Informe sobre el Impacto de las Políticas Gubernamentales en Argentina en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Introducción

El presente informe analiza una serie de medidas y propuestas legislativas impulsadas por la actual administración gubernamental en Argentina, evaluando su coherencia y alineación con los compromisos internacionales asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las acciones implementadas, particularmente aquellas que afectan a mujeres, diversidades sexuales, niños, niñas y adolescentes, presentan serias contradicciones con múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Análisis de Políticas y su Impacto en los ODS

Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha ejecutado acciones que revierten avances legislativos y desmantelan estructuras de protección social, impactando directamente en la consecución de varios ODS.

Regresión en Igualdad de Género (ODS 5)

Se han observado retrocesos significativos en las políticas destinadas a promover la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual contraviene directamente el ODS 5 (Igualdad de Género). Las medidas incluyen:

• Desmantelamiento de la Línea 144: La desactivación de este servicio de contención e información para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género debilita la respuesta estatal y viola el ODS 5.2, que busca eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas.
• Modificación de la Ley Micaela: La alteración de la ley que establecía la formación obligatoria en género para el personal estatal socava el ODS 5.c, enfocado en fortalecer políticas y leyes para la promoción de la igualdad de género.
• Reducción del Cupo Laboral Trans: La baja del 10% en las contrataciones bajo esta ley representa un retroceso en la inclusión laboral y económica de una población vulnerable, afectando el ODS 5.1 (poner fin a todas las formas de discriminación) y el ODS 10.2 (promover la inclusión social, económica y política de todas las personas).
• Otras medidas: La eliminación del DNI no binario y la prohibición del lenguaje inclusivo refuerzan estereotipos y limitan el reconocimiento de la diversidad, en conflicto con los principios de igualdad y no discriminación.

Obstáculos al Acceso a la Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16)

Las acciones gubernamentales han generado un clima de incertidumbre jurídica que amenaza el acceso a la justicia para grupos vulnerables, un pilar del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

Estudio de Caso: Proyecto de Ley S-0228/2025 sobre “Falsa Denuncia”

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado ha emitido un dictamen favorable a un proyecto de ley que propone aumentar las penas por “falsa denuncia” y “falso testimonio” exclusivamente en causas de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Este proyecto presenta graves riesgos para la protección de las víctimas:

• Aumento de la Desprotección: La amenaza de persecución penal puede disuadir a las víctimas de denunciar, incrementando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y contraviniendo el ODS 16.2 (poner fin al maltrato, la explotación y todas las formas de violencia contra los niños).
• Creación de Barreras a la Justicia: El proyecto suma un obstáculo significativo para las mujeres que buscan justicia, en un contexto donde la denuncia ya es un proceso difícil. Esto socava el ODS 16.3 (garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos).
• Falta de Evidencia Justificativa: No existen datos oficiales en Argentina que señalen a las falsas denuncias por violencia de género como un problema extendido. Por el contrario, las estadísticas demuestran un subregistro masivo de estos delitos.
  • El 45% de las mujeres argentinas ha sufrido violencia de pareja, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció.
  • Se estima que de cada 1,000 abusos sexuales en la infancia, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que las causas por denuncias falsas se concentran en delitos económicos, no en violencia de género, lo que sugiere que el proyecto tiene una intención de amedrentar más que de mejorar el sistema judicial.

Impacto en Salud, Bienestar y Reducción de Desigualdades (ODS 3, 4, 10 y 1)

El desmantelamiento de programas sociales clave tiene un efecto dominó sobre la salud, la educación y la equidad, afectando a los ODS más fundamentales.

Estudio de Caso: Desmantelamiento del Plan ENIA

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) fue una política pública intersectorial de probada eficacia, cuyos resultados positivos estaban alineados con múltiples ODS. Su desarticulación representa un grave retroceso.

Resultados Clave del Plan ENIA (2017-2023):

• Reducción del 50% en la tasa de fecundidad adolescente.
• Prevención de aproximadamente 94,000 embarazos no intencionales.
• Disminución del 52% en la brecha de fecundidad adolescente entre provincias, promoviendo el ODS 10 (Reducción de las desigualdades).

Consecuencias del Desmantelamiento:

1. Salud y Bienestar (ODS 3): Se elimina una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva (ODS 3.7), exponiendo a las adolescentes a mayores riesgos de salud.
2. Educación (ODS 4): El embarazo adolescente es una de las principales causas de deserción escolar. La falta de políticas de prevención impacta negativamente en el ODS 4.1 (asegurar una educación secundaria completa y de calidad) y el ODS 4.5 (eliminar las disparidades de género en la educación).
3. Pobreza y Oportunidades Económicas (ODS 1 y 8): La maternidad temprana perpetúa el ciclo intergeneracional de la pobreza (ODS 1) y limita las oportunidades de las mujeres para acceder a un trabajo decente y a la igualdad de remuneración (ODS 8.5).

El financiamiento del Plan ENIA representaba una inversión costo-efectiva en comparación con los gastos del sistema de salud para atender embarazos adolescentes, demostrando que el ajuste fiscal se está realizando a expensas de las poblaciones más vulnerables.

