Informe sobre Denuncias de Irregularidades en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1. Introducción

El presente informe detalla las denuncias presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndhrd) en relación con presuntas irregularidades en la gestión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), bajo la administración de Rafael Abraham Burgos Gómez. Se analiza la situación desde la perspectiva de la gobernanza, la transparencia y el impacto directo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

2. Resumen de los Hechos Denunciados

La Cndhrd, a través de su presidente Manuel María Mercedes, ha expuesto una serie de presuntas irregularidades que comprometen la integridad institucional del CEA. Los puntos centrales de la denuncia son:

• Gestión de Contratos: Se alegan graves irregularidades en la firma de contratos de venta y transferencia de terrenos estatales.
• Desacato a Órdenes Judiciales: Se acusa al administrador del CEA de violar el mandato contenido en el Poder Judicial No. 36/2025, que le obliga a firmar contratos de transferencia de terrenos, generando inseguridad jurídica.
• Negativa de Servicios: Se denuncia que la administración del CEA se niega a prestar los servicios que por ley le corresponden, impidiendo a los ciudadanos completar procesos de adquisición de terrenos legítimamente iniciados.
• Apropiación Irregular de Terrenos: Se señala que la empresa Cdg Digas se habría apropiado de manera irregular de 79 solares del CEA y 32 solares de Bienes Nacionales.

3. Implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Las acciones denunciadas contravienen directamente varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, socavando los esfuerzos nacionales para su cumplimiento.

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Este es el objetivo más directamente afectado. La denuncia pone de manifiesto fallas críticas en la gobernanza que atentan contra las metas del ODS 16:

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Las acusaciones de corrupción en la gestión de tierras públicas representan un claro obstáculo para esta meta.
• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. La negativa a cumplir con mandatos judiciales y la falta de transparencia en los procesos del CEA debilitan la confianza en las instituciones públicas.
• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El desacato a una orden judicial y la negación de servicios a los ciudadanos vulneran el estado de derecho y limitan el acceso a la justicia.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

La gestión irregular de la tierra tiene un impacto directo en el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda:

• Meta 11.1: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. La incertidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra, como la mencionada en el caso de la Ciudad Juan Bosch, impide la consolidación de comunidades sostenibles y el acceso seguro a la propiedad.

ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 10: Reducción de las Desigualdades

El acceso a la tierra es un activo fundamental para la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.

• Meta 1.4: Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras. Las prácticas denunciadas privan a los ciudadanos de su derecho a la propiedad, perpetuando la vulnerabilidad económica.
• Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. La gestión discrecional y presuntamente corrupta de los bienes del Estado fomenta la desigualdad, favoreciendo a actores con influencias en detrimento del ciudadano común.

4. Peticiones y Declaraciones Clave

En respuesta a la situación expuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha formulado las siguientes solicitudes y declaraciones:

1. Solicitud de Destitución: Se ha pedido formalmente al Presidente de la República, Luis Abinader, la destitución inmediata del director del CEA, Rafael Abraham Burgos Gómez.
2. Exigencia de Cumplimiento Legal: Se insta al Presidente a ordenar al director del CEA que cumpla con el poder especial y las sentencias judiciales que le obligan a formalizar la entrega de terrenos.
3. Contradicción de Narrativas: Manuel María Mercedes descalificó las declaraciones previas de Burgos sobre una “mafia” en la venta de tierras, afirmando que es el propio funcionario el responsable del “despojo de tierras que tiene el Estado”.

5. Conclusión

Las denuncias contra la administración del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) exponen un grave conflicto de gobernanza que no solo afecta la seguridad jurídica y los derechos de propiedad de los ciudadanos, sino que también representa un retroceso significativo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La falta de transparencia, la presunta corrupción y el desacato a la ley son barreras fundamentales para la construcción de instituciones sólidas (ODS 16), el desarrollo de comunidades sostenibles (ODS 11) y la lucha contra la pobreza y la desigualdad (ODS 1 y 10). Se requiere una intervención urgente para restaurar el estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Relevantes

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el objetivo principal abordado en el artículo. La totalidad de la denuncia se centra en fallas institucionales, corrupción y la falta de cumplimiento del estado de derecho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndhrd) denuncia presuntas “irregularidades” y “corrupción” dentro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), una institución pública. La solicitud de destitución del administrador, Rafael Abraham Burgos Gómez, por su presunta mala gestión y el desacato a una orden judicial son claros ejemplos de la lucha por instituciones más justas, responsables y transparentes, que es el núcleo del ODS 16.

