Informe sobre el Debilitamiento Institucional y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú

Análisis del Informe “Legislar para la Impunidad” de Human Rights Watch

Un informe emitido por Human Rights Watch (HRW) concluye que el Congreso de Perú ha implementado una serie de medidas legislativas que debilitan el marco jurídico diseñado para combatir a las organizaciones criminales. Esta situación se ha desarrollado con una respuesta gubernamental calificada como “débil, incapaz o poco dispuesta a actuar”. Estas acciones representan un retroceso significativo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

• El informe sostiene que el Congreso, en lugar de fortalecer las instituciones públicas, ha minado la independencia y capacidad de jueces y fiscales.
• Se acusa al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de permitir estas modificaciones legislativas, al no observar ni oponerse a la mayoría de ellas.
• La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, afirmó que estas medidas fortalecen al crimen organizado con la anuencia del gobierno.

Consecuencias Directas sobre la Seguridad, la Justicia y la Sostenibilidad

Erosión del Estado de Derecho y el ODS 16

Las acciones legislativas han tenido un impacto directo en la capacidad del Estado para impartir justicia y mantener la paz, contraviniendo las metas del ODS 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

• Modificación del Código Penal: Se aprobó una ley que alteró la definición de “crimen organizado”, excluyendo delitos de corrupción. Esta medida dificulta la persecución de redes corruptas que socavan las instituciones.
• Debilitamiento del Sistema Judicial: El informe cita la preocupación de la OCDE sobre procedimientos disciplinarios contra fiscales y propuestas para modificar el sistema judicial, lo que amenaza la independencia judicial, un pilar del Estado de Derecho.
• Aumento de la Impunidad: Al debilitar las herramientas legales, se facilita un entorno de impunidad que incentiva la expansión de actividades ilícitas.

Aumento de la Violencia y su Contravención al ODS 11

El debilitamiento institucional se ha traducido en un notable incremento de la violencia, afectando la seguridad ciudadana y el desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11).

• Cifras de Homicidios: En 2024, Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años.
• Incremento Exponencial: Datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que los homicidios aumentaron casi un 137% entre 2018 y 2024, alcanzando 2,546 casos.
• Inefectividad de Medidas: La declaración de estados de emergencia y la intervención militar han sido descritas por fuentes policiales como medidas inefectivas para contener la criminalidad.

Factores Sistémicos y su Impacto en la Agenda 2030

Crimen Organizado, Corrupción y Minería Ilegal

El informe contextualiza el fenómeno criminal dentro de un marco de inestabilidad política, corrupción y la expansión de economías ilícitas, que afectan múltiples ODS.

• Minería Ilegal y Lavado de Activos: La minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de lavado de activos en el país, con casi US$ 6,300 millones entre 2015 y 2025. Esta actividad no solo fomenta la corrupción (contra el ODS 16), sino que también destruye ecosistemas, atentando contra el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), y promueve el trabajo precario, contrario al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).
• Inestabilidad y Pobreza: La corrupción, la inestabilidad política (siete presidentes entre 2016 y 2022) y el aumento de la pobreza crean un caldo de cultivo para la criminalidad, obstaculizando el progreso en el ODS 1 (Fin de la Pobreza) y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).

Recomendaciones para la Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Medidas Urgentes para el Poder Legislativo

Para revertir esta tendencia y realinear al país con la Agenda 2030, HRW propone acciones concretas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho.

1. Modificar o derogar las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
2. Rechazar proyectos de ley que otorguen al Congreso poderes disciplinarios excesivos sobre jueces, fiscales y autoridades electorales.
3. Abstenerse de investigar a operadores de justicia por el contenido de sus decisiones, garantizando la independencia judicial indispensable para el ODS 16.

Acciones Requeridas para el Poder Ejecutivo

Se insta al gobierno a asumir un rol proactivo en la defensa de las instituciones y la seguridad ciudadana.

