Informe sobre las Reformas Constitucionales en El Salvador y su Vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente informe analiza la reciente ratificación de un conjunto de reformas a la Constitución de El Salvador, evaluando sus implicaciones directas sobre la gobernanza democrática y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un énfasis particular en el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Detalles de las Reformas Constitucionales

El Congreso de El Salvador ha ratificado una serie de enmiendas constitucionales que modifican de manera fundamental la estructura política del país. Los cambios más significativos son:

• Reelección Presidencial Indefinida: Se elimina el límite de mandatos, permitiendo al presidente en funciones postularse de forma ilimitada.
• Extensión del Período Presidencial: El mandato presidencial se amplía de cinco a seis años.
• Eliminación de la Segunda Vuelta Electoral: Se suprime el balotaje en las elecciones presidenciales.

Estas medidas, impulsadas por el partido oficialista Nuevas Ideas, consolidan la capacidad del actual presidente, Nayib Bukele, para permanecer en el poder, alterando los principios de alternancia y limitación del poder que son pilares del ODS 16.

Impacto en el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Las reformas generan una tensión directa con las metas del ODS 16, que promueve la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles.

Debilitamiento de las Instituciones Democráticas (Meta 16.6)

La concentración de poder en el ejecutivo y la eliminación de contrapesos, como la limitación de mandatos, son vistas por diversos actores como un retroceso en la construcción de instituciones sólidas.

1. Críticas de la Oposición: Figuras políticas como la diputada Marcela Villatoro (ARENA) han declarado la “muerte de la democracia”, argumentando que la reforma fue aprobada “sin consulta, de forma burda y cínica”. Claudia Ortiz (Vamos) la calificó como un “abuso de poder”. Estas declaraciones subrayan una percepción de deterioro institucional.
2. Alertas de Organismos Internacionales: Human Rights Watch (HRW) ha advertido que El Salvador podría seguir “el mismo camino que Venezuela”, donde la concentración de poder derivó en una crisis institucional. Esta perspectiva pone en duda la sostenibilidad del modelo de gobernanza actual.
3. Defensa del Oficialismo: En contraste, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, sostiene que las reformas devuelven el poder “al pueblo salvadoreño”, un argumento que plantea un debate sobre la naturaleza de la legitimidad democrática frente a la fortaleza institucional.

Estado de Derecho y Acceso a la Justicia (Meta 16.3)

El contexto en el que se aprueban estas reformas es crucial. La estrategia de seguridad del gobierno, aunque popular por su éxito en la reducción de homicidios (contribuyendo a la Meta 11.2 de Ciudades Seguras), ha sido implementada a través de un régimen de excepción prolongado.

• Detenciones Masivas: Grupos de derechos humanos denuncian que aproximadamente 75,000 personas han sido arrestadas, muchas de ellas de forma arbitraria, lo que contraviene directamente la promoción del estado de derecho y el acceso a la justicia para todos.
• Violencia Estatal: Un informe de Amnistía Internacional critica el “reemplazo gradual de la violencia de las pandillas por la violencia estatal”, lo que representa un desafío significativo para la Meta 16.1 (reducir todas las formas de violencia) y la Meta 16.3 (garantizar la igualdad de acceso a la justicia).

Consideraciones Adicionales sobre otros ODS

ODS 5: Igualdad de Género

Es notable la participación activa de mujeres líderes en el debate político, tanto en la oposición (Marcela Villatoro, Claudia Ortiz) como en el oficialismo (Suecy Callejas). Su visibilidad es relevante para la Meta 5.5, que busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política.

Síntesis Final

La ratificación de las reformas constitucionales en El Salvador marca un punto de inflexión crítico. Si bien el gobierno presenta sus políticas como un medio para alcanzar la seguridad y devolver el poder al pueblo, las medidas adoptadas, especialmente la reelección indefinida y las tácticas empleadas en la lucha contra la delincuencia, plantean serios riesgos para la integridad de las instituciones democráticas. Este escenario crea una contradicción fundamental con los principios del ODS 16, comprometiendo el desarrollo de una paz sostenible basada en la justicia y en instituciones fuertes, responsables y transparentes.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El principal Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que se aborda en el artículo es:

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

  Este objetivo es central en el artículo, ya que se enfoca en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El artículo detalla acciones que impactan directamente la fortaleza y la independencia de las instituciones democráticas en El Salvador.