Metas Específicas de los ODS Identificadas

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

  El artículo se enfoca directamente en esta meta. El presidente de la Cndhrd, Manuel María Mercedes, afirma explícitamente que la gestión de Burgos “se ha caracterizado por la corrupción”. Además, se denuncia que la empresa Cdg Digas “ha logrado apropiarse irregularmente de 79 solares del CEA”, lo que sugiere actos de corrupción para beneficio de terceros. La denuncia pública es un mecanismo para combatir y visibilizar estas prácticas.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  La denuncia evidencia el mal funcionamiento de una institución pública. Se acusa al director del CEA de negarse a cumplir con sus deberes (“se niega a ofrecer los servicios que por decreto debe realizar la referida institución”) y de cerrar las puertas a los ciudadanos que buscan hacer valer sus derechos. La rueda de prensa frente al Palacio Nacional y la petición directa al presidente de la República para que destituya al funcionario (“Lo principal es su destitución inmediata”) es una demanda explícita de rendición de cuentas y de la necesidad de tener instituciones eficaces.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  Esta meta se ve reflejada en la acusación de que el funcionario Burgos “ha violado el mandato contenido en el Poder Judicial No.36/2025”. Al ignorar una ordenanza de ley, el director del CEA está socavando el estado de derecho. Esto genera “incertidumbre entre los compradores de bienes en el CEA”, quienes, a pesar de tener un respaldo legal, ven obstaculizado su acceso a la justicia y a la ejecución de una decisión judicial, impidiéndoles tomar posesión de los terrenos que legalmente les corresponden.

Indicadores de los ODS Mencionados o Implícitos

• Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.

  Aunque el artículo no proporciona datos cuantitativos sobre sobornos, sí describe una situación que es un precursor de la corrupción. El abogado Moises Severino narra que “cuando vamos al CEA, Rafael Burgos nos cierra todas las puertas y se niega el departamento legal y el departamento inmobiliario a recibir el dinero y aceptar ese poder”. Esta negativa a prestar un servicio debido puede ser una forma de corrupción o crear un ambiente donde se soliciten pagos indebidos para cumplir con la ley. La denuncia de corrupción generalizada es un dato cualitativo relevante para este indicador.

• Indicador 16.6.2: Proporción de la población que está satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.

  El artículo implícitamente señala una profunda insatisfacción con los servicios del CEA. La realización de una rueda de prensa para denunciar públicamente a su director y la descripción de la “incertidumbre” que viven los compradores son una clara manifestación de la falta de satisfacción. La acción de la Cndhrd y los afectados demuestra que el servicio público no solo no cumplió con sus expectativas, sino que activamente les negó sus derechos.

• Indicador 16.3.3: Proporción de la población que ha sufrido una controversia en los dos últimos años y que ha tenido acceso a un mecanismo de solución de controversias oficial o extraoficial, por tipo de mecanismo.

  El artículo describe una controversia (la transferencia de terrenos) para la cual los afectados buscaron y obtuvieron una solución a través de un mecanismo oficial: una orden del Poder Judicial. Sin embargo, el indicador también mide la efectividad de dicho mecanismo. El hecho de que el director del CEA “ha ignorado la ordenanza de ley” demuestra una falla en la etapa final del proceso de justicia. Los ciudadanos han accedido al mecanismo, pero este se ha vuelto ineficaz debido al desacato de otra institución estatal, lo que constituye un dato clave para evaluar este indicador.

ODS, metas e indicadores

Fuente: elnuevodiario.com.do