Informe sobre la Privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y sus Implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contexto General del Proceso de Privatización

El Poder Ejecutivo Nacional ha iniciado un proceso de privatización total de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la publicación del DNU N° 493/2025 y el Decreto N° 494/2025. Esta medida afecta la provisión de agua potable y saneamiento a cerca de 15 millones de personas. La decisión representa un cambio de paradigma fundamental, pasando de concebir el agua como un derecho humano esencial a tratarla como una mercancía sujeta a la rentabilidad del mercado. Este enfoque entra en conflicto directo con los compromisos internacionales de Argentina, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua Limpia y Saneamiento), que busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Análisis Histórico de la Gestión del Agua y su Vínculo con el ODS 6

Evolución del Servicio: De la Gestión Pública a la Mercantilización

1. Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y el Avance hacia el Acceso Universal: Durante un siglo (1880-1980), la empresa estatal OSN fue pionera en la región, logrando una cobertura significativa en agua y saneamiento. Las inversiones, como las realizadas entre 1947 y 1951, constituyeron un esfuerzo temprano alineado con los principios que hoy defiende el ODS 6, posicionando al país como líder en acceso a servicios básicos.
2. La Privatización de los ’90 y el Retroceso en los Derechos: En 1993, la privatización de OSN y la creación de Aguas Argentinas marcaron un grave retroceso. La gestión privada resultó en:
   • Aumentos tarifarios desproporcionados (82% entre 1993 y 2002).
   • Deterioro de la calidad del servicio y falta de inversión en infraestructura.
   • Incumplimiento de las metas de expansión, priorizando áreas de mayor poder adquisitivo, lo que profundizó la brecha de desigualdad en clara contravención con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).
   • Graves pasivos ambientales, como la contaminación de ríos y napas, afectando la salud pública y el bienestar, pilares del ODS 3 (Salud y Bienestar).
3. Reestatización (2006) y el Retorno al Paradigma de Derechos: La creación de AySA en 2006, con un 90% de capital estatal, representó una medida correctiva para realinear la política hídrica con el derecho humano al agua. Bajo gestión pública, se logró una expansión significativa de la cobertura, incorporando barrios populares y avanzando hacia las metas del ODS 6 y el ODS 1 (Fin de la Pobreza) al facilitar el acceso a un servicio esencial para el desarrollo humano.

El Nuevo Proceso de Privatización y sus Riesgos para la Agenda 2030

Medidas Preparatorias y Justificación Gubernamental

El gobierno actual ha implementado una serie de medidas para facilitar la privatización:

1. Habilitación legal: La Ley N° 27.742 declaró a AySA “sujeta a privatización”.
2. Ajuste tarifario: La eliminación de subsidios generó aumentos de hasta el 1500%, comprometiendo la asequibilidad del servicio, un componente clave del ODS 6.
3. Reducción de personal: Se desvinculó al 20.2% de la plantilla (1,577 trabajadores), impactando negativamente en el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).
4. Nuevo marco regulatorio (DNU 493/2025): Se modificaron más de 100 artículos de la ley vigente para garantizar la rentabilidad del futuro operador privado, por encima de las necesidades sociales.

Impacto Directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento): La privatización amenaza directamente las metas de acceso universal y equitativo. La habilitación para cortar el servicio a usuarios residenciales por falta de pago constituye una violación del derecho humano al agua. Además, los planes de expansión no serán vinculantes para el operador privado, dejando a millones de personas (4 millones sin agua y 6 millones sin cloacas en el área de concesión) sin garantías de acceso futuro.
• ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): Las tarifas indexadas por inflación y la priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal exacerbarán la pobreza y la desigualdad. El acceso al agua se convertirá en un privilegio para quienes puedan pagarlo, afectando desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos.
• ODS 3 (Salud y Bienestar): La falta de acceso a agua potable y saneamiento es una causa directa de enfermedades y mortalidad infantil. La mercantilización del servicio pone en riesgo la salud pública, especialmente en las comunidades más vulnerables.
• ODS 5 (Igualdad de Género): La carencia de agua en el hogar sobrecarga las tareas de cuidado, que recaen de forma desproporcionada sobre mujeres y niñas, limitando sus oportunidades de educación y desarrollo económico.
• ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): Una ciudad no puede ser sostenible sin garantizar el acceso universal a servicios básicos. La incertidumbre sobre la expansión de la red de agua y saneamiento compromete el desarrollo urbano inclusivo y resiliente.

