Informe sobre la Contradicción entre la Acción Política y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Materia Ambiental

El presente informe analiza la creciente divergencia entre los marcos jurídicos internacionales de protección ambiental y las acciones políticas a nivel nacional. Se examinan casos recientes en el Reino Unido y Nueva Zelanda que evidencian cómo la priorización de intereses económicos y políticos a corto plazo socava directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular aquellos relacionados con la acción climática, la vida en los ecosistemas y la justicia.

Discrepancia entre el Marco Jurídico Global y la Voluntad Política Nacional

Avances en la Justicia Climática y su Vínculo con los ODS

La jurisprudencia internacional ha avanzado significativamente en el reconocimiento de la protección ambiental como una obligación estatal. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2024, que establece el deber jurídico de los Estados de reducir las emisiones, refuerza varios ODS:

• ODS 13 (Acción por el Clima): Proporciona un fundamento legal para exigir medidas concretas contra el cambio climático.
• ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): Eleva la protección ambiental a un deber ineludible, fortaleciendo el estado de derecho ambiental.
• ODS 3 (Salud y Bienestar): Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio como un componente esencial de la salud humana.

Sin embargo, como señala la ex presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, “el derecho internacional avanza más rápido que la voluntad política”, evidenciando una brecha crítica en la implementación.

La Brecha de Implementación: Un Obstáculo para el ODS 17

La falta de alineación entre la retórica y la acción política representa un fracaso en el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos). Las barreras para una implementación efectiva de políticas ambientales ambiciosas incluyen:

1. Priorización del Crecimiento Económico a Corto Plazo: Gobiernos como el de Tasmania y California han flexibilizado regulaciones ambientales en favor de la “competitividad económica”, ignorando los principios del desarrollo sostenible.
2. Influencia y Desinformación: La narrativa que presenta la protección ambiental como un freno al desarrollo, a menudo financiada por sectores de combustibles fósiles, obstaculiza el avance del ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) en su vertiente sostenible.
3. Cortoplacismo Político: El ciclo electoral de cuatro o cinco años desincentiva la toma de decisiones audaces cuyos beneficios se materializan a largo plazo, un desafío fundamental para el ODS 13.

Casos de Estudio: Sanciones a la Defensa Ambiental Parlamentaria

Reino Unido: El Caso Hinchliff y el Menoscabo del ODS 15

La suspensión del diputado laborista Chris Hinchliff por su intento de proteger los arroyos calcáreos de Hertfordshire es un claro ejemplo de cómo la disciplina partidista puede entrar en conflicto con la protección de la biodiversidad.

• Conflicto con el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres): La acción de Hinchliff buscaba proteger hábitats irremplazables de la contaminación por aguas residuales y desarrollos inmobiliarios, una meta central del ODS 15.
• Contradicción con el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): La retórica oficial, que prioriza la construcción sobre la protección de ecosistemas (“importan más las familias jóvenes que los caracoles”), revela una visión del desarrollo incompatible con la sostenibilidad urbana.
• Fallo Institucional (ODS 16): La sanción, seguida de la posterior adopción de enmiendas similares por parte del gobierno, demuestra una incoherencia institucional que castiga la iniciativa en lugar de fomentar el diálogo constructivo.

Nueva Zelanda: Derechos Indígenas y la Tensión con el ODS 10 y ODS 15

La suspensión de los líderes del Partido Maorí, Debbie Ngarewa-Packer, Rawiri Waititi y Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke, por protestar contra el Treaty Principles Bill, subraya la intersección entre la justicia ambiental y los derechos de los pueblos originarios.

• Ataque al ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): El proyecto de ley buscaba reinterpretar el tratado fundacional del país, diluyendo los derechos ancestrales maoríes sobre la gestión territorial (tino rangatiratanga), lo que agravaría las desigualdades existentes.
• Impacto en el ODS 15: La gestión indígena de los recursos naturales es reconocida como una de las estrategias más efectivas para la conservación de la biodiversidad. Socavar estos derechos pone en riesgo directo las metas del ODS 15.
• Silenciamiento de Voces Disidentes (ODS 16): La sanción por realizar una danza ceremonial (haka) fue calificada por Amnistía Internacional como una “instrumentalización del reglamento parlamentario para silenciar voces disidentes”, afectando la calidad de las instituciones democráticas.

Barreras Sistémicas y Criminalización de la Defensa Ambiental

La Criminalización como Violación del ODS 16

Más allá de las sanciones parlamentarias, la criminalización de defensores ambientales es una práctica extendida que atenta contra las libertades fundamentales. En países como Colombia, Brasil y Bolivia, los activistas enfrentan procesos judiciales y violencia por oponerse a proyectos extractivos. Esta realidad constituye una violación directa del ODS 16, que busca proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para todos.

Conclusión: La Urgencia de Alinear la Política con la Agenda 2030

Los casos analizados demuestran una peligrosa tendencia en la que las estructuras políticas, incluso en democracias consolidadas, penalizan la defensa del medio ambiente. Esta dinámica es incompatible con los compromisos adquiridos en la Agenda 2030. La protección del planeta no es una “estupidez persistente” ni un obstáculo para el progreso, sino el fundamento del desarrollo sostenible y un derecho humano inalienable. Para avanzar, es imperativo:

• Fortalecer las instituciones para proteger a los defensores ambientales y garantizar la coherencia de las políticas públicas (ODS 16).
• Integrar de manera transversal los ODS en la legislación nacional para superar el cortoplacismo y la polarización ideológica.
• Promover alianzas efectivas (ODS 17) entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado para construir un modelo de desarrollo que respete los límites planetarios (ODS 8, 13, 14, 15).

