Informe sobre la Implementación del Enfoque de Macrocriminalidad en Colombia y su Vínculo con el ODS 16

1. Introducción: Justicia Transicional y su Aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

El presente informe evalúa los esfuerzos normativos y prácticos para la adopción de un enfoque de macrocriminalidad dentro del procedimiento penal especial de Justicia y Paz en Colombia. Esta iniciativa representa un esfuerzo crucial para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La transición de un modelo de investigación de casos aislados hacia un análisis de crímenes de sistema busca fortalecer el Estado de derecho (Meta 16.3) mediante la desarticulación de estructuras criminales complejas, identificando patrones, contextos y responsabilidades a gran escala.

2. Análisis del Marco Normativo y su Implementación

La implementación de este enfoque se sustentó en un conjunto de instrumentos normativos cuyo impacto en la consolidación de instituciones justas y eficaces se analiza a continuación.

2.1. Instrumentos Jurídicos Clave

• Ley 1592 de 2012: Reforma central que impulsó el enfoque de macrocriminalidad.
• Directiva 0001 de 2012: Estableció lineamientos para la Fiscalía General de la Nación (FGN).
• Memorando 033 de 2013: Aportó directrices adicionales para la investigación.
• Decreto 3011 de 2013: Reglamentó aspectos de la Ley 1592.

El análisis de estos marcos revela un intento por alinear el sistema judicial colombiano con las mejores prácticas internacionales para garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales del ODS 16.

3. Resultados y Desafíos en la Búsqueda de una Paz Sostenible

La aplicación del enfoque de macrocriminalidad ha generado resultados mixtos, con avances significativos pero también con obstáculos que limitan el pleno cumplimiento de los objetivos de justicia y paz.

3.1. Avances Identificados

1. Mayor Eficiencia Procesal: La posibilidad de emitir sentencias anticipadas ha contribuido a agilizar los procesos judiciales, mejorando el acceso a la justicia para las víctimas (Meta 16.3).
2. Comprensión Sistémica del Conflicto: El análisis de patrones ha permitido una mejor comprensión de la criminalidad organizada, un paso necesario para prevenir futuros ciclos de violencia y construir una paz duradera.

3.2. Desafíos para la Consolidación de Instituciones Sólidas (ODS 16)

• Ambigüedad Conceptual: La falta de claridad en las definiciones dificultó su aplicación operativa, debilitando la capacidad de las instituciones para actuar de manera efectiva y transparente (Meta 16.6).
• Descoordinación Normativa: La existencia de marcos jurídicos contradictorios o excesivamente técnicos mermó la coherencia de la respuesta estatal.
• Aplicación Limitada de la Priorización: La dificultad para aplicar criterios de priorización dejó por fuera a actores clave, como financiadores y colaboradores civiles, lo cual socava los esfuerzos por reducir la corrupción y las desigualdades (ODS 10) que alimentan el conflicto.

4. Conclusiones y Lecciones para la Agenda 2030

Aunque la implementación del enfoque de macrocriminalidad fue parcial, las lecciones extraídas son de gran valor para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y para el fortalecimiento del sistema de justicia en Colombia. Para avanzar hacia el ODS 16, es imperativo superar los desafíos de coordinación y conceptualización, asegurando que los mecanismos de justicia transicional sean lo suficientemente robustos para investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes sistemáticos. La construcción de una paz sostenible depende de la capacidad del Estado para garantizar una justicia inclusiva y efectiva que no deje a nadie atrás y siente las bases para la no repetición.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra directamente en este objetivo. Analiza los esfuerzos de Colombia por reformar su sistema de justicia penal (procedimiento de Justicia y Paz y lecciones para la JEP) para abordar crímenes sistemáticos derivados del conflicto armado. Esto se alinea con la promoción de sociedades pacíficas, el acceso a la justicia para las víctimas y la construcción de instituciones eficaces y responsables como la Fiscalía General de la Nación y los tribunales. El informe evalúa la efectividad de estas instituciones para implementar un enfoque de macrocriminalidad, que es fundamental para garantizar la justicia y fortalecer el estado de derecho en un contexto de postconflicto.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

  Aunque el artículo se enfoca en la justicia post-conflicto, el objetivo subyacente de procesar la “criminalidad asociada al conflicto armado” es romper los ciclos de violencia y prevenir su repetición. Al buscar la rendición de cuentas por crímenes de sistema, se contribuye a la paz y a la reducción de la violencia a largo plazo.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  Este es el núcleo del artículo. Se examina la implementación de un marco legal específico (Ley 1592 de 2012, Decreto 3011 de 2013) diseñado para mejorar el acceso a la justicia en casos de macrocriminalidad. El análisis de las “dificultades” como la “ambigüedad conceptual” y la “descoordinación normativa” es una evaluación directa de los obstáculos para la plena vigencia del estado de derecho y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de crímenes complejos.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  El informe evalúa la eficacia de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y los tribunales en la aplicación del nuevo enfoque. Se mencionan tanto los “avances puntuales” (mayor eficiencia procesal) como las fallas (“implementación fue parcial”, “aplicación limitada”). Este análisis crítico de las instituciones de justicia es un ejercicio de evaluación de su eficacia y su capacidad para rendir cuentas sobre su mandato.

• Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

  El esfuerzo por introducir un “enfoque de macrocriminalidad” y aprender lecciones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un claro ejemplo del fortalecimiento de las instituciones nacionales para investigar y juzgar formas complejas de delincuencia organizada y sistemática, propias del conflicto armado.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.3.1 (Implícito): Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que denunciaron su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos oficialmente reconocidos.

  El artículo no da cifras, pero todo el sistema de Justicia y Paz y la JEP son los “mecanismos de resolución de conflictos oficialmente reconocidos” para las víctimas del conflicto. La discusión sobre la capacidad del sistema para investigar patrones de criminalidad y no solo casos individuales implica un esfuerzo por ofrecer una vía de justicia a un número masivo de víctimas que, de otro modo, no tendrían acceso.

• Indicador 16.3.2 (Implícito): Detenidos sin sentencia como proporción de la población carcelaria total.

  El artículo menciona explícitamente como un avance “la posibilidad de sentencias anticipadas y una mayor eficiencia procesal”. Esto se relaciona directamente con la reducción de los tiempos procesales y, por ende, con la disminución del tiempo que una persona puede pasar detenida sin una sentencia firme, lo cual es el espíritu de este indicador.

• Indicador 16.6.2 (Implícito): Proporción de la población satisfecha con su última experiencia de servicios públicos.

  La justicia es un servicio público fundamental. La conclusión del informe de que la implementación “fue parcial y dejó por fuera a actores clave, como financiadores y colaboradores civiles” es una crítica directa a la calidad y alcance del servicio de justicia ofrecido. Esto sugiere una probable insatisfacción por parte de las víctimas y la sociedad, que esperaban una rendición de cuentas más completa.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: ictj.org