JUSTICIA, ¿PERO PARA QUIÉN?

Pertenecer a un país y no tener acceso a la justicia, o bueno, al nivel que tienen los más “afortunados”. Esa es la realidad que viven muchas personas cuando quieren acudir ante un juzgado a solucionar un conflicto, o hacer uso de otros servicios públicos, los cuales, son ofertados en mayor medida y con mejores condiciones a quienes tienen una capacidad económica mejor o simplemente, un apellido que les cubre.

Hablar de paz, justicia e instituciones sólidas (objetivo 16), en distintos países de Latinoamérica resulta casi imposible, y que, a pesar de todo, hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Siendo así, según el Informe Global de Corrupción, la corrupción judicial puede ser definida como que “es toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales” (Badel, 2008, P.13). Por consiguiente, este fenómeno que incurre en la justicia, genera que la misma ya no tenga unas vendas sobre los ojos –hecho que va en contravía a tener una imparcialidad—, sino que este vendaje se destape toda vez que aparece un interés en el juez de fallar en determinada forma.

Si es un servicio para todos, ¿por qué beneficia más a unos que a otros? Como para dar un inicio, hay que reconocer que existen abogados ejemplares, los cuales evidencian tener un conocimiento inmenso sobre el aparato judicial, y sobre cómo hacer que el juez tome la decisión que más le convenga a su cliente, sin alterar su solvencia moral. No obstante, así como hay abogados que son el ejemplo de muchos estudiantes de derecho, existen unos que aplican gran variedad de prácticas que ponen entre duda su accionar ético, en donde, a diferencia de los dignos de admirar, logran hacer que los jueces decidan en lo que más les conviene, pero se preguntarían algunos, ¿a qué precio? Es de esta forma que aparece un cuestionamiento sobre lo que es ser abogado, de lo cual es importante destacar que este significado no radica sobre una persona que conoce todas las falencias de la ley, y opta por medio de estas lograr su cometido. Ser un gran abogado,  a título personal, significa ser el vencedor en un caso ante el despacho del juez, y conservar su solvencia moral y ética, para que de esta manera, lo único que se tenga de qué hablar de este personaje, sea su accionar ejemplar.

Otra de las cosas que se pueden añadir dentro de esta conversación es el hecho de la repetición de frases en contextos tan comunes como el salir a la calle, en donde “la justicia no existe”, hace parte de esas oraciones que logran normalizarse, y más aún en personas que han perdido un litigio frente a alguien que tiene una chequera más grande. Para traer un ejemplo, uno de los casos que se pueden mencionar acerca de la corrupción judicial, es el famoso Cartel de la Toga en Colombia, en el cual, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fallaban a favor de políticos, exgobernadores y excongresistas, por una suma de dinero para nada irrisoria. De esta manera nace la pregunta sobre dónde está la imparcialidad de la ley que tanto se predica en los libros, en esos en los que se alega que el juez es una garantía de igualdades, pero que en la práctica, parece que esa garantía vence cuando está presente alguien que tiene “una cantidad inmensa de razones” (comentario muy común en Colombia que signfica sobornar a una autoridad), por las cuales el juez debería considerar su decisión.

A todas estas, la violencia contra las instituciones se ha visto no solo a partir de la poca fe que exista dentro de la sociedad, sino también a que estas se han prestado para cometer las actividades que tienen la obligación de evitar, hasta el punto en que dentro del proceso que se comentaba sobre el Cartel de la Toga en Colombia, el Fiscal Anticorrupción se vio implicado dentro de un proceso de corrupción (El Tiempo, 2018).

“Se deben crear más instituciones para hacer un mejor control”, otro de esos comentarios que se escucha de la gente para combatir la corrupción, pero que a decir verdad, no cumple con lo que se plantea. Nada más para poder determinar la eficacia de esta idea, solo se necesita ver que, como se mencionó antes, ese ente que estaba dirigido a combatir la corrupción en Colombia, logró verse implicado dentro de uno de los procesos que debía enfrentar y ajusticiar, por lo cual, el decir que la corrupción llega a la institución que necesite controlar para hacer de las suyas, es una afirmación que se puede hacer solamente viendo los entornos que se tienen, generando la idea que existe gran variedad de casos de corrupción, prácticamente de toda índole, que son visibles dentro de las sociedades latinoamericanas, para que con esto se pueda decir que no se considera necesario la creación de más entidades que eviten el desvío de recursos, sino que debe existir en las personas un mayor sentimiento de pertenencia, el hecho que hoy se esté dejando en libertad a alguien solo porque se le dio un incentivo al juez, puede significar la violencia y la injusticia que tanto se critica.

Para culminar con toda esta reflexión, solo queda por decir que si se quiere implementar un objetivo como lo es el de paz, justicia e instituciones sólidas (objetivo 16), se debe tener en cuenta ese tipo cáncer que existe hoy en el mundo político, mismo que, en su versión judicial, conlleva a la imposibilidad de un objetivo como el planteado por Naciones Unidas, y en el que la idea de ser intocable por la justicia, se hace realidad a costa de favores de índole política. Dando a comprender que la aplicación de un objetivo que busca desatender la impunidad que existe en los sistemas judiciales latinoamericanos y del mundo, para así garantizar un acceso a la justicia pleno e imparcial, debe enfocarse de igual forma, en mitigar los rezagos que existen actualmente, gracias a la corrupción, en sociedades tan perjudicadas como lo es América Latina.

Referencias:

Badel, M. E. (2008). La corrupción judicial en Colombia. Una aproximación al mapa de riesgos. Bogotá: Corporación Transparencia por Colombia y Corporación Excelencia en la Justicia.

Carvajal Martínez J. E., Hernández Díaz C. A., Rodríguez Martínez J. E. (2019). La corrupción y la corrupción judicial: aportes para el debate. Revista Prolegómenos, 22(44), pp. 67-82. DOI: https://doi.org/10.18359/prole.3667

El Tiempo. (2018, 16 mayo). Exfiscal Gustavo Moreno pidió perdón horas antes de su extradición. El Tiempo. Recuperado 4 de abril de 2022, de https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/horas-antes-de-su-extradicionexfiscal-gustavo-moreno-pidio-perdon-218112