Análisis del Conflicto de Competencias sobre el Ordenamiento Territorial y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Introducción al Caso

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional de Colombia la declaratoria de inexequibilidad del artículo 32 de la Ley 2294, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo. Dicho artículo introduce modificaciones sustanciales a los determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y establece la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Planteamiento del Problema Jurídico y Constitucional

El núcleo de la controversia jurídica, según el Ministerio Público, se centra en determinar si la normativa impugnada vulnera principios constitucionales fundamentales. Específicamente, se evalúa si el artículo 32:

• Desconoce la autonomía territorial de los municipios.
• Contraviene las facultades constitucionales de los concejos municipales, consagradas en los artículos 1, 287, 288, 311 y 313.7 de la Constitución Política.

El análisis de la Procuraduría se fundamenta en la tensión existente entre el modelo de Estado unitario y el principio de descentralización y autonomía territorial, especialmente en lo que respecta a la distribución de competencias para el ordenamiento del suelo.

Implicaciones para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La disputa sobre el artículo 32 tiene profundas repercusiones en la capacidad del Estado colombiano para cumplir con la Agenda 2030. La gestión del territorio es un pilar para la consecución de múltiples ODS, y el presente debate afecta directamente los siguientes objetivos:

ODS 2: Hambre Cero

La creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) está conceptualmente alineada con el ODS 2, que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Sin embargo, la controversia radica en que una imposición centralizada de estas áreas, sin la debida concertación con las autoridades locales, podría afectar la planificación agrícola adaptada a las realidades de cada territorio, comprometiendo la eficacia de las estrategias locales de seguridad alimentaria.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son la herramienta principal para la materialización del ODS 11. Este objetivo promueve asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La presunta limitación de las facultades de los concejos municipales para definir el uso del suelo en sus jurisdicciones atenta contra el principio de planificación participativa y local, que es esencial para construir comunidades que respondan a sus propias necesidades y vocaciones económicas y ambientales.

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Este caso es un reflejo directo del ODS 16, que aboga por instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. La Procuraduría argumenta que el legislador debe conciliar los principios de unidad y autonomía, estableciendo un sistema de limitaciones recíprocas. El debate pone a prueba la solidez del marco institucional colombiano para resolver conflictos de competencia entre el nivel nacional y el territorial. La resolución de la Corte Constitucional sentará un precedente sobre el equilibrio de poder y la gobernanza multinivel en el país.

1. Principio de Estado Unitario: Busca la cohesión y la aplicación de políticas nacionales estratégicas.
2. Principio de Autonomía Territorial: Protege el núcleo esencial de las competencias locales para la gestión de sus intereses.

ODS 15 y ODS 17: Vida de Ecosistemas Terrestres y Alianzas para los Objetivos

El ordenamiento territorial es crucial para el ODS 15 (proteger la vida de ecosistemas terrestres), ya que define las áreas de conservación y de uso sostenible del suelo. Una gestión descoordinada del territorio pone en riesgo los ecosistemas. Asimismo, este conflicto evidencia un desafío para el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), pues una implementación exitosa de la Agenda 2030 requiere una colaboración armónica y efectiva entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, en lugar de una relación de subordinación que pueda generar tensiones y obstaculizar el progreso.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 2: Hambre Cero

  El artículo se centra en la creación de “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)”. Esta medida está directamente relacionada con el ODS 2, cuyo objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible. La designación de tierras específicas para la producción de alimentos es una estrategia fundamental para garantizar la disponibilidad de alimentos a largo plazo.

• ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

  La discusión gira en torno a la modificación de los “Planes de Ordenamiento Territorial (POT)”. Estos planes son la herramienta principal para la gestión del uso del suelo y el desarrollo urbano y rural. El ODS 11 busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El conflicto sobre quién tiene la competencia para definir estos planes (la Nación o los municipios) es un tema central para la planificación sostenible y la gobernanza territorial mencionada en este objetivo.

• ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

  El ordenamiento territorial y la definición de los usos del suelo, mencionados en el artículo, son cruciales para la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres. Al designar áreas para la producción de alimentos (APPA), implícitamente se está tomando una decisión sobre el uso de la tierra que afecta a los ecosistemas. Una planificación adecuada, que es el núcleo del debate, es esencial para proteger la biodiversidad y prevenir la degradación del suelo, en línea con el ODS 15.

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo describe un conflicto institucional entre el poder central (Nación) y los gobiernos locales (municipios) sobre la “autonomía territorial y las facultades de los concejos municipales”. La intervención de la Procuraduría General y la Corte Constitucional para resolver este “problema jurídico” evidencia la relevancia del ODS 16. Este objetivo busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El debate sobre el “reparto de competencias” y el respeto por el “núcleo esencial de la autonomía territorial” es un claro ejemplo de la búsqueda de una gobernanza institucional sólida y equilibrada.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 2.4 (ODS 2)

  Esta meta busca “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes”. La creación de “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)” es una política pública que busca asegurar la base territorial para la producción de alimentos, un paso fundamental para garantizar la sostenibilidad de dichos sistemas a largo plazo.

• Meta 11.3 (ODS 11)

  Esta meta pretende “aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos”. El conflicto sobre las competencias para modificar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se relaciona directamente con la capacidad de planificación. La defensa de la “autonomía territorial” de los municipios por parte de la Procuraduría busca garantizar que la planificación sea más participativa y responda a las realidades locales, en lugar de ser impuesta centralmente.

• Meta 11.a (ODS 11)

  Busca “apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional”. El artículo aborda directamente el choque entre la planificación nacional (Ley del Plan de Desarrollo) y la planificación regional/local (POT municipales). La correcta articulación de estos niveles de planificación es esencial para gestionar las interacciones entre el campo y la ciudad, incluyendo la producción de alimentos para los centros urbanos.

• Meta 16.6 (ODS 16)

  Esta meta se enfoca en “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. El artículo muestra el funcionamiento de un sistema de pesos y contrapesos, donde la Procuraduría actúa como un ente de control que vigila la constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso, y la Corte Constitucional tiene la última palabra. Este proceso es un ejemplo de instituciones que buscan garantizar la legalidad y el correcto funcionamiento del Estado.

• Meta 16.7 (ODS 16)

  Busca “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas”. El argumento central de la Procuraduría es que el artículo 32 “desconoce la autonomía territorial y las facultades de los concejos municipales”. Esto es una defensa del principio de que las decisiones sobre el ordenamiento del territorio deben ser tomadas a nivel local, que es el nivel más cercano y representativo de los ciudadanos afectados.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

El artículo, al ser de naturaleza jurídica y política, no menciona indicadores cuantitativos explícitos. Sin embargo, se pueden inferir indicadores cualitativos o de proceso que son relevantes para medir el progreso.

• Indicador Implícito para la Meta 2.4

  Un indicador relevante sería la “superficie de tierra designada y protegida para la producción sostenible de alimentos”. La creación y delimitación de las APPA, que es el objeto de la ley, sería la materialización de este indicador. El éxito de la política se mediría por la cantidad de hectáreas efectivamente protegidas para este fin.

• Indicador Implícito para la Meta 11.3

  Un indicador sería la “existencia de un marco jurídico y de gobernanza que define claramente las competencias para la planificación territorial y garantiza la participación local”. El resultado del fallo de la Corte Constitucional sobre el artículo 32 será una medida directa de este indicador. Si la Corte protege la autonomía municipal, reforzará un marco de planificación más participativo.

• Indicador Implícito para la Meta 16.7

  Un indicador de proceso es la “existencia y efectividad de mecanismos para que los gobiernos subnacionales (municipales) puedan impugnar decisiones del gobierno central que afecten su autonomía”. El hecho de que la Procuraduría haya presentado esta demanda en defensa de la autonomía territorial es en sí mismo una evidencia de que dichos mecanismos existen y están siendo utilizados, lo que contribuye al progreso de esta meta.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: es-us.noticias.yahoo.com