Implicaciones Regulatorias, Legales e Institucionales

Un Marco Regulatorio Diseñado para la Rentabilidad Privada

El DNU 493/2025 establece condiciones que protegen los intereses del concesionario en detrimento de los usuarios y el interés público:

• Las tarifas se actualizarán por inflación para garantizar una “rentabilidad similar a la de otras actividades de riesgo equiparable”.
• Se eliminan los fondos fiduciarios para inversión (PMOEM), y los nuevos planes de obras dependerán de tener “cobertura tarifaria suficiente”.
• La prescripción de deudas se extiende de dos a cinco años, y las facturas tendrán fuerza ejecutiva para facilitar el cobro judicial.

Debilitamiento Institucional y Conflicto con el ODS 16

La privatización se acompaña del desmantelamiento de organismos técnicos y de control, lo que debilita la gobernanza del sector y atenta contra el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

1. Eliminación del ENOHSA: Se suprime el ente nacional que planificaba y financiaba obras de agua y saneamiento en todo el país.
2. Desguace del INA: Se debilita al Instituto Nacional del Agua, organismo clave para la gestión de recursos hídricos y sistemas de alerta.
3. Reconfiguración de Entes Reguladores: La Agencia de Planificación (APLA) elaborará planes directores que “no tendrán carácter vinculante” para la concesionaria, vaciando de contenido la planificación estratégica del servicio.

Inconstitucionalidad y Violación de Derechos Humanos

Vulneración de Principios Jurídicos y Ambientales

• Violación de la División de Poderes: El uso de un DNU para modificar una ley del Congreso sin que medie una necesidad y urgencia real atenta contra el principio republicano, afectando la calidad institucional que promueve el ODS 16.
• Incumplimiento del Acuerdo de Escazú: No se realizaron instancias de participación ciudadana previas, violando el derecho a la democracia participativa ambiental.
• Principio de No Regresión: El nuevo marco es regresivo en materia de derechos humanos, al autorizar el corte del servicio, permitir una menor calidad del agua y desproteger a los usuarios.

