Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contexto de la Audiencia ante la CIDH y su Vínculo con el ODS 16

Con fecha del 25 de julio de 2025, un consorcio de organizaciones internacionales, en representación de la sociedad civil venezolana, compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El propósito de la audiencia fue exponer la intensificación de una política de represión sistemática dirigida contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta situación representa un grave retroceso en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Patrones de Represión y Violación Directa de los ODS

Estrategia Deliberada contra la Sociedad Civil y el Estado de Derecho

Las organizaciones denunciantes han identificado una serie de patrones que constituyen una estrategia deliberada para castigar y disuadir la defensa de los derechos humanos. Estas acciones socavan directamente varias metas de los ODS:

• Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos: Estas prácticas violan frontalmente la meta 16.1 de los ODS, que exige la reducción de todas las formas de violencia, y la meta 16.3, que promueve el estado de derecho y garantiza la igualdad de acceso a la justicia. Asimismo, atentan contra el ODS 3 (Salud y Bienestar) al infligir graves daños físicos y psicológicos.
• Criminalización y negación de la defensa: La imputación de delitos como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas y la negación del acceso a una defensa adecuada contravienen la meta 16.3. Se pervierte el sistema de justicia, transformándolo en una herramienta de persecución en lugar de un pilar para la paz y la justicia.
• Anulación de pasaportes, vigilancia y amenazas: Estas medidas restringen las libertades fundamentales y violan la meta 16.10, que busca garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. La anulación de pasaportes impide la participación en foros internacionales, obstaculizando el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Ataques

La evidencia recopilada demuestra una alarmante escalada en la represión:

• Durante el primer semestre de 2024, se documentaron más de 592 ataques contra personas defensoras.
• En 2025, una organización local registró 236 ataques e incidentes de seguridad adicionales.

Un caso emblemático es el de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien fue víctima de desaparición forzada y permanece detenido e incomunicado. Este hecho evidencia el incumplimiento de las obligaciones del Estado y el desprecio por los mecanismos de protección, debilitando la arquitectura de los derechos humanos que sustenta el ODS 16.

Cierre del Espacio Cívico y Obstáculos a la Agenda 2030

Instrumentalización Legal y Financiera para Socavar la Defensa de Derechos

Se ha denunciado el uso de un entramado legal restrictivo para clausurar el espacio cívico, lo que impide el trabajo de organizaciones esenciales para el monitoreo y avance de todos los ODS. La implementación de la Ley de Fiscalización de ONG, con sus requisitos onerosos y sanciones desproporcionadas, ha forzado la suspensión de actividades y el cierre de organizaciones. Esta ley, junto a otras como la Ley Contra el Odio, obstaculiza la operatividad de la sociedad civil, afectando su capacidad para contribuir al ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) y ODS 8 (Trabajo Decente), al limitar proyectos y financiamiento.

Adicionalmente, la instrumentalización del sistema bancario mediante normativas antilavado se utiliza para exigir información sensible a las ONG, dificultando su funcionamiento y creando un ambiente de hostilidad que atenta contra la meta 16.6 sobre el desarrollo de instituciones eficaces, responsables y transparentes.

Peticiones a la Comunidad Internacional en el Marco del ODS 17

Llamado a la Acción para el Fortalecimiento de Alianzas y Mecanismos de Protección

Ante la persistencia de esta crisis, y en línea con el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), las organizaciones peticionarias solicitan a la CIDH una acción robusta y coordinada. Las peticiones específicas son:

1. Fortalecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), articulando su labor con otros mecanismos regionales e internacionales.
2. Reportar de manera regular y sistemática la situación de Venezuela ante los órganos políticos de la OEA para asegurar una respuesta coordinada.
3. Robustecer el sistema de medidas cautelares, incluyendo llamados expresos y públicos a la liberación de personas defensoras detenidas arbitrariamente, como un paso fundamental para restaurar las condiciones para la paz y la justicia (ODS 16).

La Labor de los Defensores como Pilar para la Agenda 2030

La labor de las personas defensoras en Venezuela es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases para la rendición de cuentas, componentes indispensables del ODS 16. Su protección no es solo un imperativo de derechos humanos, sino una condición necesaria para cualquier avance hacia el desarrollo sostenible en el país. Su acompañamiento requiere un compromiso firme y sostenido de la comunidad internacional, en consonancia con el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030.

