes fiscales y personal de apoyo.
3. Defensoría Pública: Demanda al menos 100 defensores públicos adicionales.

La ausencia de estos funcionarios genera hacinamiento de causas y retrasa la justicia, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y contraviniendo el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).

3. Requerimientos Financieros para la Reestructuración

Para abordar esta crisis y avanzar hacia la consecución de los ODS, se ha estimado una necesidad de inversión que duplica el presupuesto actual de la Judicatura. El desglose de los fondos requeridos es el siguiente:

• USD 200 millones: Para la modernización de infraestructura física, tecnología, mobiliario y equipos.
• USD 50,4 millones: Para la incorporación de nuevos jueces.
• USD 58,6 millones: Para el fortalecimiento de la Fiscalía.
• USD 33,2 millones: Para ampliar la capacidad de la Defensoría Pública.

La movilización de estos recursos es un prerrequisito para construir las instituciones sólidas y eficaces que demanda el ODS 16.

4. Marco Legal y Acciones a Implementar

La declaratoria de emergencia se habilita a través de la Ley Orgánica de Integridad Pública, una herramienta diseñada para permitir reestructuraciones institucionales ágiles y efectivas. Esta ley faculta al Consejo de la Judicatura para:

• Movilizar recursos de manera expedita.
• Implementar reformas administrativas urgentes.
• Realizar una evaluación integral del personal y los procesos internos.

El presidente de la Judicatura ha aclarado que el objetivo no es una remoción masiva de funcionarios, sino una evaluación profunda basada en los principios de transparencia, meritocracia y probidad, en total consonancia con las metas del ODS 16.2, que busca acabar con el maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, y el ODS 16.5, que busca reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

5. Conclusión: Un Reto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible

La crisis del sistema judicial ecuatoriano es un obstáculo fundamental para el desarrollo del país. La declaratoria de emergencia es una oportunidad para una transformación profunda que fortalezca el estado de derecho. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de forjar alianzas estratégicas, como lo promueve el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), asegurando el financiamiento necesario y el apoyo coordinado entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la propia Función Judicial. La reestructuración del sistema de justicia es indispensable para garantizar la paz, la seguridad y el acceso a la justicia para todos los ecuatorianos, sentando las bases para un desarrollo verdaderamente sostenible.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

   • El artículo se centra en la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la necesidad de fortalecerlo y garantizar su funcionamiento adecuado. La declaración de emergencia, la evaluación integral del sistema, la necesidad de más jueces, fiscales y defensores, y la lucha por la transparencia y la probidad están directamente vinculadas a la construcción de instituciones de justicia eficaces y responsables.

2. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

   • El texto destaca las “graves deficiencias estructurales en 124 de las 245 dependencias judiciales” y la necesidad de una inversión de “USD 200 millones para infraestructura física, tecnología, mobiliario, equipos y vehículos”. Esto se relaciona con el desarrollo de infraestructuras fiables y de calidad, que en este caso son esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia.

3. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

   • Se menciona la enorme brecha presupuestaria y la incertidumbre sobre cómo se financiará la reestructuración. El artículo plantea la posibilidad de que la Judicatura deba gestionar “cooperación internacional”, lo que alude a la necesidad de alianzas para movilizar recursos financieros y técnicos para el desarrollo sostenible.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   • El artículo evidencia las barreras para el acceso a la justicia, como el “hacinamiento de causas” y la falta de personal (jueces, fiscales, defensores). La declaratoria de emergencia y la solicitud de más recursos buscan precisamente fortalecer el estado de derecho y mejorar la capacidad del sistema para proveer justicia a los ciudadanos.

2. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   • El objetivo central de la declaratoria de emergencia es realizar una “evaluación integral de todos los componentes del sistema” para “garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia”. La mención de la “Ley Orgánica de Integridad Pública” y el énfasis en la transparencia, meritocracia y probidad apuntan directamente a la creación de instituciones más eficaces y transparentes.

3. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

   • La crisis se enmarca en un contexto de “uso político de cargos clave” y “sospechas sobre presiones o injerencias políticas”. La Ley de Integridad Pública y el objetivo de una “administración pública eficiente, proba y funcional” son medidas destinadas a combatir la corrupción y fortalecer la integridad institucional.

4. Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

   • El diagnóstico que justifica la emergencia identifica explícitamente el “deterioro progresivo” de la infraestructura judicial. La solicitud de USD 200 millones para mejorar la infraestructura física y tecnológica de las dependencias judiciales es un esfuerzo directo por cumplir con esta meta en el sector de la justicia.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicadores implícitos para la Meta 16.3 (Acceso a la justicia)

   • El artículo no menciona indicadores oficiales, pero proporciona datos que actúan como indicadores de la falta de acceso a la justicia. Estos incluyen:
     • Número de jueces, fiscales y defensores públicos: El artículo especifica la necesidad de “incorporar a 753 nuevos jueces”, “600 nuevos agentes fiscales” y “100 defensores públicos adicionales”. El seguimiento de la contratación de este personal sería un indicador de progreso.
     • Congestión judicial: Se menciona el “hacinamiento de causas” como un problema clave, un indicador cualitativo de la lentitud del sistema.

2. Indicadores para la Meta 16.6 (Instituciones eficaces)

   • Gasto público en el sistema judicial (relacionado con el Indicador 16.6.1): El artículo proporciona cifras exactas sobre el déficit presupuestario. Menciona que se necesitan “aproximadamente USD 364 millones”, lo que “duplicaría el presupuesto actual”. El porcentaje del presupuesto solicitado que es finalmente asignado y ejecutado es un indicador cuantitativo clave para medir el fortalecimiento institucional.

3. Indicadores para la Meta 9.1 (Infraestructura de calidad)

   • Estado de la infraestructura judicial: El artículo ofrece un indicador directo del estado actual: “graves deficiencias estructurales en 124 de las 245 dependencias judiciales del país, así como el deterioro progresivo de otras 87”. La reducción de este número a lo largo del tiempo sería un indicador de éxito.
   • Inversión en infraestructura: La cifra de “USD 200 millones” requeridos para infraestructura es un indicador financiero. El monto que se logre invertir puede ser medido para evaluar el progreso.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: infobae.com