• Desarrollar e implementar una estrategia de seguridad integral, basada en el respeto a los derechos humanos, para desmantelar eficazmente a los grupos criminales.
• Ejercer su facultad de observar y oponerse a las leyes que atentan contra la lucha anticorrupción y la estabilidad institucional, cumpliendo con su deber de promover la paz, la justicia y la sostenibilidad.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El análisis del artículo revela una fuerte conexión con el siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible:

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el objetivo principal abordado en el artículo. El texto se centra en el debilitamiento del marco jurídico y de las instituciones encargadas de impartir justicia en Perú. Se describen acciones del Congreso que, según Human Rights Watch (HRW), socavan la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, la corrupción y la violencia. El informe “Legislar para la impunidad” denuncia cómo las medidas legislativas debilitan “la independencia y la capacidad de jueces y fiscales”, lo que facilita la expansión de la criminalidad y la corrupción, temas centrales del ODS 16.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Dentro del ODS 16, se pueden identificar varias metas específicas que son directamente relevantes para el contenido del artículo:

1. Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

   El artículo menciona explícitamente un aumento preocupante de la violencia. Cita datos de la Policía Nacional del Perú que indican que “los homicidios aumentaron casi un 137 % entre 2018 y 2024, alcanzando los 2.546 homicidios en 2024”, lo que representa la cifra “más alta de homicidios en al menos 7 años”. Esto se conecta directamente con la necesidad de reducir las tasas de mortalidad relacionadas con la violencia.

2. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   El núcleo del informe de HRW es la erosión del estado de derecho en Perú. El artículo señala que el Congreso “ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales”. La recomendación de HRW de “modificar o derogar leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado” y rechazar proyectos que debiliten a jueces y fiscales apunta a la necesidad de fortalecer el estado de derecho y el acceso a la justicia.

3. Meta 16.4: Para 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

   El artículo destaca la expansión de la delincuencia organizada en sectores como la minería ilegal. Menciona que esta actividad “se convirtió en la fuente número uno de lavado de activos en el país, alcanzando los casi US$ 6.300 millones de dólares”. Este dato sobre corrientes financieras ilícitas y la mención general a la expansión del crimen organizado se alinean directamente con esta meta.

4. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

   La corrupción es un tema central. El artículo cita una ley que “modificó la definición de ‘crimen organizado’ en el Código Penal y excluyó delitos de corrupción”. Además, menciona que la OCDE expresó preocupación por leyes que “obstaculizan la lucha contra la corrupción” y que muchos congresistas están dominados por “intereses personales y la búsqueda del beneficio propio”, lo que evidencia la necesidad de abordar la corrupción sistémica.

5. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

   El informe critica tanto al Congreso como al Ejecutivo por su falta de eficacia y rendición de cuentas. Se describe al gobierno de Dina Boluarte como “débil, incapaz o poco dispuesto a actuar” y al Congreso como una entidad que, “en lugar de fortalecer las instituciones públicas”, las ha debilitado. La inestabilidad política, con “siete presidentes entre 2016 y 2022”, también refleja la debilidad institucional.

6. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

   El artículo menciona la “reducción del espacio cívico” como un factor que enmarca el fenómeno de la criminalidad. Describe un “ambiente hostil para los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos” creado por el Ejecutivo y el Legislativo. Esto se relaciona directamente con la protección de las libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa y de asociación.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Sí, el artículo menciona o implica varios indicadores que se utilizan para medir el progreso hacia las metas del ODS 16:

• Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes.

  El artículo proporciona datos cuantitativos directos para este indicador, aunque no en formato de tasa. Cita que en 2024 se registraron “2.546 homicidios” y que la cifra de homicidios aumentó “casi un 137 % entre 2018 y 2024”. Estos números absolutos son la base para calcular la tasa por cada 100.000 habitantes y medir el progreso (o retroceso) en la reducción de la violencia letal.

• Indicador 16.4.1: Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y de salida (en dólares corrientes de los Estados Unidos).

  Este indicador está claramente referenciado cuando el artículo cita el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Se especifica que la minería ilegal generó “casi US$ 6.300 millones de dólares” en lavado de activos entre enero de 2015 y febrero de 2025. Este es un valor monetario específico de una corriente financiera ilícita, que es exactamente lo que este indicador mide.

• Indicador 16.5.2: Proporción de empresas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les pidió un soborno, durante los últimos 12 meses. (Implícito)

  Aunque no se proporcionan datos de encuestas, el artículo implica fuertemente la existencia de corrupción a gran escala que afecta el entorno operativo. La mención de que el Congreso actúa por “intereses personales y la búsqueda del beneficio propio” y la preocupación de la OCDE sobre leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción sugieren un alto nivel de este problema, que este indicador busca medir.

• Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses. (Implícito)

  El artículo no da cifras específicas de ataques, pero describe un “ambiente hostil para los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos”. Esta descripción cualitativa del “espacio cívico” es el fenómeno que este indicador pretende cuantificar. La existencia de un ambiente hostil es un precursor de los casos que este indicador registra.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: keyt.com