Conclusión: Un Paradigma en Conflicto con el Desarrollo Sostenible

Las políticas y la retórica de la actual administración promueven un modelo que debilita la responsabilidad colectiva y el piso mínimo de derechos, en directa oposición a los principios de la Agenda 2030. Declaraciones que sitúan la discapacidad como un “problema de la familia” y no del Estado, o que cuestionan el uso de fondos públicos para garantizar derechos de la comunidad trans, evidencian un abandono de los principios de solidaridad y equidad, fundamentales para el ODS 10.

La ampliación del concepto de “casta” para incluir a grupos vulnerables como jubilados, adolescentes, comunidades indígenas y personas con discapacidad, erosiona la cohesión social necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es imperativo reafirmar los compromisos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible para contrarrestar estas tendencias regresivas y asegurar que nadie se quede atrás.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 3: Salud y Bienestar

  El artículo aborda directamente este objetivo al discutir el desmantelamiento de políticas de salud pública, como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA). También se menciona la suspensión de tratamientos para niños con discapacidad, lo que impacta negativamente en el bienestar general de la población.

• ODS 5: Igualdad de Género

  Este es un tema central del artículo. Se detalla el retroceso en derechos y protecciones para mujeres y personas LGBTI+, incluyendo la eliminación del DNI no binario, el desmantelamiento de la Línea 144 de asistencia a víctimas de violencia de género, la modificación de la Ley Micaela y la propuesta de penalizar “falsas denuncias” en casos de violencia de género, lo que desincentiva la búsqueda de justicia y perpetúa la desigualdad.

• ODS 10: Reducción de las Desigualdades

  El artículo destaca cómo las políticas del gobierno afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables. El desmantelamiento del Plan ENIA, por ejemplo, aumenta la brecha de fecundidad adolescente entre provincias y contribuye al “ciclo intergeneracional de la pobreza”. Las medidas contra personas con discapacidad y la comunidad LGBTI+ también profundizan las desigualdades sociales y económicas.

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Se cuestiona la solidez de las instituciones y el estado de derecho. El artículo acusa al gobierno de actuar “por decreto” contra leyes vigentes y de debilitar el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género y abuso infantil. La propuesta de ley para penalizar denuncias que no puedan ser probadas es presentada como una barrera que “aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes” y socava la confianza en el sistema judicial.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 3.7: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

  El artículo evidencia un retroceso en esta meta al informar sobre el cese en la implementación de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.610 de acceso al aborto. El desmantelamiento del Plan ENIA, que proporcionaba asesorías en salud y acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes, es un ataque directo a esta meta.

• Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas.

  Las acciones descritas, como la eliminación del DNI no binario y la prohibición del lenguaje inclusivo, son presentadas como medidas que refuerzan la discriminación. La narrativa que busca penalizar a quienes denuncian violencia de género se basa, según el artículo, en “prejuicios históricos sobre las mujeres”.

• Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas.

  El desmantelamiento de la Línea 144, un servicio clave para la contención de víctimas, y la propuesta de ley que podría intimidar a las denunciantes, van en contra de los esfuerzos para eliminar la violencia de género. El artículo subraya que estas medidas suman “una barrera adicional a las innumerables dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia”.

• Meta 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.

  Las políticas mencionadas, como la baja en contrataciones bajo la Ley de Cupo Trans y las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (“Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”), van en dirección opuesta a la inclusión social de grupos históricamente marginados.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  El proyecto de ley S-0228/2025 es analizado como una amenaza directa al acceso a la justicia. Al enfocarse únicamente en denuncias de violencia de género y abuso infantil, se crea un desincentivo para que las víctimas busquen protección legal, violando el principio de igualdad ante la ley.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 3.7.2: Tasa de fecundidad entre las adolescentes.

  El artículo menciona explícitamente este indicador al destacar el éxito del Plan ENIA: “El resultado más destacado de la implementación fue la reducción del 50% en la tasa específica de fecundidad adolescente entre 2018 y 2023”. El desmantelamiento del plan sugiere un probable retroceso en este indicador.

• Indicador 5.2.1: Proporción de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja.

  El texto cita datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia: “El 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior”. Este dato sirve como línea de base para medir la prevalencia de la violencia de género.

• Indicador 16.2.3 (implícito): Proporción de jóvenes y adultos que han sufrido violencia sexual en la infancia.

  Aunque no se cita el indicador exacto, el artículo proporciona datos que miden la magnitud del problema y la falta de justicia: “estiman que en Argentina de cada 1.000 abusos sexuales en la infancia, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena”. Este dato refleja la desprotección y la impunidad, aspectos que este indicador busca monitorear.

• Indicador de acceso a la justicia (implícito): Proporción de víctimas que denuncian.

  El artículo señala que, aunque el 45% de las mujeres sufrió violencia de pareja, “solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar”. Además, menciona que de las mujeres asesinadas en 2024, solo el 18% había denunciado previamente. Estos datos funcionan como indicadores del bajo nivel de confianza y acceso al sistema de justicia, que las nuevas políticas podrían empeorar.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: lacaderadeeva.com