Informe sobre la Decisión de la JEP y su Impacto en los Derechos Humanos en Colombia

Colombia informa. Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2025

Contexto y Decisión de la JEP

El 28 de mayo de 2025, la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió conceder el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a 34 miembros de la fuerza pública, responsables de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en la región del Catatumbo.

Esta resolución ha sido rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que implica impunidad absoluta para las víctimas, ya que se dejarán de investigar los hechos y se borrarán antecedentes judiciales de los responsables, cerrando investigaciones en cualquier otra instancia.

Hasta la fecha, la JEP ha concedido esta renuncia a la persecución penal a 148 integrantes de la fuerza pública.

Casos Relevantes: Fair Leonardo Porras Bernal

Entre los militares beneficiados se encuentran seis agentes del Estado responsables de la desaparición forzada, tortura y asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal, ocurrido el 12 de enero de 2008 en Ocaña, Norte de Santander.

Fair Leonardo, reconocido por su comunidad en Soacha (Cundinamarca) por su amabilidad y discapacidad cognitiva, fue víctima de un engaño que lo llevó a la región del Catatumbo, donde fue asesinado y presentado como muerto en combate.

Su madre, Luz Marina Bernal, ha sido una trabajadora incansable por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Contradicciones y Contexto Político

Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, se incrementaron durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La JEP reconoció 6,402 víctimas entre 2002 y 2008, aunque se estima que podrían superar las 10,000 víctimas.

Sin embargo, la magistrada Catalina Díaz afirmó que la Política de Seguridad Democrática no contemplaba una política de control de muertos, lo que ha sido cuestionado por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, que señalan la existencia de un diseño institucional que favoreció estos crímenes.

Normativas como la Directiva Permanente 017 de 1996 y la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa habrían impulsado estas prácticas, con órdenes y condecoraciones a quienes las cumplieron.

Dimensión de las Víctimas y Documentación Incompleta

1. Las cifras oficiales se limitan a 2002-2008, dejando sin documentar casos anteriores y posteriores.
2. Existen registros en juzgados penales militares y en casos de desaparición forzada que requieren atención.
3. Las ejecuciones extrajudiciales incluyen desaparición, traslado, asesinato y ocultamiento de identidad de las víctimas.

Reconocimiento Judicial y Desafíos Actuales

En 2013, el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad, reconociendo un ataque sistemático y generalizado contra jóvenes humildes y marginados de Soacha.

El fallo destacó la existencia de un aparato organizado de poder estatal que facilitó desapariciones forzadas y homicidios.

No obstante, la JEP ha aplicado una amnistía de facto para estos crímenes, lo que ha sido considerado una afrenta a los derechos, la verdad y la justicia, y contrario al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Indolencia Estatal y Situación de las Víctimas

• La entrega de restos de las víctimas ha sido irregular y traumática, con violaciones en el proceso y dudas sobre la identidad de los cuerpos.
• En el caso de Fair Leonardo Porras Bernal, el cuerpo entregado está incompleto y mezclado con otros fragmentos óseos.
• La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha declarado no tener competencia para realizar nuevas exhumaciones y pruebas de ADN.
• Esta situación refleja una indolencia institucional que afecta la reparación integral y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.

Balance y Perspectivas

Tras 17 años de lucha por la verdad y la justicia, la decisión de la JEP representa un retroceso significativo, perpetuando la impunidad y cerrando caminos para la búsqueda de justicia para las víctimas.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su profundo desacuerdo, señalando que sin reconocimiento genuino de la verdad y justicia, no es posible garantizar la no repetición de estos crímenes.

Acciones y Alternativas

1. Las familias y organizaciones han interpuesto recursos de apelación contra la decisión de la JEP.
2. Se busca enmendar la amnistía disfrazada para autores de graves violaciones a los derechos humanos.
3. De mantenerse la decisión, se abrirán escenarios para justicia internacional y popular.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

• La impunidad generada por la renuncia a la persecución penal afecta directamente el acceso a la justicia y la construcción de instituciones sólidas y transparentes.
• Garantizar la verdad, justicia y reparación para las víctimas es fundamental para promover sociedades pacíficas e inclusivas.
• La lucha contra las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas es un componente esencial para el cumplimiento del ODS 16.

ODS 10: Reducción de las Desigualdades

• Los crímenes de lesa humanidad han afectado principalmente a sectores vulnerables y marginados, evidenciando desigualdades estructurales.
• La reparación integral y el reconocimiento de las víctimas contribuyen a reducir las desigualdades sociales y económicas.

ODS 5: Igualdad de Género

• El papel de madres y familiares, como Luz Marina Bernal, destaca la importancia del empoderamiento de las mujeres en la defensa de los derechos humanos.
• El apoyo a estas mujeres líderes es clave para fortalecer la justicia y la reparación.

ODS 3: Salud y Bienestar

• El impacto psicológico y social de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas afecta la salud mental y el bienestar de las víctimas y sus familias.
• Garantizar justicia y reparación contribuye a la recuperación integral de las comunidades afectadas.

Conclusión

La decisión de la JEP representa un desafío para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo relacionado con la justicia, la reducción de desigualdades y la promoción de sociedades pacíficas. Es imprescindible que las instituciones y la sociedad civil continúen trabajando para garantizar los derechos de las víctimas, la verdad y la reparación, en línea con los compromisos internacionales y los ODS.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
   • El artículo aborda la impunidad, la justicia transicional y la lucha contra las violaciones a los derechos humanos, temas centrales del ODS 16.
   • Se discuten ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la renuncia a la persecución penal de responsables militares, lo que afecta la paz y la justicia.
2. ODS 10: Reducción de las desigualdades
   • El artículo menciona la discriminación hacia jóvenes de sectores humildes y marginados, lo que conecta con la reducción de desigualdades.
3. ODS 5: Igualdad de género
   • Se resalta el papel de mujeres, como Luz Marina Bernal y madres de víctimas, en la defensa de derechos humanos, vinculando la importancia del empoderamiento femenino.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en todos los países y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
   • El artículo destaca la falta de justicia y la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
2. Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.
   • Se discuten las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como formas graves de violencia estatal.
3. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.
   • El artículo menciona la lucha por la verdad, la transparencia y el reconocimiento de los crímenes cometidos.
4. Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultado.
   • Se evidencia discriminación hacia sectores vulnerables y marginados, como jóvenes de bajos recursos.
5. Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo a todos los niveles.
   • El papel activo de mujeres defensoras de derechos humanos es destacado en el artículo.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicador 16.3.1: Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, desglosado por sexo y edad.
   • El artículo menciona cifras parciales y estimadas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (6,402 a más de 10,000), que pueden relacionarse con este indicador.
2. Indicador 16.3.2: Proporción de víctimas de violencia que han recibido asistencia judicial o legal.
   • Se evidencia la falta de persecución penal y la renuncia a la acción penal, lo que refleja un bajo cumplimiento de este indicador.
3. Indicador 16.10.2: Número de países que adoptan y aplican leyes, políticas y procedimientos para garantizar el acceso público a la información.
   • El artículo señala la falta de transparencia y la negación de verdad y justicia, lo que afecta este indicador.
4. Indicador 10.3.1: Índice de discriminación basada en la edad, género, discapacidad, raza, etnia, origen, religión u otra condición.
   • La discriminación hacia jóvenes humildes y con discapacidad cognitiva es un tema implícito que puede relacionarse con este indicador.

4. Tabla: ODS, metas e indicadores

Fuente: resumenlatinoamericano.org