Informe sobre la Situación de los Derechos Civiles y Políticos en Argentina y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Introducción y Alerta Internacional

Un conjunto de nueve Relatorías y Grupos de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una advertencia formal al Estado argentino en relación con el deterioro sistemático de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos observado desde diciembre de 2023. El informe atribuye esta regresión a la implementación del “protocolo antipiquetes”, una medida que contraviene directamente los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), al socavar el estado de derecho y las libertades fundamentales.

El análisis se fundamenta en el monitoreo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que ha documentado la represión de la protesta social y la criminalización de los manifestantes.

Hallazgos Principales y Afectación de Derechos Fundamentales

El informe de la ONU detalla una serie de violaciones que comprometen el avance de Argentina hacia una sociedad justa e inclusiva. Las principales afectaciones documentadas incluyen:

• Derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación: El protocolo restringe severamente la capacidad de la ciudadanía para manifestarse, un pilar esencial para la participación democrática contemplado en el ODS 16.10.
• Libertad de expresión: La normativa, acompañada de discursos hostiles por parte de funcionarios, crea un ambiente de intimidación que coarta la libre expresión de ideas y reclamos sociales.
• Derecho a no ser detenido arbitrariamente y al debido proceso: Se han registrado detenciones arbitrarias, a menudo durante la desconcentración de las marchas, con imputaciones vagas y sin garantías procesales, vulnerando el ODS 16.3 que promueve el acceso igualitario a la justicia.
• Independencia judicial: El informe expresa preocupación por el hostigamiento a jueces que han actuado en salvaguarda de los derechos de los manifestantes, lo que constituye un ataque directo a la fortaleza e independencia de las instituciones judiciales (ODS 16.6).

Impacto Directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Las políticas implementadas no solo violan los derechos humanos, sino que también representan un retroceso significativo en el cumplimiento de la Agenda 2030.

• ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): La represión afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables, como jubilados y trabajadores, que protestan por condiciones económicas adversas. Al silenciar sus reclamos, se perpetúan y profundizan las desigualdades económicas y sociales.
• ODS 3 (Salud y Bienestar): El uso desproporcionado de armas “menos letales” ha provocado cientos de heridos, incluyendo niños, personal médico y periodistas. Esta violencia estatal atenta directamente contra la salud y el bienestar de la población.
• ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): Este es el objetivo más comprometido. La calificación de las protestas como “actos de terrorismo”, las reformas legales regresivas y la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad erosionan la confianza pública y debilitan el estado de derecho, alejando al país de la meta de construir una sociedad pacífica y con instituciones responsables.

Metodología de la Represión y Criminalización

El monitoreo de la CPM, validado por la ONU, ha identificado un patrón en la actuación estatal:

1. Despliegue desproporcionado de fuerzas: Se ha utilizado a la Prefectura y Gendarmería, cuerpos cuyo mandato no corresponde a la gestión de movilizaciones sociales.
2. Uso de la violencia: El empleo de armamento menos letal ha sido una constante, causando lesiones a manifestantes, observadores de derechos humanos y periodistas.
3. Detenciones arbitrarias: Se han realizado arrestos sin causa individualizada y con imputaciones genéricas, como una táctica para disuadir la participación en protestas.
4. Ataques a la independencia judicial: Se han iniciado procesos de denuncia y pedidos de destitución contra jueces que fallaron a favor de las garantías constitucionales de los manifestantes, como los casos de los jueces Roberto Gallardo y Karina Andrade.

Conclusión y Requerimientos de la ONU

El informe de los relatores de la ONU concluye con una seria advertencia sobre el aumento de la represión, corroborado por datos de la CPM que indican que en los primeros seis meses de 2024 se superó el número de heridos y detenidos de todo el año anterior. En consecuencia, la ONU ha solicitado formalmente al Estado argentino:

• Revisar y adecuar el marco legal del “protocolo antipiquetes” a los estándares internacionales de derechos humanos.
• Investigar de manera exhaustiva y sancionar a los funcionarios policiales y de seguridad responsables de los actos de violencia estatal.
• Cesar el hostigamiento contra miembros del poder judicial y garantizar su independencia.
• Abstenerse de utilizar legislación antiterrorista para criminalizar la protesta social.

