Informe sobre el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción y su Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Introducción y Contexto General

La Cámara de Diputados de Paraguay tiene programado el análisis de un proyecto de ley de carácter estratégico, cuyo objetivo es la modificación del Código Penal para endurecer significativamente las sanciones por delitos de corrupción. Esta iniciativa legislativa propone penas de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos, buscando establecer un marco legal disuasorio y robusto contra la corrupción, en línea con los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Justificación y Alineación con el ODS 16

La propuesta legislativa se fundamenta en la necesidad de un combate frontal a la corrupción, identificada como un factor que socava el patrimonio del Estado y nutre al crimen organizado. Este enfoque responde directamente a las metas del ODS 16, que incluyen:

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Al considerar la corrupción como un atentado directo contra los derechos humanos, con consecuencias equiparables a crímenes de lesa humanidad por su impacto en servicios esenciales, el proyecto refuerza el compromiso del Estado con la justicia y el bienestar social.

Impacto en Múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible

La corrupción sistémica representa una barrera crítica para el avance de la Agenda 2030. El desvío de fondos públicos afecta directamente la capacidad del Estado para invertir en áreas clave, comprometiendo varios ODS:

• ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): Los recursos desviados por la corrupción podrían destinarse a programas sociales y a la reducción de la brecha de desigualdad.
• ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad): La iniciativa reconoce que la corrupción debilita la prestación de servicios básicos de salud y educación, afectando el capital humano y el desarrollo del país.

El fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones republicanas, uno de los fines declarados del proyecto, es un pilar fundamental para la gobernanza democrática y el cumplimiento integral de los ODS.

Detalles de las Modificaciones Legislativas Propuestas

Reformas al Código Penal

El proyecto plantea la modificación de varios artículos del Código Penal para tipificar y sancionar con mayor severidad delitos como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. A continuación, se detalla el comparativo de penas:

• Artículo sobre Lesión de Confianza:
  • Pena actual: Hasta 5 años o multa.
  • Pena propuesta: Hasta 25 años para funcionarios públicos en casos graves.
• Artículo sobre Cohecho Pasivo:
  • Pena actual: Hasta 10 años o multa.
  • Pena propuesta: De 10 a 20 años.
• Artículo 239:
  • Pena actual: Hasta 5 años.
  • Pena propuesta: De 10 a 15 años para funcionarios públicos.
• Artículo 298:
  • Pena actual: Hasta 2 años o multa.
  • Pena propuesta: De 10 a 15 años para funcionarios públicos.
• Artículo 300 (Soborno):
  • Pena actual: Hasta 3 años (funcionarios) / hasta 5 años (jueces).
  • Pena propuesta: De 5 a 8 años (funcionarios) / de 5 a 10 años (jueces).
• Artículo 301 (Cohecho Pasivo Agravado):
  • Pena actual: Hasta 5 años (funcionarios) / hasta 10 años (jueces).
  • Pena propuesta: De 5 a 10 años (funcionarios) / de 10 a 15 años (jueces).
• Artículo 302 y 303:
  • Pena actual: De 2 a 5 años.
  • Pena propuesta: De 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves).

Reformas a la Ley N.º 2523/04 sobre Enriquecimiento Ilícito y Tráfico de Influencias

Se propone la modificación de artículos clave de la ley especializada para alinearla con el nuevo régimen de sanciones:

1. Artículo 3 (Enriquecimiento Ilícito):
   • Pena actual: De 1 a 10 años.
   • Pena propuesta: De 10 a 15 años.
2. Artículo 4 (Tráfico de Influencias):
   • Pena actual: Hasta 3 años.
   • Pena propuesta: 10 años, con agravantes de hasta 20 años si el autor es funcionario público o la influencia se ejerce ante magistrados.
3. Artículos 6, 7 y 8 (Disposiciones Agravadas):
   • Pena actual: Hasta 10 años.
   • Pena propuesta: De 15 a 25 años.

Adicionalmente, el proyecto incorpora medidas complementarias como el comiso especial de bienes obtenidos de manera ilícita y prohibiciones post-ejercicio del cargo para evitar conflictos de interés, reforzando así la integridad y la transparencia institucional.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el ODS más directamente relacionado con el artículo. El proyecto de ley busca fortalecer el marco legal y judicial de Paraguay para combatir la corrupción, un pilar fundamental del ODS 16. El texto lo evidencia al proponer una “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada” y al buscar “reforzar la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”. La modificación de penas para delitos como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias apunta a crear instituciones más justas, responsables y transparentes.

• ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad)

  El artículo establece una conexión indirecta pero clara con estos ODS al señalar que la corrupción “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad”. Al combatir la corrupción, se busca proteger los recursos públicos que deberían ser destinados a mejorar estos servicios esenciales, contribuyendo así al avance de los ODS 3 y 4.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

  El propósito central del proyecto de ley es una respuesta directa a esta meta. El artículo detalla cómo la iniciativa busca modificar el Código Penal para aumentar drásticamente las penas por delitos de corrupción, como el “enriquecimiento ilícito” y el “tráfico de influencias”. El objetivo de “disuasión legal” mediante castigos más severos, como penas de “hasta 25 años”, es un mecanismo explícito para reducir la corrupción y el soborno.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  El proyecto de ley no solo aumenta las penas, sino que también introduce medidas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia institucional. Un ejemplo es la prohibición para exfuncionarios de vincularse laboralmente con empresas beneficiadas por contratos públicos, lo cual busca prevenir conflictos de interés y fortalecer la integridad. El objetivo final, según el artículo, es “reforzar la confianza de la ciudadanía… en las Instituciones Republicanas”, lo que se alinea perfectamente con la creación de instituciones más eficaces y transparentes.

• Meta 16.4: Reducir significativamente las corrientes financieras ilícitas… fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

  Esta meta se aborda a través de dos puntos clave en el artículo. Primero, se menciona que el proyecto incorpora “el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente”, lo cual es una medida directa para la recuperación de activos robados. Segundo, el texto argumenta que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos”, por lo que combatir la corrupción en la función pública es también una forma de luchar contra la delincuencia organizada.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

El artículo no menciona explícitamente ningún indicador numérico de los ODS, pero las acciones que describe están implícitamente vinculadas a la medición del progreso de varios de ellos.

• Indicadores 16.5.1 y 16.5.2 (Prevalencia del soborno).

  Estos indicadores miden la proporción de personas y empresas que han pagado un soborno. Aunque no se citan, el objetivo de la ley es reducir las conductas que estos indicadores miden. El endurecimiento de las penas para el “tráfico de influencias” y otros delitos conexos busca disminuir la incidencia de sobornos y actos de corrupción. El éxito de la ley se podría medir a través de una reducción en las cifras de estos indicadores a nivel nacional.

• Indicador 16.4.1 (Total de corrientes financieras ilícitas).

  Este indicador mide los flujos financieros ilícitos. La ley aborda esto de manera implícita. La afirmación de que la corrupción está “desangrando al Estado en su patrimonio” se refiere a las pérdidas financieras causadas por estos flujos. La medida de “comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente” es un mecanismo para contrarrestar estos flujos y recuperar parte del patrimonio perdido. Por lo tanto, el valor de los bienes decomisados bajo esta nueva ley podría servir como un indicador proxy para medir el progreso en la lucha contra las corrientes financieras ilícitas derivadas de la corrupción.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: lanacion.com.py