Organizaciones Firmantes

• Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR)
• Amnistía Internacional
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

   • El artículo se centra casi en su totalidad en la erosión de la paz, la justicia y las instituciones en Venezuela. Describe una “política de represión y persecución sistemática” que socava directamente el estado de derecho. Las denuncias de “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos” son violaciones directas de los principios de paz y justicia. Además, la “criminalización” de defensores de derechos humanos y la negación del “acceso a una defensa adecuada” demuestran el colapso de instituciones judiciales justas y eficaces. La creación de leyes como la “Ley de Fiscalización de ONG” se presenta como un mecanismo institucional para reprimir a la sociedad civil, lo que va en contra del objetivo de tener instituciones transparentes y responsables.

2. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

   • El artículo es en sí mismo un ejemplo de este objetivo en acción. Se inicia declarando que “Organizaciones internacionales, en representación de un grupo de organizaciones nacionales venezolanas, nos presentamos a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Esta colaboración entre organizaciones locales, internacionales (como Robert F. Kennedy Human Rights, Amnistía Internacional, CEJIL) y un organismo regional (la CIDH) es una alianza estratégica para abordar la crisis de derechos humanos. La solicitud de las organizaciones para que la CIDH fortalezca el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y articule su labor con otros mecanismos es un llamado a reforzar estas alianzas para lograr un impacto efectivo.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

   • El artículo denuncia explícitamente formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos”. Estos actos son una clara contravención de esta meta.

2. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

   • Este es un tema central. El texto describe cómo el estado de derecho está siendo desmantelado. Se menciona que fiscales imputan delitos como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas, y se “niega sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares”. La instrumentalización del sistema judicial para perseguir a disidentes es la antítesis de esta meta.

3. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

   • El artículo detalla múltiples violaciones a las libertades fundamentales. La “anulación arbitraria de pasaportes” restringe la libertad de movimiento. La “vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización” atentan contra la libertad de expresión y asociación. La implementación de la “Ley de Fiscalización de ONG” y otras leyes restrictivas tiene como objetivo explícito “cerrar el espacio cívico”, atacando directamente las libertades fundamentales.

4. Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles […] la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

   • El artículo evidencia el fracaso de las instituciones nacionales para proteger a los ciudadanos. En lugar de prevenir la violencia, son utilizadas para perpetrarla. La apelación de las organizaciones a la CIDH y otros mecanismos internacionales es un claro ejemplo de la necesidad de “cooperación internacional” para suplir la falta de capacidad y voluntad de las instituciones nacionales para defender los derechos humanos.

5. Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil

   • La acción descrita en el artículo —una coalición de organizaciones de la sociedad civil (RFKHR, Amnistía Internacional, CEJIL, DPLF, WOLA, OMCT) presentando un caso ante un organismo público intergubernamental (la CIDH)— es una manifestación directa de una alianza de la sociedad civil para influir en la esfera pública y buscar la rendición de cuentas.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses

   • El artículo proporciona datos cuantitativos que se alinean directamente con este indicador. Menciona que “en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras” y que “en 2025 la tendencia se mantuvo: una organización local documentó 236 ataques e incidentes de seguridad contra personas defensoras”. También cita casos específicos de “desapariciones forzadas seguidas de detenciones arbitrarias”, como el de Eduardo Torres.

2. Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin que se les haya dictado sentencia respecto del total de la población reclusa

   • Este indicador está implícito en las denuncias de “detenciones arbitrarias” y la descripción del caso de Eduardo Torres, quien “aún se encuentra incomunicado y detenido en El Helicoide”. La falta de mención de un juicio o sentencia, junto con la negación de una “defensa adecuada”, sugiere un alto número de personas detenidas sin el debido proceso, lo que se relaciona directamente con este indicador.

3. Indicador 16.a.1: Existencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes que cumplen los Principios de París

   • El artículo implica fuertemente la ausencia o el incumplimiento de este indicador. Al describir un sistema judicial y legal que se utiliza para la “criminalización” y la persecución, y al tener que recurrir a organismos internacionales como la CIDH para la protección, se evidencia que las instituciones nacionales de derechos humanos no son independientes ni funcionales, o no cumplen con los estándares internacionales.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: rfkhumanrights.org