Huelga de jueces y fiscales en España contra la reforma judicial

El 1 de julio, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales en España convocaron una huelga de tres días en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Gobierno español. Esta reforma busca reestructurar el acceso a la carrera judicial y modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Objetivos de la reforma judicial y su relación con los ODS

El anteproyecto de reforma propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en la carrera judicial, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Igualdad de Género y el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha descrito esta iniciativa como “la mayor transformación en décadas de la justicia” y un avance significativo en la evolución del servicio público judicial.

Aspectos clave de la reforma propuesta

1. Acceso a la carrera judicial y fiscal:
   • Ampliación del número de plazas y becas.
   • Creación de un nuevo examen escrito basado en un caso práctico para valorar la capacidad de análisis y redacción jurídica.
   • Establecimiento de un centro público de preparación con delegaciones en cada territorio, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo.
2. Reforma del Ministerio Fiscal:
   • Fortalecimiento de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
   • Desvinculación del mandato del Fiscal General del Estado de la legislatura, estableciendo un mandato fijo de cinco años.
   • Mayor protagonismo en la dirección de la investigación penal, asumiendo el mando sobre la Policía Judicial.

Estas medidas contribuyen al cumplimiento del ODS 16, que promueve instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Propuestas para mejorar el acceso a la función pública judicial

El Gobierno español busca facilitar el acceso a la carrera judicial y fiscal mediante:

• La creación de una beca con el importe del Salario Mínimo Interprofesional durante hasta cuatro años para aspirantes, favoreciendo la inclusión social y económica, en línea con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades.
• La creación de un Centro de Estudios Jurídicos para la preparación de oposiciones, garantizando formación pública y accesible.
• Un sistema de ascenso automático por antigüedad cada cinco años y cambios en la composición del Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial.
• Ampliación del número de fiscales y jueces para mejorar la capacidad funcional del sistema judicial.

Reacciones y críticas a la reforma

Los opositores a la reforma argumentan que:

• Las reformas comprometen la independencia judicial, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal, principios fundamentales para el ODS 16.
• La creación del centro de estudios para oposiciones podría representar una intervención del Ejecutivo en un proceso que hasta ahora ha sido independiente.
• Las reformas no responden a una demanda social real ni solucionan los problemas estructurales de la justicia española, aumentando el riesgo de politización.
• En particular, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incrementaría injustificadamente el poder del Fiscal General sin establecer contrapesos ni garantías suficientes para la investigación.

Movilizaciones y contexto de la huelga

El 28 de junio, cientos de personas, incluyendo jueces y fiscales, se manifestaron frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra las reformas propuestas. Esta manifestación fue la antesala de la huelga convocada para el 1 de julio.

Legalidad de la huelga y posibles consecuencias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no calificó la huelga como ilegal, pero señaló que el derecho a huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo, por lo que no procede fijar servicios mínimos ni mantener la convocatoria.

En caso de realizarse el paro, el CGPJ enfatizó que no debe afectar el reparto de asuntos, servicios de guardia ni decisiones urgentes de instrucción, garantizando así la continuidad del servicio judicial esencial, en concordancia con el ODS 16.

Conclusión

La reforma judicial propuesta por el Gobierno español busca avanzar en la igualdad de oportunidades y la modernización del sistema judicial, contribuyendo a los ODS 5, 10 y 16. Sin embargo, la oposición denuncia riesgos para la independencia judicial y la posible politización del sistema, lo que podría afectar negativamente el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones.

La huelga convocada refleja la tensión existente entre la necesidad de reformas y la defensa de principios fundamentales para una justicia sólida y democrática.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados o conectados con los temas destacados en el artículo

1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
   • El artículo se centra en la reforma judicial en España, la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, temas directamente relacionados con la promoción de instituciones sólidas, justas y transparentes.
   • La huelga convocada por jueces y fiscales refleja la importancia de garantizar un sistema judicial independiente y efectivo.
2. ODS 4: Educación de calidad
   • La propuesta de crear un Centro de Estudios Jurídicos para la preparación de oposiciones y la ampliación de becas para aspirantes a la carrera judicial promueven el acceso a una educación y formación de calidad.

2. Metas específicas de los ODS identificadas en función del contenido del artículo

1. Meta 16.6: Desarrollar instituciones efectivas, responsables y transparentes a todos los niveles.
   • La reforma busca fortalecer la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal y mejorar la estructura del Poder Judicial.
2. Meta 16.3: Promover el Estado de Derecho en nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
   • La reforma judicial pretende promover la igualdad de oportunidades en la carrera judicial y mejorar el acceso a cargos públicos.
3. Meta 4.3: Garantizar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad.
   • La creación de becas con el importe del salario mínimo interprofesional para opositores facilita el acceso a la formación para personas con bajos recursos.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo para medir el progreso

1. Indicador 16.6.2: Proporción de la población que percibe que las instituciones públicas son efectivas y responsables.
   • La controversia y oposición a la reforma judicial reflejan percepciones sobre la efectividad e independencia de las instituciones judiciales.
2. Indicador 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia que buscan asistencia judicial o policial.
   • El fortalecimiento del Ministerio Fiscal para dirigir investigaciones penales puede influir en este indicador.
3. Indicador 4.3.1: Participación en educación técnica, profesional y superior.
   • El aumento de becas y la creación del Centro de Estudios Jurídicos pueden medirse a través de la tasa de participación en formación para oposiciones.

4. Tabla: ODS, metas e indicadores

Fuente: france24.com