El cumplimiento de estas solicitudes es imperativo para que Argentina retome el camino hacia el fortalecimiento democrático y el cumplimiento de sus compromisos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el ODS más relevante. El artículo se centra en la advertencia de la ONU sobre el “grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos” en Argentina. Aborda directamente la violencia estatal, la represión de la protesta social, las detenciones arbitrarias, la falta de debido proceso y los ataques a la independencia judicial, todos temas centrales para el ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas con instituciones eficaces y responsables.

• ODS 10: Reducción de las Desigualdades

  El artículo menciona que la represión afecta a grupos vulnerables como “jubilados y niños”. La protesta social es a menudo un mecanismo para que los grupos marginados o en desventaja exijan sus derechos y una mayor igualdad. Al reprimir estas protestas, el Estado obstaculiza la participación política de estos grupos, contraviniendo el objetivo de potenciar la inclusión social y política de todas las personas, independientemente de su edad o condición.

• ODS 1: Fin de la Pobreza

  Aunque no se menciona explícitamente la pobreza, la presencia de “jubilados” como un grupo prominente en las protestas sugiere una conexión con la seguridad económica y los sistemas de protección social. Las protestas de este grupo suelen estar vinculadas a la insuficiencia de sus haberes, lo que se relaciona con la meta de implementar sistemas de protección social para todos. La represión de estas manifestaciones impide que luchen por su bienestar económico, un aspecto clave del ODS 1.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

  El artículo describe un “aumento progresivo de la violencia estatal”, el “uso permanente de armas menos letales que dejaron cientos de personas heridas” y menciona que en los primeros seis meses del año “ya hubo más personas heridas y detenidas” que en todo el año anterior. Esto se opone directamente a la meta de reducir la violencia.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  Se identifica una clara vulneración de esta meta. El informe de la ONU expresa preocupación por el derecho “a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y la independencia judicial”. Se mencionan “detenciones arbitrarias” con “cargos vagos y no individualizados” y el “hostigamiento del Gobierno nacional hacia los jueces que intervienen” para salvaguardar los derechos, lo que socava el estado de derecho y el acceso a la justicia.

• Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

  Esta meta está en el centro del artículo. La ONU advierte sobre “múltiples afectaciones al pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos”, incluyendo la “libertad de reunión pacífica” y “de expresión”. La implementación del “protocolo antipiquetes” es presentada como una medida que restringe directamente estas libertades fundamentales.

• Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad…

  La represión de las protestas, especialmente las que involucran a “jubilados”, es un ataque directo a su participación e inclusión política. El artículo destaca el caso de una marcha de jubilados donde un juez tuvo que intervenir para regular la actuación policial, evidenciando los obstáculos que enfrentan estos grupos para manifestarse.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses.

  El artículo menciona explícitamente las “detenciones arbitrarias” y las lesiones a “periodistas y defensores de derechos humanos que cumplían tareas de control y monitoreo”. El trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ha realizado “más de 60 monitoreos” y presentado “10 denuncias penales”, proporciona los datos verificados para este indicador.

• Indicador 16.1.2: Número de víctimas de conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y causa.

  Implícitamente, el artículo proporciona datos para este indicador al señalar que la violencia estatal dejó “cientos de personas heridas, entre ellos niños, personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos”. Además, afirma que “en los primeros seis meses de este año ya hubo más personas heridas y detenidas en el marco de la protesta social que durante todo el año pasado”, lo que constituye una métrica directa del número de víctimas.

• Indicador 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han denunciado su victimización a las autoridades competentes.

  El texto menciona que la CPM ha presentado “10 denuncias penales contra las fuerzas federales”. Esto representa una medida directa de la denuncia de la violencia estatal ante las autoridades judiciales, que es exactamente lo que este indicador busca medir.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: anred.org