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El artículo aborda varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al centrarse en el conflicto entre la protección ambiental, la justicia social y los intereses políticos y económicos. Los ODS más relevantes son:

• ODS 13: Acción por el Clima: Este es el ODS más evidente, ya que el artículo se centra en la “urgencia climática” y la necesidad de “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. Critica la falta de voluntad política para implementar medidas climáticas efectivas, a pesar de las sentencias judiciales internacionales y la creciente conciencia pública.
• ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: El artículo menciona directamente la protección de ecosistemas específicos. El caso del diputado Chris Hinchliff en el Reino Unido, que fue suspendido por defender “arroyos calcáreos” amenazados, y la aprobación de actividades madereras en Tasmania que arriesgan el “colapso inminente de ecosistemas endémicos”, son ejemplos claros de la conexión con este objetivo, que busca proteger la biodiversidad y los hábitats naturales.
• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Este ODS es fundamental en el análisis del artículo. Se discute la brecha entre el derecho internacional (la sentencia de la CIJ) y la acción política. Se aborda la persecución de defensores ambientales, desde la suspensión de parlamentarios en democracias consolidadas (Reino Unido, Nueva Zelanda) hasta el asesinato de activistas en países como Colombia. La mención de la Directiva de la UE para proteger a los denunciantes de delitos ambientales y la instrumentalización de reglamentos parlamentarios para “silenciar voces disidentes” se enmarcan directamente en la necesidad de instituciones justas y eficaces.
• ODS 10: Reducción de las Desigualdades: El caso de los parlamentarios maoríes en Nueva Zelanda conecta directamente con este ODS. La suspensión se produjo mientras defendían derechos ancestrales sobre la tierra y los recursos naturales, amenazados por un proyecto de ley que buscaba reinterpretar el Tratado de Waitangi. El artículo también señala las desigualdades existentes, como la menor esperanza de vida del pueblo maorí, que se verían agravadas por estas políticas.
• ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento: Se menciona de forma específica en el caso del Reino Unido, donde el diputado Hinchliff luchaba por proteger los arroyos calcáreos de la contaminación por “aguas residuales y desarrollos inmobiliarios”. Esto se alinea con el objetivo de proteger los ecosistemas relacionados con el agua y mejorar su calidad.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Dentro de los ODS identificados, se pueden señalar varias metas específicas cuyo cumplimiento o incumplimiento se discute en el artículo:

1. Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El artículo demuestra el fracaso en alcanzar esta meta al señalar que “muchos gobiernos continúan priorizando intereses económicos a corto plazo, a menudo a costa de la sostenibilidad” y que los políticos perciben las medidas climáticas como impopulares.
2. Meta 15.5: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y […] proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. El intento de Chris Hinchliff de introducir enmiendas para proteger “hábitats irremplazables” y la denuncia sobre el “colapso inminente de ecosistemas endémicos” en Tasmania son ejemplos directos de acciones (o la falta de ellas) relacionadas con esta meta.
3. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. La tensión entre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece la protección ambiental como un “deber estatal ineludible”, y la falta de “voluntad política” para acatarla, ilustra los desafíos para cumplir esta meta.
4. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Esta meta es central en la discusión sobre la persecución de defensores ambientales. El artículo lo evidencia con el asesinato de activistas en Colombia y la sanción a parlamentarios, lo que representa un ataque a la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos y ambientales.
5. Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias. El proyecto de ley en Nueva Zelanda para reinterpretar el Tratado de Waitangi es presentado como una “violación” que “diluye derechos ancestrales vinculados a la gestión territorial y ambiental”, lo que representa una práctica potencialmente discriminatoria contra el pueblo maorí.
6. Meta 6.6: Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. La lucha del diputado Hinchliff para salvar los “arroyos calcáreos de su circunscripción, amenazados por aguas residuales” es una acción directa que busca el cumplimiento de esta meta.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Sí, el artículo menciona datos y situaciones que pueden funcionar como indicadores, tanto directos como implícitos, para medir el progreso:

• Indicador 16.10.1 (Número de casos verificados de asesinato […] de defensores de los derechos humanos): El artículo proporciona un dato cuantitativo y específico que sirve como indicador directo para esta meta. Menciona que, según Testigo Global, “asesinaron al menos 127 ambientalistas entre 2016 y 2023” en Colombia. Este número es una medida directa de la violencia contra los defensores ambientales.
• Indicador implícito para la Meta 13.2 (Voluntad política para la acción climática): Aunque no es un indicador oficial, el artículo cita dos porcentajes que miden la percepción y el apoyo político: “el 68% de los políticos en países de ingresos medios y altos creen que las medidas climáticas fuertes son impopulares” y “solo el 22% de los partidos conservadores y nacionalistas en la UE apoyan políticas climáticas ambiciosas”. Estos datos funcionan como un indicador indirecto del nivel de integración de las políticas climáticas.
• Indicador implícito para la Meta 13.3 (Sensibilización sobre el cambio climático): El dato del Centro de investigación Pew, que indica que “el 74% de los ciudadanos en 24 países consideran el cambio climático una prioridad urgente”, sirve como un indicador del nivel de conciencia y preocupación pública sobre el tema.
• Indicador implícito para la Meta 10.2 (Inclusión y desigualdad): La mención de que el pueblo maorí tiene una “esperanza de vida 7-8 años menor que la de los no maoríes” es un indicador de resultado claro sobre las desigualdades sanitarias y sociales que enfrenta esta población, relevante para medir el progreso hacia la reducción de desigualdades.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: cambio16.com