  • Instituciones Sólidas: El texto describe cómo las reformas constitucionales, como la reelección indefinida y la extensión del período presidencial, son vistas por la oposición y organismos de derechos humanos como un medio para “concentrar el poder político en el ejecutivo”. La crítica de que “hoy ha muerto la democracia” y la descripción de la reforma como un “abuso de poder” apuntan a un debilitamiento de las instituciones democráticas y del sistema de pesos y contrapesos.
  • Justicia: Se menciona que el máximo tribunal de El Salvador, compuesto por “jueces respaldados por Bukele”, emitió un fallo que permitió la reelección, lo que pone en duda la independencia del poder judicial y el acceso a una justicia imparcial. Además, las denuncias de “arrestos arbitrarios” y la detención de “unas 75.000 personas” bajo medidas de excepción cuestionan el estado de derecho y el debido proceso.
  • Paz y Derechos Humanos: Aunque la ofensiva contra la delincuencia ha reducido las tasas de homicidios, el artículo contrapone este hecho con las críticas de Amnistía Internacional sobre el “reemplazo gradual de la violencia de las pandillas por la violencia estatal”, lo que indica que la paz alcanzada podría ser a costa de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Basado en el análisis del ODS 16, se pueden identificar las siguientes metas específicas:

1. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   El artículo sugiere que esta meta está en riesgo. La habilitación de la reelección por parte de una Corte Suprema con “jueces favorables a él” y las “miles de personas que han sido arrestadas arbitrariamente” son ejemplos que contradicen la promoción del estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia.

2. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   La crítica de la diputada Marcela Villatoro de que la reforma “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica” y la acusación de “concentrar el poder” señalan una falta de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones legislativas y ejecutivas. La percepción de que el poder judicial no es independiente también socava la eficacia y la credibilidad de las instituciones.

3. Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

   La afirmación de que la reforma se aprobó “sin consulta” indica un proceso que no fue participativo ni inclusivo. Las voces de la oposición, como las de Marcela Villatoro y Claudia Ortiz, que califican el proceso como una “caricatura de la democracia”, reflejan la percepción de que las decisiones no son representativas de todos los sectores políticos.

4. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

   El artículo destaca la preocupación por las libertades fundamentales. Las denuncias de grupos de derechos humanos sobre los “arrestos arbitrarios” y el informe de Amnistía Internacional que critica la “violencia estatal” son indicativos de una posible erosión de estas libertades en el contexto de la campaña antipandillas.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Sí, el artículo menciona o implica información que se alinea con indicadores específicos de los ODS, aunque no los cite formalmente:

• Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin sentencia respecto de la población carcelaria total.

  El artículo no proporciona una proporción exacta, pero lo implica fuertemente al afirmar que “miles de personas han sido arrestadas arbitrariamente” y que “unas 75.000 personas han sido detenidas en virtud de las medidas de excepción”. Estas cifras sugieren un gran número de personas detenidas sin un debido proceso o sentencia, lo cual es un dato clave para este indicador.

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los 12 meses anteriores.

  El artículo hace referencia directa a la “detención arbitraria”. La mención de que “miles de personas han sido arrestadas arbitrariamente” y las críticas de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que actúan como defensores de los derechos humanos, se relacionan directamente con el seguimiento de este indicador.

• Indicador 16.7.2: Proporción de la población que cree que la adopción de decisiones es inclusiva y receptiva, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población.

  Aunque no se presenta una encuesta de población, el artículo refleja la creencia de una parte significativa del espectro político (los partidos de oposición ARENA y Vamos) y de la sociedad civil (Human Rights Watch, Amnistía Internacional) de que el proceso de toma de decisiones no es inclusivo ni representativo. Las declaraciones como “aprobada sin consulta” y “abuso de poder” sirven como evidencia cualitativa para este indicador.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: bbc.com