El Derecho Humano al Agua vs. la Mercantilización

La comunidad internacional, a través de resoluciones de la ONU y tratados de derechos humanos, reconoce el agua como un derecho humano indispensable para la vida y no como una mercancía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado este principio. El DNU N° 493/2025 es inconstitucional e inhumano al permitir el corte de suministro, transformando el acceso al agua en un bien de consumo restringido a la capacidad de pago. Este enfoque ignora que la inversión en agua y saneamiento genera un retorno social y económico positivo y es fundamental para cerrar las profundas brechas de desigualdad existentes en el país, alejando a Argentina del cumplimiento de la Agenda 2030.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento: Este es el objetivo central del artículo. Todo el texto gira en torno a la provisión de agua potable y servicios de saneamiento, la privatización de la empresa AySA, el acceso universal, la asequibilidad de las tarifas y la calidad del agua. El artículo declara que la privatización “sacrificará el derecho humano al agua potable y al saneamiento”.
• ODS 3: Salud y Bienestar: El artículo conecta directamente el acceso al agua y saneamiento con la salud pública. Menciona que la falta de estos servicios en el pasado provocó “epidemias de cólera y fiebre amarilla” y que la contaminación de napas con nitrato y arsénico “poniendo en peligro la salud pública”. Además, afirma que “La falta de acceso al agua limita la reproducción de la vida, multiplica la mortalidad infantil, reduce la esperanza de vida”.
• ODS 10: Reducción de las Desigualdades: Se aborda la desigualdad en el acceso a los servicios. El artículo señala que la anterior gestión privada “expandió la infraestructura hacia el norte del AMBA, donde reside la población de mayor poder adquisitivo… dejando sin cobertura a los sectores de bajos recursos”. El aumento de tarifas y la posibilidad de cortar el servicio a usuarios residenciales agudizarían estas desigualdades.
• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: El artículo critica fuertemente el marco institucional y legal de la privatización. Califica el DNU N° 493/2025 como “tiránico e inconstitucional”, argumentando que “lesiona gravemente el principio republicano de división de poderes”. También denuncia el “desmantelamiento de organismos de control y planificación” como el ENOHSA y el INA, y la falta de “participación ciudadana” violando el Acuerdo de Escazú.
• ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Se menciona el impacto laboral de las medidas previas a la privatización, con una “reducción del personal de AYSA en un 20.2% desde noviembre de 2023”. Esto genera “incertidumbre sobre la estabilidad laboral” de los empleados restantes.
• ODS 5: Igualdad de Género: El texto hace una referencia explícita al impacto de género de la falta de servicios, al señalar que “La falta de acceso al agua… sobrecarga las tareas de cuidado a las mujeres”.
• ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura: El artículo discute extensamente la inversión en infraestructura de agua y saneamiento. Compara los niveles de inversión históricos (“más del 4% del PIB”) con la caída durante la privatización de los ’90 y cuestiona cómo se financiará la expansión futura, sugiriendo que “el Estado terminará financiándola” incluso bajo un modelo privado.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 6.1: “De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos”. El artículo se centra en esta meta, destacando que en Argentina “siete millones de personas no acceden al agua potable” y que las nuevas tarifas son “inasequibles”, lo que amenaza el acceso equitativo y asequible.
• Meta 6.2: “De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos”. El texto informa que “20 millones no acceden a las cloacas” en el país, y que dentro del área de AySA, “seis millones no tienen acceso a las cloacas”, mostrando la brecha existente para alcanzar esta meta.
• Meta 6.3: “De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación…”. Se hace referencia a esta meta al recordar la experiencia previa de privatización, donde hubo “vertido de hasta el 90% de las aguas residuales al río casi sin tratamiento, y la contaminación de napas con nitrato y arsénico”.
• Meta 6.b: “Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”. El artículo critica la violación de esta meta al afirmar que “se ha violado la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú al no haberse realizado instancias de participación ciudadana”.
• Meta 3.3: “De aquí a 2030, poner fin a las epidemias… y las enfermedades transmitidas por el agua…”. Se menciona el contexto histórico donde la construcción de sistemas de saneamiento fue una respuesta a “epidemias de cólera y fiebre amarilla”, subrayando la importancia de estos servicios para cumplir la meta.
• Meta 10.2: “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas… independientemente de su… situación económica”. La crítica a la expansión del servicio solo a zonas de “mayor poder adquisitivo” y el dejar “sin cobertura a los sectores de bajos recursos” se relaciona directamente con el fracaso en promover la inclusión.
• Meta 16.6: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. El artículo denuncia el “desmantelamiento de organismos de control y planificación” y la reconfiguración de los entes reguladores, lo que debilita la eficacia y la rendición de cuentas de las instituciones.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 6.1.1: Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados de forma segura. El artículo proporciona datos numéricos directos para este indicador al señalar que “siete millones de personas no acceden al agua potable” en Argentina y “cuatro millones no tienen acceso al agua” en el área de concesión de AySA.
• Indicador 6.2.1: Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura. De manera similar, el texto ofrece cifras concretas para este indicador: “20 millones no acceden a las cloacas” a nivel nacional y “seis millones” en el área de AySA.
• Indicador implícito de asequibilidad (relacionado con la Meta 6.1): Aunque no es un indicador oficial, el artículo menciona “incrementos tarifarios de hasta el 1500% durante 2024” y una “tasa de morosidad del 16%”. Estos datos pueden usarse como indicadores indirectos para medir la asequibilidad del servicio.
• Indicador 8.5.2: Tasa de desempleo. El artículo ofrece datos que podrían alimentar este indicador en el sector específico, mencionando la “reducción del personal de AYSA en un 20.2% desde noviembre de 2023”, lo que representa “una disminución de 1.577 trabajadores”.
• Indicador implícito de inversión en infraestructura (relacionado con el ODS 9): El artículo menciona que antes de la privatización “se invertía más del 4% del PIB” en el sector. Este porcentaje puede ser utilizado como un indicador implícito para comparar la inversión actual y futura en infraestructura hídrica.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: elcohetealaluna.com