El Congreso de Colombia hunde de nuevo el proyecto que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual

Informe: Proyecto de ley sobre terapias de conversión sexual en Colombia

El Congreso de Colombia ha dejado hundir este miércoles, por segunda vez consecutiva, un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual para la comunidad LGBTIQ+. Esta decisión significa una negativa a garantizar los derechos para esta población y, al tiempo, confirma el superpoder político de las iglesias cristianas y los partidos conservadores, principales opositores de la iniciativa.

El proyecto, que había pasado con éxito los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pretendía impedir que en el país se sigan usando de forma legal distintos tipos de violencia física o psicológica para tratar de cambiar, corregir o reprimir la orientación sexual o la identidad de género a cualquier persona. Para ello, proponía sanciones administrativas y penales a quienes hicieran o promovieran este tipo de conductas, vistas por la ONU como una forma de tortura.

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados con este proyecto son:

1. ODS 3: Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
2. ODS 5: Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
3. ODS 10: Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.
4. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Reacciones y argumentos

“Nunca el Congreso de Colombia ha expedido una ley cuya población objetivo principal sea la comunidad LGBTIQ+. Todos los derechos los hemos ganado gracias a la Corte Constitucional, no gracias al Congreso que siempre ha evadido esos debates”, dice por teléfono Carolina Giraldo, representante a la Cámara del partido Verde y ponente del proyecto. Giraldo lamenta que la Comisión Primera del Senado ni siquiera haya discutido la iniciativa, que debía ser aprobada este miércoles para que pudiera seguir su curso y ser avalada por la plenaria antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo.

Los senadores que no estaban de acuerdo con el proyecto lograron modificar el orden del día para evitar que se debatiera, por lo que terminó archivado por falta de apoyos y de tiempos. Otra de las ponentes, la senadora del Pacto Histórico Clara López, lamentó el archivo. “Hay un grave retroceso, fue vetada la discusión. No podemos ir para atrás. Las convicciones religiosas individuales de los congresistas están primando por encima de lo que ordena la Constitución. Eso afecta a la población LGBTIQ+. Muchos no la quieren ver existir, pero existe y no vale menos”, dijo al comprobar que el proyecto se hundía.

Posturas de los opositores

En la otra orilla está la senadora María Fernanda Cabal, del derechista Centro Democrático, quien fue una de las que más se opuso al proyecto. Además de ella, el senador verde Jota Pe Hernández y varios senadores del Partido Conservador expresaron su rechazo a la prohibición. Uno de los senadores del Partido Conservador, Óscar Giraldo, recoge su caudal electoral de la organización ultracatólica Lazos de amor mariano, a la que pertenece y que ha practicado las supuestas terapias de conversión.

Impacto en la sociedad civil

El hundimiento del proyecto ha caído como un balde de agua fría en el sector de la sociedad civil que lo promovió. En los últimos años, se consolidó una amplia plataforma con organizaciones LGBTIQ+ —el Grupo Acción y Apoyo Trans (GAAT), Allout, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, entre otros— y otras aliadas, como Profamilia, que se dedica a derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto más completo

Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de GAAT, cuenta que este proyecto se había nutrido de las observaciones de quienes se oponían. “Me siento orgullosa de que recogimos mucho de eso y quedó muy completo”, comenta por teléfono. Se había incluido, por ejemplo, un artículo que explicitaba que no se podía usar la ley para “prohibir o sancionar mensajes, consejerías, orientaciones o guías espirituales y religiosas que se practiquen sin usar medios violentos”. Sin embargo, valora que en el proceso se pudo visibilizar el impacto de prácticas que eran tabú hasta hace unos años, cuando ella misma las sufrió. “Es el primer proyecto de ley que llega tan lejos en garantías de derechos LGBT”, destaca.

Rol del Congreso y protección de las víctimas

En el medio, ha quedado el rol del Congreso en la defensa de los derechos de la población LGBT. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, remarca en una conversación telefónica que esto le recuerda a cuando a comienzos de los 2000 también fracasaron en sus intentos de pasar una ley de matrimonio igualitario. Este derecho finalmente se logró, en 2016, pero gracias a un fallo de la Corte Constitucional. “El Congreso de la República no ha entendido el deber ético que tiene de legislar para garantizar los derechos de la población LGBT”, lamenta Castañeda.

Aunque los contradictores tienen razón en que la tortura ya está penalizada en Colombia, la idea del proyecto de ley era tipificar las especificidades de la violencia que sufre la población LGBT por su orientación sexual o su identidad de género. Belmont explica que se precisa de una herramienta más contundente para poder denunciar estos casos en las estaciones de Policía, que ni siquiera llevan registros de los casos de presuntas terapias de conversión.

No obstante, tampoco debe interpretarse que las víctimas están desprotegidas ante el hundimiento. Manuel Páez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado, señala por teléfono que varios fallos de la Corte Constitucional prohíben estas terapias y establecen que principios como la libertad de religión “no autorizan a torturar o discriminar gente”. “Hubiera sido maravilloso que saliera la ley, en especial porque nuestra cultura legal le da más fuerza y claridad a lo que sale del Congreso. Pero no es que ahora se pueda seguir sometiendo a la gente a barbaridades”, subraya. Para el abogado, especializado en derechos LGBT, lo importante es llevar más casos ante la justicia y avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de la Corte.

Conclusiones

En conclusión, el hundimiento del proyecto de ley sobre terapias de conversión sexual en Colombia representa un retroceso en la garantía de derechos para la comunidad LGBTIQ+. A pesar de los avances logrados gracias a la Corte Constitucional, el Congreso ha evadido los debates y no ha cumplido su deber ético de legislar para proteger a esta población. Aunque existen fallos judiciales que prohíben estas prácticas, es necesario seguir luchando por una legislación más contundente y llevar más casos ante la justicia para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población LGBTIQ+.

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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados

• ODS 5: Igualdad de género
• ODS 10: Reducción de las desigualdades
• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Metas específicas de los ODS identificadas

• Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo.
• Meta 10.3: Asegurar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
• Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Indicadores de los ODS relevantes

• Indicador 5.1.1: Proporción de mujeres y niñas víctimas de violencia física o sexual en los últimos 12 meses.
• Indicador 10.3.1: Proporción de la población que considera que tiene igualdad de derechos y oportunidades independientemente de su identidad de género.
• Indicador 16.3.1: Proporción de la población que ha experimentado un incidente de seguridad en los últimos 12 meses y que ha informado del incidente a una autoridad competente o ha buscado asistencia de alguna otra manera.

Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: elpais.com