Análisis del Conflicto Armado Interno en Ecuador y su Vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contexto de la Declaratoria Oficial

Mediante un decreto ejecutivo, el gobierno de Ecuador ha reafirmado la existencia de un conflicto armado interno, atribuyéndolo a la acción de grupos armados organizados. Se ha instruido al Centro Nacional de Inteligencia la actualización periódica del listado que identifica a dichas organizaciones criminales. Esta medida se formalizó inicialmente en enero de 2024, aunque ha enfrentado objeciones por parte de la Corte Constitucional, la cual ha rechazado en múltiples ocasiones que esta situación justifique la implementación de estados de excepción posteriores.

Marco Jurídico y Medidas Implementadas

La Asamblea Nacional aprobó en junio la “Ley de Solidaridad Nacional”, impulsada por el Ejecutivo. Esta normativa establece los criterios para la declaración de un conflicto armado interno y contiene disposiciones que han generado controversia significativa.

• Indulto Presidencial Diferido: Se introduce esta figura para beneficiar a miembros de las fuerzas militares y policiales.
• Prisión Preventiva Obligatoria: Se establece como medida mandatoria para delitos asociados al crimen organizado.
• Incentivos Fiscales: Se permite que personas naturales y empresas obtengan beneficios tributarios, como una rebaja de hasta el 30% en el impuesto a la renta, por donaciones destinadas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La Corte Constitucional ha admitido a trámite una veintena de demandas de inconstitucionalidad contra esta y otras normativas calificadas por el gobierno como económico-urgentes.

Implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

La situación en Ecuador representa un desafío directo para la consecución del ODS 16. La declaración de un conflicto armado interno y la respuesta estatal a través de nuevas leyes impactan fundamentalmente las metas de este objetivo.

1. Reducción de la Violencia: Las acciones gubernamentales buscan reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas, enfrentando directamente a los grupos armados organizados.
2. Acceso a la Justicia: La implementación de la prisión preventiva obligatoria y los indultos presidenciales son medidas que alteran el sistema de justicia y generan debate sobre su conformidad con el debido proceso y el acceso equitativo a la justicia para todos.
3. Instituciones Eficaces y Responsables: La tensión entre el poder Ejecutivo y la Corte Constitucional evidencia las dificultades para mantener instituciones eficaces, responsables y transparentes. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad a través de donaciones privadas también plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la gobernanza institucional.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

La violencia generada por el crimen organizado amenaza directamente la seguridad y la sostenibilidad de los asentamientos humanos, un pilar del ODS 11. La inseguridad en las ciudades y comunidades impide el desarrollo social y económico, afectando la calidad de vida y el acceso a servicios básicos, y socavando los esfuerzos por crear espacios urbanos inclusivos y seguros.

ODS 8 y 17: Trabajo Decente, Crecimiento Económico y Alianzas

Las medidas económicas adoptadas, como los beneficios tributarios, se relacionan con los ODS 8 y 17. La ley fomenta una alianza entre el sector público y el privado (ODS 17) para financiar la seguridad nacional. El objetivo subyacente es restablecer un entorno seguro que se considera esencial para el crecimiento económico sostenido (ODS 8). Sin embargo, la dependencia de donaciones privadas para financiar funciones estatales esenciales y el impacto de estas políticas fiscales en la equidad y la inversión en otros sectores del desarrollo sostenible son puntos críticos de análisis.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra íntegramente en temas relacionados con la paz, la seguridad y la justicia dentro de Ecuador. La declaración de un “conflicto armado interno” por parte del presidente Noboa, la lucha contra “grupos armados organizados y bandas criminales”, y la implementación de nuevas leyes como la “Ley de Solidaridad Nacional” son acciones que buscan restaurar la paz y fortalecer la justicia. Además, se destaca el papel de instituciones clave como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que conecta directamente con el objetivo de construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

   Esta meta es central en el artículo. La decisión del gobierno de declarar un “conflicto armado interno” es una respuesta directa a la violencia perpetrada por “grupos armados organizados”. El objetivo de estas medidas gubernamentales es desmantelar dichas bandas y, en consecuencia, reducir la violencia y las muertes asociadas a sus actividades criminales, abordando directamente el núcleo de la Meta 16.1.

2. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

   El artículo detalla la creación y controversia en torno a la “Ley de Solidaridad Nacional”. Disposiciones como la “prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado” y el “indulto presidencial diferido para militares y policías” son modificaciones al sistema de justicia y al estado de derecho. La mención de que la “Corte Constitucional ha recibido una veintena de demandas contra esa disposición” subraya el debate sobre cómo estas medidas afectan el acceso a la justicia y el debido proceso, temas fundamentales de la Meta 16.3.

3. Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

   Esta meta se refleja en la parte de la ley que “permite a personas naturales y empresas acceder a beneficios tributarios por donaciones destinadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas”. Esta medida busca explícitamente fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad del Estado para que puedan combatir eficazmente a las bandas criminales y prevenir la violencia, lo cual es el propósito principal de la Meta 16.a.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad.

  Aunque el artículo no proporciona cifras específicas, la declaración de un “conflicto armado interno” ocasionado por “grupos armados organizados” implica que existe un alto nivel de violencia letal en el país. El éxito de las políticas descritas se mediría, implícitamente, por una reducción en las tasas de violencia y homicidios, que es lo que este indicador mide.

• Indicador 16.3.2: Proporción de detenidos sin sentencia respecto de la población carcelaria total.

  La implementación de la “prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado” es una medida que afectará directamente a este indicador. La ley, tal como se describe, probablemente aumentará la proporción de la población carcelaria que se encuentra en detención preventiva (sin sentencia), lo que convierte a este indicador en una herramienta clave para medir el impacto de esta política en el sistema judicial.

• Indicador 16.a.1: Existencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes que cumplen los Principios de París.

  El artículo destaca el rol de la “Corte Constitucional”, que “en varias ocasiones, ha rechazado esa situación como una justificación para posteriores declaratorias de estado de excepción” y ha recibido “una veintena de demandas” contra la nueva ley. Esto evidencia la función de la Corte como una institución independiente que supervisa las acciones del Ejecutivo y Legislativo para garantizar el cumplimiento de la constitución y los derechos fundamentales. Su actuación, como se describe, es un ejemplo práctico de la existencia y funcionamiento de una institución de control, relevante para este indicador.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: prensa-latina.cu